Maria Cristina Rodriguez Fragoso
Expediente 1332/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1332/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria Cristina Rodriguez Fragoso
- Quinta Sala Familiar de la Ciudad de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Glósese la razón de imposibilidad para notificar personalmente a la parte tercera interesada de la sentencia de veintiséis de mayo de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DE VEINTISEIS DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1332/2022, promovido por..., contra actos de la Quinta Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo, todos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. La quejosa demando´ el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las citadas autoridades, que considero´ violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, este Juzgado admitió´ la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados, ordeno´ emplazar a la parte tercera interesada; y, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que las autoridades responsables rindieron sus informes justificados, respectivamente, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. El suscrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. La quejosa reclama la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el toca ... por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de veintiocho de junio del año pasado que declaró improcedente el incidente de devolución de pensión alimenticia. En su lugar la Ad quem condenó a la quejosa a la devolución de las cantidades por concepto de pensión alimenticia a nombre del niño de iniciales ... desde el seis de octubre de dos mil diecinueve hasta el treinta de mayo de dos mil veintiuno; cantidad que será cuantificada en ejecución de sentencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, aceptaron la existencia del acto reclamado; certeza que se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente precisar los antecedentes del acto reclamado: I. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en la controversia del orden familiar ... el juez responsable ordenó a ..., el pago de una pensión alimenticia provisional y en su oportunidad definitiva a favor de sus menores hijos de iniciales ...y ..., a razón del 30% (treinta por ciento) de su sueldo, misma que debía ser entregada a..., en la forma y pago de costumbre. II. El diecisiete de enero de dos mil veinte, ... solicitó la cancelación de la pensión alimenticia decretada a favor de los menores ...y ..., por el 30% (treinta por ciento) de su sueldo. III. Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno el Juez responsable ordenó cancelar la parte alícuota de la pensión decretada a favor de ...-equivalente al 15% (quince por ciento)-, en virtud de que el veinte de noviembre de dos mil diecinueve en el juicio de divorcio ...el Juez Décimo Cuarto Familiar de esta Ciudad, estableció su guardia y custodia a favor de ..., con motivo de que, a través del ocurso ahí acordado,... señaló que a partir de octubre de ese año tal infante vive con su progenitor. IV. El catorce de julio de dos mil veintiuno, ..., por propio derecho, promovió el incidente de devolución de pensión alimenticia provisional, contra..., donde reclamó el reintegro del 15% (quince por ciento) de la pensión alimenticia otorgada a favor de ...y ... durante el periodo del seis de octubre de dos mil diecinueve al treinta de junio de dos mil veintiuno; así como el pago de intereses, gastos y costas. V. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió a trámite el incidente y ordenó el emplazamiento de.... VI. Emplazada, la demandada dio contestación al incidente, por lo que el uno de octubre del referido año se fijó fecha para la audiencia de ley. VII. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós el actor incidentista se desistió de las prestaciones relacionadas a ... lo cual se proveyó el veintitrés de junio del mismo año, donde además se turnaron los autos para dictar la resolución correspondiente. VlII. El veintiocho de junio de dos mil veintidós se emitió sentencia en el incidente que concluyó de la siguiente forma: "Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. Ha procedido la vía incidental, en donde el actor no probó su acción y la demandada justificó su contestación. SEGUNDO. Se declara improcedente el presente incidente y se absuelve a la demandada ...las prestaciones reclamadas en esta vía; por las razones y consideraciones expuestas en el considerando tercero de este fallo. TERCERO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, guárdese en el legajo de sentencias de este Juzgado, duplicado del presente fallo con firma autógrafa. - CUARTO. No estando el caso comprendido dentro de alguno de los supuestos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas. QUINTO.NOTIFÍQUESE.(.)" IX. Inconforme, el quejoso promovió recurso de apelación contra tal determinación, del cual conoció la Sala responsable, quien mediante sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, resolvió lo siguiente: "Atento a lo anterior, se modifica la Sentencia interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintidós, para quedar en sus puntos resolutivos como sigue: "PRIMERO. Ha procedido la vía incidental, en donde el actor probó parcialmente su acción y la demandada justificó parcialmente sus defensas. SEGUNDO Se condena a la demandada incidentista ...a la devolución de las cantidades que por concepto de alimentos provisionales cobró a nombre su hijo ... desde el seis de octubre de dos mil diecinueve hasta el treinta de mayo de dos mil veintiuno; dejándose su cuantificación en ejecución de sentencia, conforme a lo previsto en los artículos 500, 501 y 515 del Código de Procedimientos Civiles aplicable para esta Ciudad. TERCERO. Se absuelve a la demandada incidentista ...de la prestación reclamada en el inciso C). CUARTO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, guárdese en el legajo de sentencias de este Juzgado, duplicado del presente fallo con firma autógrafa. QUINTO. No estando el caso comprendido dentro de alguno de los supuestos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas. SEXTO. NOTIFÍQUESE." III.