María Cristina Salomón Ferrer

Expediente 487/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
487/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2023

Partes del expediente

  • María Cristina Salomón Ferrer

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que adjunta copia con evidencia criptográfica de la resolución emitida en el amparo en revisión 566/2022, acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el citado tribunal, resolvió: "[.] R E S U E L V E: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Cristina Salomón Ferrer, respecto del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Cristina Salomón Ferrer, en contra delartículo Segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, en atención a las razones y fundamentos expuestos en el considerando décimo de la presente resolución y para los efectos que se precisan en la considerativa décimo cuarto. CUARTO. Se declara INFUNDADA la revisiónadhesiva. [.]" De lo que se toma conocimiento, realícense las anotaciones en el libro electrónico. Glósense las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la tramitación del medio de impugnación resuelto. Ahora, del análisis de la ejecutoria de amparo emitida por el tribunal colegiado, se desprende que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] DÉCIMO CUARTO. Efectos del amparo. Dado que han resultado fundados algunos de los agravios que hace valer la parte recurrente en el amparo principal, y no prosperaron los que se hacen valer por la autoridad recurrente, en la revisión adhesiva, procede CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que para el cálculo y entero del impuesto predial en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y hasta en tanto no sea reformado el precepto declarado inconstitucional, a la parte quejosa aplique la cuota con subsidio prevista en el inciso a), del artículo Segundo del Acuerdo de Carácter General reclamado, para el rango D, esto es, de *********sobre el monto del impuesto predial que resulte a su cargo, por ser este el último beneficio de aplicación de cuotas subsidiadas previstas en el Acuerdo impugnado, más cercano a aquél en que tributa la quejosa, esto es, en el rango N de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México. Es decir, en razón de lo expuesto en esta ejecutoria, el efecto del amparo concedido debe ser para lo siguiente: 1) No se aplique al peticionario del amparo el Acuerdo de Carácter General declarado inconstitucional, hasta en tanto no sea reformado o derogado. 2) En virtud de que el quejoso realizó el pago anual del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con respecto de los inmuebles con clave catastral ********************, en mérito de lo expuesto: Se le aplique el porcentaje de subsidio establecido en el rango "D" del inciso a) del artículo segundo del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, conforme al lugar en el que se ubiquen los inmuebles y de acuerdo con su correspondiente valor catastral y, en caso de existir diferencias entre los montos enterados por la parte quejosa y el que resulte de aplicar la mecánica anteriormente referida, le sea devuelta. Cantidad que deberá estar debidamente actualizada hasta el momento en que se realice la devolución, en términos del artículo 51 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y de conformidad con la jurisprudencia 2ª./J. 13/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en su encabezado: (se trascribe). Debe destacarse, que conforme a los artículos Quinto, Décimo y Décimo Primero Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y ll del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles32, la resolución del presente recurso, atiende a las disposiciones vigentes al momento en que se inició el juicio de amparo. Finalmente, algunas de las tesis aisladas y jurisprudencias transcritas en la presente resolución resultan aplicables al caso, con independencia de que se hayan emitido o integrado conforme a la abrogada Ley de Amparo, puesto que no se oponen a lo establecido en la legislación vigente, según lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), intitulada "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 10. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA", publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, página 705, registro 2010982" [.]" En ese sentido se precisa que en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, corresponderá a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, que por razón de sus atribuciones estén relacionadas con la cuantificación y recaudación del impuesto predial, dar cumplimiento a la ejecutoria, al margen que no hubieran tenido el carácter de responsables en el juicio de amparo. Requerimiento de cumplimiento Atento a lo ordenado por el tribunal colegiado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, así como a la mencionada secretaría en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector que fueron precisados con antelación. Asimismo, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios para que dentro de ese plazo y bajo el mismo apercibimiento, informe qué Administración Tributaria, será la encargada de realizar la devolución de la cantidad que resulte con motivo de la concesión del amparo respecto las cuentas prediales ********************. Ahora, a efecto que las autoridades requeridas se impongan del contenido del fallo constitucional, remítaseles copia de la sentencia y de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión en cita. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de este juzgado no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. La autoridad responsable y la vinculada al cumplimiento así como su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto que en términos del Acuerdo General 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, este órgano federal mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Ahora bien, como se ordenó en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal realícese el cambio de caratula al incidente de suspensión. