Maria Cristina Silva Castillo
Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maria Cristina Silva Castillo
Actuaciones
- Principal
(CITATORIO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo remitido por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el escrito y anexos signado por la parte quejosa María del Rosario Trujillo Hernández; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en cuanto a su contenido se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". El citado artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "La omisión de dictar sentencia dentro de los autos del juicio ordinario civil 996/2018, promovido por Filemón Santos Domínguez, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, de esta ciudad." Desde esa perspectiva, se estima actualizada la causal de improcedencia que estable el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5° de la ley de la materia, porque la promovente carece del carácter de parte agraviada en esta instancia; por lo cual, sin duda, adolece de legitimación para ejercer la acción de amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)" De acuerdo con la normas trascrita, no existe duda que el juicio de amparo indirecto, se haya cimentado en diversos principios que, desde su génesis, siempre lo han distinguido, desde luego, en consideración a la naturaleza extraordinaria que lo caracteriza, que consiste en un juicio o procedimiento de jerarquía constitucional pendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus derechos fundamentales, y no en un recurso con el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, es decir, una instancia o procedimiento utilizado por las partes a fin de impugnar algún acto o resolución y, así, obtener su revocación, reforma, modificación y, en su caso, nulidad. Uno de esos principios, sin duda, es que no estuviere presente en el lugar del juicio, ni tuviere persona que legítimamente lo represente, será representado por el Ministerio Público, cuando a juicio del Tribunal, fuere urgente la diligencia de que se trata o perjudicial la dilación. Si el Ministerio Público debiere ejercer conforme a la Ley otra representación en el mismo juicio, se nombrará al ausente un representante interino. En torno a las características del agravio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la parte quejosa no tiene personalidad, en su caso quien puede estar legitimado para representar los bienes de la sucesión es el Ministerio Público (representante especial) y por medio del citado podrá solicitar que se turne para resolver. Luego, cuando el acto de una autoridad no está encaminado directamente a afectar al particular en su esfera jurídica, no puede refutarse como integrante, propiamente, de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5° de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto afecte a la parte quejosa. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la jurisprudencia 25, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 17, registro digital 393981, que dice lo siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo". Así también, apoya lo expuesto, la tesis aislada, sin número, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 71, Primera Parte, página 15, registro digital 232963, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo". Por tanto, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado un agravio directo y actual en su esfera jurídica sin duda carece del carácter de parte agraviada y, así, adolece de legitimación para ejercer la acción de amparo, con lo cual, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5° de la ley de la materia. Se afirma lo anterior, toda vez que con el acta de matrimonio que exhibió la promovente, no acredita la representación de la sucesión a bienes del finado Filemón Santos Domínguez, quien instó el juicio ordinario civil de donde deriva el acto que reclama, a saber, la dilación u omisión en el dictado de la sentencia, tal como lo indica el artículo 32 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que dispone: "Artículo 32. El que no estuviere presente en el lugar del juicio, ni tuviere persona que legítimamente lo represente, será representado por el Ministerio Público, cuando a juicio del Tribunal, fuere urgente la diligencia de que se trata o perjudicial la dilación. Si el Ministerio Público debiere ejercer conforme a la Ley otra representación en el mismo juicio, se nombrará al ausente un representante interino." Así las cosas, de la lectura de la demanda, se aprecia la manifestación realizada por la promovente "bajo protesta de decir verdad" referente a que no se ha denunciado la sucesión a bienes de su fallecido esposo, y que en el juicio de origen el juez que señala como responsable ya le dio intervención a la representación social a fin de que defienda los intereses de la parte actora, quien falleció como lo acreditó la demandada con el acta de defunción que para tal efecto exhibió. En ese sentido, es inconcuso que si la promovente de este juicio de amparo, no tiene el carácter de albacea de la sucesión a bienes del actor en el juicio de donde emanan los actos que reclama, y tampoco es la representante social adscrita al juzgado responsable, no acredita la representación legal de Filemón Santos Domínguez y por ende, no está legitimada para representar los intereses de la sucesión. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la quejosa refiere que se casó bajo el régimen de sociedad conyugal y que por ende, tiene derechos sobre la mitad de los bienes que integran la mortual a bienes de su extinto esposo, toda vez que lo que aquí impugna es claramente la omisión del juez de dictar sentencia y no algún acto de autoridad que ordene desposeerla de su porcentaje de los bienes que integran la referida sociedad conyugal, pudiendo comparecer a defender los derechos del fallecido actor por conducto de la representación social adscrita al juzgado responsable quien es quien por el momento representa a dicha parte actora, conforme a lo establecido en el numeral 32 del código adjetivo de la Entidad. En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIII, en términos del diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por ser notoria e indudable su improcedencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación por lista a las quejosas.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. RADICACIÓNVisto el oficio 2525/2022 derivado del juicio de amparo 76/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, donde se ordenó la separación material del juicio, por lo que, vista la copia certificada de la demanda de amparo promovida por María del Rosario Trujillo Hernández y María Cristina Silva Trujillo, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 83/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se toma nota que en el presente asunto, tal como se ordenó en el auto dictado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 76/2022 del índice de este juzgado federal, sólo se proveerá lo que en derecho corresponda respecto del acto reclamado que se hizo consistir en: [...] 