- No encontrándose el presente asunto en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas por la tramitación de esta instancia. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Son parcialmente fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el C. ...; en consecuencia, SEGUNDO. Se modifica la Sentencia Interlocutoria de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, para quedar en los términos precisados en la parte final del Considerando II de esta resolución. TERCERO. No se hace especial condena en costas por la tramitación de esta instancia." Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de fondo. Toda vez que las partes en este asunto no invocaron alguna causal de improcedencia y el suscrito no advierte oficiosamente la actualización de alguna, procede estudiar el fondo de los planteamientos que se traen al juicio constitucional. En esencia, la quejosa aduce en sus conceptos de violación que se vulneran sus derechos constitucionales, porque: No se fundó ni motivo la sentencia que se combate, dado que no se establecieron las razones por los cuales se debía modificar la interlocutoria de primera instancia, así como por omitir aplicar criterios de equidad y resolver con fundamentos que no aplican al establecer ".resulta un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles que dicho porcentaje por equidad, debe ser dividido en partes iguales entre ambos hijos.", sin que tal precepto disponga esa distribución. La Sala responsable argumentó que la quejosa debió tomar la iniciativa y dejar de recibir la pensión alimenticia, sin embargo, ignoró que ésta se fijó de manera provisional y que la única forma de cambiar esa situación jurídica era a través una orden judicial que cancelara esos alimentos. Sin fundamentos y de manera contradictoria se omitió aplicar la jurisprudencia obligatoria de rubro "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS", realizando además una interpretación errónea de ésta. De ratificarse la resolución combatida se causaría un daño de imposible reparación que mermarían sus ingresos y en consecuencia la posibilidad de cubrir las necesidades de sus hijos oportunamente La resolución impugnada se dictó sin considerar lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues con base en presunciones y situaciones de hecho más no de derecho, se estableció que no tenía por qué esperar una resolución judicial que cancelara la porción de pensión alimenticia para dejar de recibir ese concepto, sino que, se debía actuar contra una determinación judicial donde se fijó ese porcentaje. El valor de los alimentos que estableció el Juez solo pudo ser modificado a través de otra resolución emitida por el mismo, por tanto, no existe mandato que se haya violado. Decisión: Son infundados los conceptos de violación, en atención a lo que a continuación se expondrá. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, conviene acudir a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya observancia es obligatoria no sólo para la Sala y Juez responsable, sino también para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, con el sumario siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial". En correlación con la ejecutoria que le dio origen al criterio que precede, el Máximo Tribunal del país, estableció en lo conducente que: El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, dado que los alimentos son de interés general y de orden público. La afectación del patrimonio del deudor alimentario está plenamente justificada al tener los alimentos relevancia dentro del derecho familiar. El acreedor alimentario no debe reintegrar al deudor los pagos recibidos, en virtud de la pensión decretada por el Juez de manera provisional, pues las características de los alimentos -consistentes en que son de interés social, orden público y que no pueden ser sujetos de transferencia o transacción-, no son exclusivas de los definitivos, sino que la pensión provisional participa de dichas características, así sea revocada en la sentencia definitiva, pues el fin es proteger los derechos del acreedor que pudieran estar relacionados con los alimentos, la cual podrá ser disminuida o revocada en la sentencia definitiva. No obstante el carácter provisional de dicha medida, los alimentos entregados por ese concepto están destinados al mismo fin que los definitivos, esto es, el solventar las necesidades del acreedor, por ende, no son susceptibles de ser reintegrados al deudor, porque han sido destinados a satisfacer las necesidades alimenticias del acreedor, por lo que se han devengado en ese concepto, de manera irreparable. La petición de la devolución de los alimentos provisionales cuando se revoca o disminuye la pensión decretada de manera cautelar, sería hacer depender una situación que es de orden público e interés social de un evento posterior, como es la sentencia de carácter definitivo, lo que sería tanto como sujetarlos a un convenio o transacción. Así, la resolución por la que se determina una pensión alimenticia provisional no puede retrotraerse, ya que las cantidades que haya pagado por ese concepto se destinarán a cubrir las necesidades alimentarias de los acreedores, lo que significa