María Cristina Sánchez Rosas
Expediente 664/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Cristina Sánchez Rosas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso a), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo, se provee: Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; En el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los diversos 1, fracción I; y 5, fracción II, todos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquellas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Así, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Del criterio a que se ha hecho alusión, se advierte las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. II. Que la relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano; por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y; en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, conviene acotar, que la O.P.D Salud de Tlaxcala, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, al tener la función de un ente asegurador en sustitución del patrón y de autoridad fiscal autónoma, cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, hace patente que dichos actos fueron emitidos por las autoridades que señala como responsables, en específico por el Director General, Director Administrativo, Director del Hospital Comunitario de ******** y la Jefa de Recursos Humanos del Hospital Comunitario de **********, todos adscritos a la Secretaría de Salud O.P.D. del Estado, no como autoridades, sino en su carácter de patrones de la quejosa; esto es, que dichos acto derivan de una relación puramente contractual efectuada entre una persona oficial y un particular, de lo que se colige que el actuar que reclama, no pueda considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues al emitirlo las autoridades lo hacen con el carácter de patrón. En ese contexto, la impetrante de amparo trata de combatir actos sufridos durante el desempeño de sus funciones como ****** del Hospital Comunitario de ****** a través del juicio de derechos fundamentales, cuestión de la cual no puede conocer el suscrito juzgador federal, pues para decidir sobre la legalidad o ilegalidad de los actos de hostigamiento que sufre en su centro de trabajo, así como el cambio de adscripción; en todo caso, el estudio de tal cuestión corresponde a los tribunales ordinarios, al no tratarse de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, los actos reclamados a las autoridades que se señalan como responsables, se da en un plano de igualdad entre estas y la ahora promovente, derivada de una relación puramente laboral, y no como una relación de autoridad y gobernado. Todo lo anterior permite concluir que la relación entre el la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud Tlaxcala y la quejosa es puramente laboral y el conflicto debe ventilarse en la vía laboral y no ante esta instancia constitucional. Por tales razones, debe concluirse que cuando el acto que se reclame emana de una cuestión de carácter laboral -lo que en el caso acontece-, resulta claro que tal hecho es atribuible a las autoridades que señala como responsables, únicamente en su calidad de "patrón", es decir, participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de la misma y; por ende, se trata de un problema entre el trabajador y el "patrón", el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza, por lo que el amparo interpuesto resulta improcedente. Todo lo anterior permite concluir que la relación entre las autoridades señaladas como responsables y la quejosa María Cristina Sánchez Rosas, es puramente laboral y el conflicto debe ventilarse ante la autoridad laboral correspondiente y no ante esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1, fracción II, 5, fracción II, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. No es óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa aduzca que, los actos que se reclaman tienen la característica de tortura, tratos crueles, inhumanos, que atentan contra su dignidad humana entre otros, pues únicamente con ello trata de hacer procedente la vía constitucional, cuando como se explicó, este tipo de conflictos deben ventilarse en la vía laboral. En efecto, los actos prohibidos a que hace alusión los numerales 22 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Denigrantes, son diversos a los que indica padece con motivo de la relación laboral. En efecto, el segundo de los ordenamientos mencionados define el delito de tortura, como aquel que tiene por objeto obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, medio de coacción, medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin, cause dolor físico o sufrimiento psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien pueda legalmente otorgarlo, supuestos que no se actualizan en el particular. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista que índica, toda vez que cuenta con el registro de su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, para el único efecto de oír y recibir notificaciones a la restante persona que refiere por así solicitarlo expresamente. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico que precisa para efectos no procesales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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