2. La omisión de dictar sentencia dentro de los autos del juicio ordinario civil 996/2018, promovido por Filemón Santos Domínguez, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, de esta ciudad. [...] PREVENCIÓN DE LA DEMANDA En ese sentido, en primer lugar, resulta conveniente citar lo establecido en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º. de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De dichos numerales se aprecia que el Juez de Distrito que conozca de una demanda, cuando advierta que existe una irregularidad en la misma, por haberse omitido alguno de los requisitos que establece el numeral 108, deberá prevenir al promovente para el efecto de que subsane las omisiones o haga las aclaraciones correspondientes, en el entendido de que también puede prevenirse cuando se trate de demandas oscuras y/o confusas en algunos de sus requisitos. Con el propósito de proveer eficazmente el presente asunto, es necesario prevenir a las impetrantes del amparo por irregularidades en el ocurso de su demanda que a continuación se precisan. Ahora bien, en el caso, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte, que las peticionarias de amparo reclaman, la omisión del Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, de dictar sentencia en los autos del juicio ordinario civil 996/2018, mismo que, dicen, fue promovido por Filemón Santos Domínguez; sin embargo de la relatoría de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que refieren, bajo protesta de decir verdad, que el citado Santos Domínguez ya falleció, así como que una de ellas esposa de aquél, por lo que -afirman- tienen interés en que se resuelva dicho expediente. Ahora, el dispositivo 10 de la Ley de materia, indica que quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado debe acreditar la personalidad con que se ostenta en los términos previstos en la ley. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, a efecto de estar en posibilidad de fijar correctamente la litis constitucional, requiérase a las promoventes, para que dentro del término de CINCO DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la legal notificación de este proveído realicen lo siguiente: Aclaren por escrito y bajo protesta de decir verdad, si la demanda de amparo la promueven estrictamente por propio derecho o en representación de Filemón Santos Domínguez. Precisen si a alguna de las promoventes le reviste el carácter de albacea de la sucesión a bienes de Filemón Santos Domínguez. En el entendido que para el caso de que comparezcan a este juicio representando los intereses de Filemón Santos Domínguez y/o cuenten con el nombramiento de albacea de la sucesión a bienes del referido finado, deberán acreditar ante este órgano jurisdiccional, con documento fehaciente y expedido con anterioridad a la presentación de la demanda, en original o copia certificada, la representación con la que promuevan el presente juicio y la calidad de albacea, que en su caso tengan; esto es así, toda vez que las ocursantes promueven juicio de amparo sin exhibir documento alguno con el cual acrediten personalidad respecto el finado en mención, además de que el acto reclamado no emana de un procedimiento del orden penal, razón por la cual no se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley de Amparo. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia cuyo contenido es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 200084 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Julio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 43/96 Página: 48 PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis cuyo rubro es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 203044 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Marzo de 1996 Materia(s): Común Tesis: I.8o.C.12 K Página: 997 PRUEBAS EN EL AMPARO. EL PROMOVENTE ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE JUSTIFIQUEN LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA EN EL JUICIO. El artículo 78 de la Ley de Amparo impone la obligación a las autoridades que conozcan del juicio de amparo de recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, tal numeral sólo se refiere a aquellas pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero no a las que el promovente está obligado a presentar para demostrar la personalidad con que se ostente, porque la citada disposición no es enunciativa sino limitativa." APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término y en las condiciones apuntadas, se les tendrá promoviendo la demanda de amparo únicamente por propio derecho a María del Rosario Trujillo Hernández y María Cristina Silva Trujillo. COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO En el entendido de que deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio de demanda y del documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta (en caso de comparecer a nombre de Filemón Santos Domínguez), con la finalidad de entregarlas a cada una de las partes en el presente juicio de amparo, las que deberán de distribuirse de la manera siguiente: una para la autoridad responsable, una para correr traslado a la parte tercero interesada, una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito y finalmente dos más para la formación del incidente de suspensión solicitado. Para sustentar lo anterior, cobran aplicación las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 177046 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 106/2005 Página: 170 COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." "Época: Novena Época Registro: 189977 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 36/2001 Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." "Época: Décima Época Registro: 2012992 Instancia: Segunda Sala Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro: 36, Noviembre de 2016, Tomo: II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 124/2016 (10a.) Página: 1449 PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa Se apercibe a las impetrantes del amparo, que de no exhibir la totalidad de las copias solicitadas del escrito aclaratorio, es decir, para el caso de faltarles una, no se tramitará el incidente de suspensión, de conformidad con el último párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por las promoventes en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Guadalupe González González y Feliciano Mendiola Mar, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Se tiene por señalado el correo electrónico por la impetrante, y agréguese como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009, 1/2013 y 1/2015, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia.
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