que serán consumidas y que no le podrán ser reintegradas, aun y cuando el acreedor no haya probado en el juicio la necesidad alimentaria. Los alimentos no deben devolverse a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo, máxime cuando dicha acción requiere para su configuración que el enriquecimiento se haya originado sin ninguna causa legal que lo origine, siendo que en el caso en estudio la determinación de la medida cautelar se fija por mandato de ley mediante resolución judicial; así, para que se configure un enriquecimiento ilegítimo es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. En consecuencia, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial. De lo antes relatado, se observa que ya quedó determinado que los alimentos son de orden público e interés social, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimentario, aun y cuando en juicio, el acreedor alimentario no haya probado la necesidad de recibirlos, pues lo fundamental es que en el caso de que los alimentos sean entregados en virtud de una determinación judicial, ello tiene como fundamento un deber legal, de modo que existe una causa jurídica que justifica el desplazamiento patrimonial. A su vez, no pasa inadvertido que la jurisprudencia en comento hace referencia a la improcedencia de la acción de enriquecimiento ilegítimo, empero también existe la figura del "cobro indebido", el cual tiene notas distintivas del citado enriquecimiento, ya que éste conforme al artículo 1882 del Código Civil para esta Ciudad, se actualiza cuando una persona sin causa se enriquece en detrimento de otra, es decir, no existe una causa que justifique la disminución de un patrimonio y el aumento de otro. En cambio, el cobro indebido es una especie del género de enriquecimiento ilegítimo, pues en atención a su concepción doctrinal, tal especie se concreta cuando una persona, erróneamente se considera deudora de otra, y le paga sin que medie deuda, por ende, no existe crédito, premisa que otorga el derecho a repetir lo indebidamente pagado. Tal figura legal está regulada en el precepto 1883 del citado Código Civil, el cual establece que cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir, y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. Al respecto, se citan las tesis de rubro y texto: "PAGO DE LO INDEBIDO. DIFERENCIA CON EL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO O SIN CAUSA. Conforme al artículo 1882 del Código Civil del Distrito Federal, para que se actualice el "enriquecimiento ilegítimo" o "sin causa", debe determinarse la relación que existe entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, lo que lleva a analizar, como elementos lógicos de la acción, los siguientes: 1. Que haya empobrecimiento de un patrimonio; 2. Que exista enriquecimiento de otro; 3. Que medie relación de causa a efecto entre el primero y el segundo; y 4. Que no exista una causa jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial, esto es atendiendo al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación; por otra parte, respecto al pago de lo indebido debe estarse a lo dispuesto en el artículo 1883 del ordenamiento jurídico invocado, que establece que "Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación de restituirla ...", de donde se desprende que "el pago de lo indebido", contenido en el libro cuarto, primera parte, título primero, capítulo III, que se refiere al enriquecimiento ilegítimo como fuente de las obligaciones, se constituye en especie de este último, con características propias, las que se traducen en que, mientras para que se actualice el enriquecimiento ilegítimo no debe existir una causa jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial, atento al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación, el pago de lo indebido descansa en la existencia de una obligación o causa, y en un error de hecho o de derecho sobre el cumplimiento de dicha obligación, quedando comprendido dentro de dicho concepto, además del de ausencia de la deuda, el de la obligación extinguida y el del débito ilícito." "ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO. Los artículos 1882 y 1883 del Código Civil Federal, se refieren al enriquecimiento ilegítimo previniéndolo el primero como género y el segundo como especie, al hablar concretamente de pago de lo indebido. Por lo tanto, este último puede revestir las características genéricas del enriquecimiento. Ahora, lo trascendental en el caso, es que el veintidós de abril de dos mil veintiuno el Juez responsable ordenó cancelar la parte alícuota de la pensión decretada a favor de ...-equivalente al 15% (quince por ciento) del salario del progenitor-, en virtud de que desde el veinte de noviembre de dos mil diecinueve en el juicio de divorcio ...el Juez Décimo Cuarto Familiar de esta Ciudad, estableció su guardia y custodia a favor de ..., donde además se señaló que a partir de octubre de ese año tal infante vive con este último. Por tanto, es evidente que al menos desde tal fecha el numerario descontado al deudor alimentario ..., y entregado a..., en su calidad de administradora de éste, no fue destinado a satisfacer necesidades alimenticias del acreedor ... De modo que hay dos factores que hacen jurídicamente viable sostener que la jurisprudencia 1a./J. 42/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no beneficia la defensa de la quejosa; la primera que no se está reclamando como tal un enriquecimiento ilegitimo sino un cobro indebido que es una figura distinta; y además, no se reclama al acreedor alimentario, sino a la persona que las recibió por él, cuando otro cubría sus necesidades en términos del artículo 309 del Código Civil de la Ciudad de México, mediante