María Cristina Solís Cetina
Expediente 482/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Cristina Solís Cetina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio 7285/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra del proveído de fecha veintiocho de junio del presente año, en el juicio de amparo 482/2019-IV-B, de donde deriva este expedientillo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta signado por Pedro Eduardo Herrera González, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone el recurso de revisión en contra del proveído de fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, remítase copia del mismo a la autoridad responsable, córrase traslado a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, con entrega de una copia de dicho escrito. Una vez hecho lo anterior, envíese el original del escrito de expresión de agravios junto con este expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se acuerda: agréguese a los autos el escrito del autorizado en amplios términos de la parte quejosa, y en atención a su contenido, con apoyo en el ordinal 3º de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, y entréguesele por el conducto que indica, previo recibo que se otorgue en autos. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1090/2019, signado por la Profesional Ejecutivo y Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con el que en alcance al diverso RAN/YUC/SR/DJ/1063/2019, remite copia certificada de la consulta avanzada de inscripciones del Sistema Integral de Modernización Registral y Catastral (SIMCR), de la solicitud número 31120006279, correspondiente al trámite de acuerdo de asamblea para la reserva de crecimiento, por medio de la cual se generó a favor de María Cristina Solís Cetina,el título 1000291; lo anterior sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de veintiocho de junio del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se acuerda: agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1063/2019, signado por la Profesional Ejecutivo y Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, recibido con un anexo, con el que en alcance al diverso RAN/YUC/SR/TCD/282/2019, remite copia certificada del título de propiedad 1000291, expedido a favor de María Cristina Solís Cetina. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°. Ahora bien, de la constancia que remitió la autoridad responsable con su oficio de cuenta, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del precepto 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la negativa de expedir el título de solar urbano identificado como lote tres, manzana ochenta y tres, ejido Progreso, Municipio de Progreso del Estado de Yucatán, conocido como colonia Ejidal Paraíso del Municipio de Progreso, Yucatán, solicitud que quedó registrada con el número de folio 606278; la cual, según oficio RAN/YUC/SR/DJ/842/2019 (foja 16), generó el título de propiedad número 1000291. Sin embargo, de la constancia que anexó a su oficio de cuenta, se advierte que el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional expidió el título de propiedad 1000291 a favor de María Cristina Solís Cetina. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues éste se hizo consistir, precisamente, en la omisión de expedir el título de propiedad del inmueble citado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia en comento. Ante ello, al haberse emitido el título de propiedad referido en favor de la aquí parte amparista, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley; lo que aconteció durante la substanciación del presente juicio de amparo Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del arábigo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de julio de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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