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se desprende que el Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional hizo constar que en el incidente de suspensión en que se actúa, sí se celebró la audiencia incidental correspondiente y que no obran recursos pendientes de acordar, tramitar y/o enviar al Tribunal Colegiado de Circuito, cuestión que se certificó en cumplimiento a lo dispuesto en las responsabilidades y funciones descritas en los puntos II.2, numerales 4 y 14, del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2018. Lo anterior se acuerda para los efectos conducentes. Notifíquese; en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios de cuenta remitidos vía juicio en línea por las autoridades responsables Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por los cuales rinden sus informes justificados; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos dichos informes; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan y como domicilios para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito presentado por la parte quejosa, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento decretado en autos informó que el veintiocho de julio pasado, acudió a la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Pediatría, para recibir un cheque registrado con folio ******** de nueve de julio de la anualidad en curso, por la cantidad de **********y al efecto manifestó estar conforme con la cantidad recibida por parte de la responsable. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que la parte quejosa manifestó estar conforme con el cumplimiento efectuado por el Director General y el Subdirector de Administración y Desarrollo de Personal ambos dependientes del Instituto Nacional de Pediatría, autoridades responsables en el presente asunto, respecto de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en su resolución dictada en el amparo en revisión 31/2020, en la parte que interesa determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se desechan los recursos de revisión interpuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Nacional de Pediatría, de conformidad con el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *********, contra el acto de aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por los motivos y para los efectos precisados en la sentencia revisada." Y por otra parte, del análisis del noveno considerando de la sentencia dictada en el presente juicio se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos:NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Instituto Nacional de Pediatría y el Subdirector de Administración y Desarrollo de Personal del referido Instituto realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, específicamente del concepto denominado "Premio de antigüedad" sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. Asimismo, deberá dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. Son aplicables las jurisprudencias 2a./J. 45/2017 (10a.) y P./J. 112/99, de rubros:"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA."AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. En cumplimiento a lo anterior, por proveídos de catorce y veintinueve de julio, ambos de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los oficios signados por Subdirector de Administración y Desarrollo de Personal ambos dependientes del Instituto Nacional de Pediatría, por el que expidieron el cheque registrado con folio 0014841 de nueve julio de la anualidad en curso, por la cantidad de $4,481.29 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, con veintinueve centavos, moneda nacional), a favor del quejoso, a través del cual demuestran haberle reembolsado las cantidades retenidas enteradas al fisco federal. De igual forma, informó el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria dictada en autos remitiendo el oficio DA/EMM/0660/2021 de nueve de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Administración del Instituto Nacional de Pediatría, a través del cual demuestran que han dejado insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Ahora bien, de la concesión de amparo se advierte que se instruyó a la autoridad responsable dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y devolviera las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según fuese el caso. Al respecto, por acuerdos de catorce y veintinueve de julio, ambos de la presente anualidad, se le dio vista a la parte quejosa con las manifestaciones y los documentos remitidos por las autoridades responsables de referencia; mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa manifestando su conformidad con lo informado por la autoridad responsable en relación con la sentencia de amparo; siendo así, que del estudio de las constancias que se encuentran anexadas a los autos, este juzgador considera que se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defecto, en razón de que la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Realizó la devolución de las cantidades retenidas con motivo del impuesto sobre la renta, a favor del quejoso y, 2. Remitió copia certificada del oficio DA/EMM/0660/2021, por el que el Director de Administración del Instituto Nacional de Pediatría, dejo de aplicar al quejoso el artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esto es, las responsables acataron los lineamientos del fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la concesión de amparo sin exceso o defecto alguno, hágase del conocimiento de las partes la presente actuación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa esta determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura.

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