incorporación a la familia. Así , como lo determinó la Sala responsable, procede la devolución de las pensiones alimenticias, que se cobraron desde el seis de octubre de dos mil diecinueve hasta el treinta de mayo de dos mil veintiuno, puesto que a partir de la primera data mencionada, no hay base legal para considerar que las cantidades de dinero cobradas por..., y descontadas de las percepciones de ..., fueron destinadas para cubrir las necesidades alimenticias del acreedor ... puesto que de las propias constancias del juicio de origen se advierte que desde esa época el menor vive con dicho progenitor y que posterior a ello éste obtuvo la guardia y custodia, por tanto en ese momento el menor dejo de consumir alimentos en el hogar de la madre quien era su administradora, sin que se demostrara que el monto que desde ahí se retuvo fuera utilizado en beneficio de su hijo. De ese modo, después del seis de octubre de dos mil diecinueve, no se considera que se actualizaron los parámetros del criterio jurisprudencial de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS", pues como ya se vio, esa jurisprudencia protege al acreedor alimentario, para en el caso de que ulteriormente se hubiese demostrado que no tiene derecho a los alimentos, lo cual aquí no se concreta después de esa fecha, dado que... no tiene el carácter de acreedora alimentista, mucho menos existe a su favor una sentencia que decretara en su beneficio el pago de una pensión, verificándose así un cobro de lo indebido. En efecto, si desde dicha época el menor ...no vive con... sino con ..., quien además obtuvo su guarda y custodia, es obvio que las cantidades ahí cobradas por tal progenitora no fueron destinadas para cubrir las necesidades alimenticias del acreedor ..., pues el débito lo cubriría el custodio. De ahí que, como se anticipó, resulten infundados los conceptos de violación, pues contrario a lo que aduce la quejosa, la Sala responsable sí fundo y motivo la sentencia que se combate, ello al establecer que de acuerdo a las constancias de autos no le correspondía seguir cobrando el porcentaje de la pensión alimenticia decretada a favor del menor de iniciales ...desde el seis de octubre de dos mil diecinueve, dado que a partir de esa fecha éste dejó de vivir con ella, por lo que ya no consumía los alimentos en su hogar y que el custodio pagaba su deuda alimentaria por incorporación al hogar; y sin que se demostrara que tales cantidades hubieran sido utilizadas en beneficio de ese acreedor. Apoya lo anterior la tesis que dice: "ALIMENTOS. SU SATISFACCIÓN MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DEL ACREEDOR ALIMENTARIO A LA FAMILIA DEL DEUDOR. Si bien es cierto uno de los medios previstos en la ley para el cumplimiento de la obligación alimentaria consiste, en que el deudor integre al acreedor en su familia, la sola circunstancia de que ambos habiten en el mismo inmueble es insuficiente para tener por satisfecha dicha obligación, ya que en conformidad con el artículo 308 del Código Civil para el Distrito Federal, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica y hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo, parto, educación, rehabilitación y atención geriátrica. El artículo 309 del propio ordenamiento prevé, que la obligación alimentaria admite ser satisfecha a través de dos formas: 1) con la asignación de una pensión al acreedor, o bien, 2) con la integración de éste a la familia del deudor -con excepción de los casos en que exista conflicto para la integración, en los que el Juez debe fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias especiales del asunto-. De esta manera, la expresión "integrándolo a la familia", a que hace mención el último de los artículos citados debe entenderse no sólo respecto al hecho de que el obligado y el derechohabiente habiten en el mismo inmueble, sino a la subsistencia y desarrollo del beneficiario dentro del núcleo familiar del deudor, a fin de que quede comprendido el abastecimiento de lo necesario, en todos los rubros que conforman el concepto "alimentos", descritos en el artículo 308 mencionado, así como los cuidados y atención indispensables para que el acreedor se desarrolle en la familia de la que forma parte." Sin que sea obstáculo que la responsable invocara el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, pues si bien éste no establece la distribución de los porcentajes que por concepto de pensión alimenticia se deben otorgar, lo cierto es que tal numeral lo señaló la autoridad para fundamentar el hecho notorio que constituía la porción de alimentos que debía destinarse a cada uno de los acreedores del juicio de origen, de ahí que no se irrogue agravio a la quejosa. Por otra parte los argumentos donde se cuestiona la vigencia de las condiciones y el quantum de la obligación, resultan infundados, porque el hecho de que los alimentos se fijaran de manera provisional y que la forma de que se cancelaran era a través de una orden judicial, no la exime de su obligación de devolver aquellas cantidades que cobró por tal concepto y que no destinó para satisfacer las necesidades alimenticias del acreedor ... sin perjuicio que la forma de dar por terminada la obligación alimentaria no es una excluyente del hecho de haber cobrado indebidamente un numerario que correspondía a su hijo y que no se devolvió para su beneficio. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo en contra de los actos judiciales reclamados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO.La justicia de la unión no ampara ni protege a..., contra actos de la Quinta Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo, todos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, conforme al diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente, ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante .., secretario que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1332/2022, promovido por..., contra actos de la Quinta Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo, todos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. La quejosa demando´ el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las citadas autoridades, que considero´ violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, este Juzgado admitió´ la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados, ordeno´ emplazar a la parte tercera interesada; y, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que las autoridades responsables rindieron sus informes justificados, respectivamente, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. El suscrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. La quejosa reclama la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el toca ... por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de veintiocho de junio del año pasado que declaró improcedente el incidente de devolución de pensión alimenticia. En su lugar la Ad quem condenó a la quejosa a la devolución de las cantidades por concepto de pensión alimenticia a nombre del niño de iniciales ... desde el seis de octubre de dos mil diecinueve hasta el treinta de mayo de dos mil veintiuno; cantidad que será cuantificada en ejecución de sentencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, aceptaron la existencia del acto reclamado; certeza que se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente precisar los antecedentes del acto reclamado: I. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en la controversia del orden familiar ... el juez responsable ordenó a ..., el pago de una pensión alimenticia provisional y en su oportunidad definitiva a favor de sus menores hijos de iniciales ...y ..., a razón del 30% (treinta por ciento) de su sueldo, misma que debía ser entregada a..., en la forma y pago de costumbre. II. El diecisiete de enero de dos mil veinte, ... solicitó la cancelación de la pensión alimenticia decretada a favor de los menores ...y ..., por el 30% (treinta por ciento) de su sueldo. III. Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno el Juez responsable ordenó cancelar la parte alícuota de la pensión decretada a favor de ...-equivalente al 15% (quince por ciento)-, en virtud de que el veinte de noviembre de dos mil diecinueve en el juicio de divorcio ...el Juez Décimo Cuarto Familiar de esta Ciudad, estableció su guardia y custodia a favor de ..., con motivo de que, a través del ocurso ahí acordado,... señaló que a partir de octubre de ese año tal infante vive con su progenitor. IV. El catorce de julio de dos mil veintiuno, ..., por propio derecho, promovió el incidente de devolución de pensión alimenticia provisional, contra..., donde reclamó el reintegro del 15% (quince por ciento) de la pensión alimenticia otorgada a favor de ...y ... durante el periodo del seis de octubre de dos mil diecinueve al treinta de junio de dos mil veintiuno; así como el pago de intereses, gastos y costas. V. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió a trámite el incidente y ordenó el emplazamiento de.... VI. Emplazada, la demandada dio contestación al incidente, por lo que el uno de octubre del referido año se fijó fecha para la audiencia de ley. VII. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós el actor incidentista se desistió de las prestaciones relacionadas a ... lo cual se proveyó el veintitrés de junio del mismo año, donde además se turnaron los autos para dictar la resolución correspondiente. VlII. El veintiocho de junio de dos mil veintidós se emitió sentencia en el incidente que concluyó de la siguiente forma: "Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. Ha procedido la vía incidental, en donde el actor no probó su acción y la demandada justificó su contestación. SEGUNDO. Se declara improcedente el presente incidente y se absuelve a la demandada ...las prestaciones reclamadas en esta vía; por las razones y consideraciones expuestas en el considerando tercero de este fallo. TERCERO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, guárdese en el legajo de sentencias de este Juzgado, duplicado del presente fallo con firma autógrafa. - CUARTO. No estando el caso comprendido dentro de alguno de los supuestos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas. QUINTO.NOTIFÍQUESE.(.)" IX. Inconforme, el quejoso promovió recurso de apelación contra tal determinación, del cual conoció la Sala responsable, quien mediante sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, resolvió lo siguiente: "Atento a lo anterior, se modifica la Sentencia interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintidós, para quedar en sus puntos resolutivos como sigue: "PRIMERO. Ha procedido la vía incidental, en donde el actor probó parcialmente su acción y la demandada justificó parcialmente sus defensas. SEGUNDO Se condena a la demandada incidentista ...a la devolución de las cantidades que por concepto de alimentos provisionales cobró a nombre su hijo ... desde el seis de octubre de dos mil diecinueve hasta el treinta de mayo de dos mil veintiuno; dejándose su cuantificación en ejecución de sentencia, conforme a lo previsto en los artículos 500, 501 y 515 del Código de Procedimientos Civiles aplicable para esta Ciudad. TERCERO. Se absuelve a la demandada incidentista ...de la prestación reclamada en el inciso C). CUARTO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, guárdese en el legajo de sentencias de este Juzgado, duplicado del presente fallo con firma autógrafa. QUINTO. No estando el caso comprendido dentro de alguno de los supuestos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas. SEXTO. NOTIFÍQUESE." III.- No encontrándose el presente asunto en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas por la tramitación de esta instancia. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Son parcialmente fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el C. ...; en consecuencia, SEGUNDO. Se modifica la Sentencia Interlocutoria de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, para quedar en los términos precisados en la parte final del Considerando II de esta resolución. TERCERO. No se hace especial condena en costas por la tramitación de esta instancia." Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de fondo. Toda vez que las partes en este asunto no invocaron alguna causal de improcedencia y el suscrito no advierte oficiosamente la actualización de alguna, procede estudiar el fondo de los planteamientos que se traen al juicio constitucional. En esencia, la quejosa aduce en sus conceptos de violación que se vulneran sus derechos constitucionales, porque: No se fundó ni motivo la sentencia que se combate, dado que no se establecieron las razones por los cuales se debía modificar la interlocutoria de primera instancia, así como por omitir aplicar criterios de equidad y resolver con fundamentos que no aplican al establecer ".resulta un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles que dicho porcentaje por equidad, debe ser dividido en partes iguales entre ambos hijos.", sin que tal precepto disponga esa distribución. La Sala responsable argumentó que la quejosa debió tomar la iniciativa y dejar de recibir la pensión alimenticia, sin embargo, ignoró que ésta se fijó de manera provisional y que la única forma de cambiar esa situación jurídica era a través una orden judicial que cancelara esos alimentos. Sin fundamentos y de manera contradictoria se omitió aplicar la jurisprudencia obligatoria de rubro "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS", realizando además una interpretación errónea de ésta. De ratificarse la resolución combatida se causaría un daño de imposible reparación que mermarían sus ingresos y en consecuencia la posibilidad de cubrir las necesidades de sus hijos oportunamente La resolución impugnada se dictó sin considerar lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues con base en presunciones y situaciones de hecho más no de derecho, se estableció que no tenía por qué esperar una resolución judicial que cancelara la porción de pensión alimenticia para dejar de recibir ese concepto, sino que, se debía actuar contra una determinación judicial donde se fijó ese porcentaje. El valor de los alimentos que estableció el Juez solo pudo ser modificado a través de otra resolución emitida por el mismo, por tanto, no existe mandato que se haya violado. Decisión: Son infundados los conceptos de violación, en atención a lo que a continuación se expondrá. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, conviene acudir a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya observancia es obligatoria no sólo para la Sala y Juez responsable, sino también para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, con el sumario siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial". En correlación con la ejecutoria que le dio origen al criterio que precede, el Máximo Tribunal del país, estableció en lo conducente que: El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, dado que los alimentos son de interés general y de orden público. La afectación del patrimonio del deudor alimentario está plenamente justificada al tener los alimentos relevancia dentro del derecho familiar. El acreedor alimentario no debe reintegrar al deudor los pagos recibidos, en virtud de la pensión decretada por el Juez de manera provisional, pues las características de los alimentos -consistentes en que son de interés social, orden público y que no pueden ser sujetos de transferencia o transacción-, no son exclusivas de los definitivos, sino que la pensión provisional participa de dichas características, así sea revocada en la sentencia definitiva, pues el fin es proteger los derechos del acreedor que pudieran estar relacionados con los alimentos, la cual podrá ser disminuida o revocada en la sentencia definitiva. No obstante el carácter provisional de dicha medida, los alimentos entregados por ese concepto están destinados al mismo fin que los definitivos, esto es, el solventar las necesidades del acreedor, por ende, no son susceptibles de ser reintegrados al deudor, porque han sido destinados a satisfacer las necesidades alimenticias del acreedor, por lo que se han devengado en ese concepto, de manera irreparable. La petición de la devolución de los alimentos provisionales cuando se revoca o disminuye la pensión decretada de manera cautelar, sería hacer depender una situación que es de orden público e interés social de un evento posterior, como es la sentencia de carácter definitivo, lo que sería tanto como sujetarlos a un convenio o transacción. Así, la resolución por la que se determina una pensión alimenticia provisional no puede retrotraerse, ya que las cantidades que haya pagado por ese concepto se destinarán a cubrir las necesidades alimentarias de los acreedores, lo que significa que serán consumidas y que no le podrán ser reintegradas, aun y cuando el acreedor no haya probado en el juicio la necesidad alimentaria. Los alimentos no deben devolverse a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo, máxime cuando dicha acción requiere para su configuración que el enriquecimiento se haya originado sin ninguna causa legal que lo origine, siendo que en el caso en estudio la determinación de la medida cautelar se fija por mandato de ley mediante resolución judicial; así, para que se configure un enriquecimiento ilegítimo es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. En consecuencia, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial. De lo antes relatado, se observa que ya quedó determinado que los alimentos son de orden público e interés social, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimentario, aun y cuando en juicio, el acreedor alimentario no haya probado la necesidad de recibirlos, pues lo fundamental es que en el caso de que los alimentos sean entregados en virtud de una determinación judicial, ello tiene como fundamento un deber legal, de modo que existe una causa jurídica que justifica el desplazamiento patrimonial. A su vez, no pasa inadvertido que la jurisprudencia en comento hace referencia a la improcedencia de la acción de enriquecimiento ilegítimo, empero también existe la figura del "cobro indebido", el cual tiene notas distintivas del citado enriquecimiento, ya que éste conforme al artículo 1882 del Código Civil para esta Ciudad, se actualiza cuando una persona sin causa se enriquece en detrimento de otra, es decir, no existe una causa que justifique la disminución de un patrimonio y el aumento de otro. En cambio, el cobro indebido es una especie del género de enriquecimiento ilegítimo, pues en atención a su concepción doctrinal, tal especie se concreta cuando una persona, erróneamente se considera deudora de otra, y le paga sin que medie deuda, por ende, no existe crédito, premisa que otorga el derecho a repetir lo indebidamente pagado. Tal figura legal está regulada en el precepto 1883 del citado Código Civil, el cual establece que cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir, y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. Al respecto, se citan las tesis de rubro y texto: "PAGO DE LO INDEBIDO. DIFERENCIA CON EL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO O SIN CAUSA. Conforme al artículo 1882 del Código Civil del Distrito Federal, para que se actualice el "enriquecimiento ilegítimo" o "sin causa", debe determinarse la relación que existe entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, lo que lleva a analizar, como elementos lógicos de la acción, los siguientes: 1. Que haya empobrecimiento de un patrimonio; 2. Que exista enriquecimiento de otro; 3. Que medie relación de causa a efecto entre el primero y el segundo; y 4. Que no exista una causa jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial, esto es atendiendo al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación; por otra parte, respecto al pago de lo indebido debe estarse a lo dispuesto en el artículo 1883 del ordenamiento jurídico invocado, que establece que "Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación de restituirla ...", de donde se desprende que "el pago de lo indebido", contenido en el libro cuarto, primera parte, título primero, capítulo III, que se refiere al enriquecimiento ilegítimo como fuente de las obligaciones, se constituye en especie de este último, con características propias, las que se traducen en que, mientras para que se actualice el enriquecimiento ilegítimo no debe existir una causa jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial, atento al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación, el pago de lo indebido descansa en la existencia de una obligación o causa, y en un error de hecho o de derecho sobre el cumplimiento de dicha obligación, quedando comprendido dentro de dicho concepto, además del de ausencia de la deuda, el de la obligación extinguida y el del débito ilícito." "ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO. Los artículos 1882 y 1883 del Código Civil Federal, se refieren al enriquecimiento ilegítimo previniéndolo el primero como género y el segundo como especie, al hablar concretamente de pago de lo indebido. Por lo tanto, este último puede revestir las características genéricas del enriquecimiento. Ahora, lo trascendental en el caso, es que el veintidós de abril de dos mil veintiuno el Juez responsable ordenó cancelar la parte alícuota de la pensión decretada a favor de ...-equivalente al 15% (quince por ciento) del salario del progenitor-, en virtud de que desde el veinte de noviembre de dos mil diecinueve en el juicio de divorcio ...el Juez Décimo Cuarto Familiar de esta Ciudad, estableció su guardia y custodia a favor de ..., donde además se señaló que a partir de octubre de ese año tal infante vive con este último. Por tanto, es evidente que al menos desde tal fecha el numerario descontado al deudor alimentario ..., y entregado a..., en su calidad de administradora de éste, no fue destinado a satisfacer necesidades alimenticias del acreedor ... De modo que hay dos factores que hacen jurídicamente viable sostener que la jurisprudencia 1a./J. 42/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no beneficia la defensa de la quejosa; la primera que no se está reclamando como tal un enriquecimiento ilegitimo sino un cobro indebido que es una figura distinta; y además, no se reclama al acreedor alimentario, sino a la persona que las recibió por él, cuando otro cubría sus necesidades en términos del artículo 309 del Código Civil de la Ciudad de México, mediante incorporación a la familia. Así , como lo determinó la Sala responsable, procede la devolución de las pensiones alimenticias, que se cobraron desde el seis de octubre de dos mil diecinueve hasta el treinta de mayo de dos mil veintiuno, puesto que a partir de la primera data mencionada, no hay base legal para considerar que las cantidades de dinero cobradas por..., y descontadas de las percepciones de ..., fueron destinadas para cubrir las necesidades alimenticias del acreedor ... puesto que de las propias constancias del juicio de origen se advierte que desde esa época el menor vive con dicho progenitor y que posterior a ello éste obtuvo la guardia y custodia, por tanto en ese momento el menor dejo de consumir alimentos en el hogar de la madre quien era su administradora, sin que se demostrara que el monto que desde ahí se retuvo fuera utilizado en beneficio de su hijo. De ese modo, después del seis de octubre de dos mil diecinueve, no se considera que se actualizaron los parámetros del criterio jurisprudencial de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS", pues como ya se vio, esa jurisprudencia protege al acreedor alimentario, para en el caso de que ulteriormente se hubiese demostrado que no tiene derecho a los alimentos, lo cual aquí no se concreta después de esa fecha, dado que... no tiene el carácter de acreedora alimentista, mucho menos existe a su favor una sentencia que decretara en su beneficio el pago de una pensión, verificándose así un cobro de lo indebido. En efecto, si desde dicha época el menor ...no vive con... sino con ..., quien además obtuvo su guarda y custodia, es obvio que las cantidades ahí cobradas por tal progenitora no fueron destinadas para cubrir las necesidades alimenticias del acreedor ..., pues el débito lo cubriría el custodio. De ahí que, como se anticipó, resulten infundados los conceptos de violación, pues contrario a lo que aduce la quejosa, la Sala responsable sí fundo y motivo la sentencia que se combate, ello al establecer que de acuerdo a las constancias de autos no le correspondía seguir cobrando el porcentaje de la pensión alimenticia decretada a favor del menor de iniciales ...desde el seis de octubre de dos mil diecinueve, dado que a partir de esa fecha éste dejó de vivir con ella, por lo que ya no consumía los alimentos en su hogar y que el custodio pagaba su deuda alimentaria por incorporación al hogar; y sin que se demostrara que tales cantidades hubieran sido utilizadas en beneficio de ese acreedor. Apoya lo anterior la tesis que dice: "ALIMENTOS. SU SATISFACCIÓN MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DEL ACREEDOR ALIMENTARIO A LA FAMILIA DEL DEUDOR. Si bien es cierto uno de los medios previstos en la ley para el cumplimiento de la obligación alimentaria consiste, en que el deudor integre al acreedor en su familia, la sola circunstancia de que ambos habiten en el mismo inmueble es insuficiente para tener por satisfecha dicha obligación, ya que en conformidad con el artículo 308 del Código Civil para el Distrito Federal, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica y hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo, parto, educación, rehabilitación y atención geriátrica. El artículo 309 del propio ordenamiento prevé, que la obligación alimentaria admite ser satisfecha a través de dos formas: 1) con la asignación de una pensión al acreedor, o bien, 2) con la integración de éste a la familia del deudor -con excepción de los casos en que exista conflicto para la integración, en los que el Juez debe fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias especiales del asunto-. De esta manera, la expresión "integrándolo a la familia", a que hace mención el último de los artículos citados debe entenderse no sólo respecto al hecho de que el obligado y el derechohabiente habiten en el mismo inmueble, sino a la subsistencia y desarrollo del beneficiario dentro del núcleo familiar del deudor, a fin de que quede comprendido el abastecimiento de lo necesario, en todos los rubros que conforman el concepto "alimentos", descritos en el artículo 308 mencionado, así como los cuidados y atención indispensables para que el acreedor se desarrolle en la familia de la que forma parte." Sin que sea obstáculo que la responsable invocara el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, pues si bien éste no establece la distribución de los porcentajes que por concepto de pensión alimenticia se deben otorgar, lo cierto es que tal numeral lo señaló la autoridad para fundamentar el hecho notorio que constituía la porción de alimentos que debía destinarse a cada uno de los acreedores del juicio de origen, de ahí que no se irrogue agravio a la quejosa. Por otra parte los argumentos donde se cuestiona la vigencia de las condiciones y el quantum de la obligación, resultan infundados, porque el hecho de que los alimentos se fijaran de manera provisional y que la forma de que se cancelaran era a través de una orden judicial, no la exime de su obligación de devolver aquellas cantidades que cobró por tal concepto y que no destinó para satisfacer las necesidades alimenticias del acreedor ... sin perjuicio que la forma de dar por terminada la obligación alimentaria no es una excluyente del hecho de haber cobrado indebidamente un numerario que correspondía a su hijo y que no se devolvió para su beneficio. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo en contra de los actos judiciales reclamados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO.La justicia de la unión no ampara ni protege a..., contra actos de la Quinta Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo, todos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, conforme al diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente, ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante .., secretario que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1332/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) informes justificados; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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