María Cristina Rivera Flores

Expediente 963/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
963/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • María Cristina Rivera Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, A Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto ************ promovido por *************, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, y otra autoridad. R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el uno de agosto de dos mil veintitrés, recibido en misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y, finalmente, receptado el mismo día, en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, *******, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana. Actos reclamados "IV.- ACTO RECLAMADO: DEL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL, reclamo todo lo actuado desde el ilegal emplazamiento dentro del juicio ordinario civil, tramitado ante el Juzgado Segundo de lo Civil de este Partido Judicial, bajo el expediente 1293/2021, seguido en mi contra; por el incumplimiento de la obligación que tiene la responsable de examinar escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad, si las citaciones y notificaciones dentro del juicio antes señalado, las cuales fueron realizadas de manera ilegal, por lo que se violentaron las previsiones contenidas en el artículo 116, y 117, así como el 267 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en mi perjuicio. Del C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, reclamo ILEGAL EMPLAZAMIENTO efectuado a la suscrita, dentro del juicio ordinario civil, tramitado ante el Juzgado Segundo de lo Civil de este Partido Judicial, bajo el expediente 1293/2021, puesto que dicho llamamiento a juicio se realizó sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento efectuándose en contravención al ordenamiento establecido en el artículo 116 del Código de procedimientos civiles vigente en el Estado de Baja California, en su parte conducente, "La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada..", así como en contravención a lo dispuesto en el artículo 117 fracción II que textualmente obliga "II.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física,..". Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. El dos de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 963/2023-II-A; se solicitaron informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: El emplazamiento (por su falta o ilegalidad) al juicio sumario civil 1293/2021 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. Tercero. En el ámbito de sus competencias son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, ya que así se desprende de la aclaración de sus informes justificados. Además, dicha certeza quedó corroborada con las documentales exhibidas consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio juicio sumario civil 1293/2021, de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este órgano jurisdiccional, de oficio, no advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que se procede al examen de los motivos de inconformidad. Quinto. El único concepto de violación, suplido en su deficiencia en términos del artículo 79 fracción VI de la Ley de Amparo, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. La parte quejosa sostiene, en esencia, que la autoridad responsable vulneró su derecho de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional, al no habérsele llamado al procedimiento de origen con las formalidades de ley, lo que le impidió oponerse y, en su caso, ofrecer pruebas, formular alegatos y ejercer su derecho de defensa. Según se anticipó, dicho argumento suplido en su deficiencia, es fundado, pues de las constancias que obran en autos se advierte que la Actuaria responsable no cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, al momento de llevar a cabo el emplazamiento correspondiente, toda vez que omitió describir o establecer cuáles eran los documentos con los que asentó que corrió traslado. Para avalar la postura que antecede, es oportuno establecer el marco normativo que regula el emplazamiento en materia civil, para lo cual se reproducen los artículos 117 a 119 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California (vigente al momento en que se llevó a cabo el emplazamiento de la parte quejosa), los cuales son del tenor siguiente (énfasis añadido): "(REFORMADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 1987) (REPUBLICADO, P.O. 26 DE MAYO DE 1995) Artículo 117.- En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: I.- El emplazamiento debe hacerse según los casos, a las personas que a continuación se indica: A).- Si se tratare de personas físicas directamente a la parte a quien se va a emplazar, a menos de que carezcan de capacidad procesal, pues en este caso se hará el emplazamiento a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del Tribunal y la persona emplazada radique fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y el emplazado en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazado. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación. A petición del apoderado y según las circunstancias, el Juez podrá ampliar el término para contestar el emplazamiento hasta por treinta días más, si el apoderado necesitare recabar instrucciones de su mandante; B).- Tratándose de personas morales, asociaciones, agrupaciones, instituciones o bien de dependencias o servicios de la Administración Pública, el emplazamiento se hará por conducto de las personas u órganos que las representen. Si los representantes fueren varios, el emplazamiento se tendrá por válido cuando se haga a cualquiera de ellos. Si la representación corresponde a una junta o colectividad, bastará que se haga a la persona que la ostente; II.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física, y si se trata de persona jurídica en el domicilio social, y en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, en que lo será el del lugar de tales establecimientos o sucursales, si cuentan con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por o con intervención de éstos. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; (REFORMADA, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2007) III.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y se fijará atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio, además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe de ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con las personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que se le recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; IV.- Cuando la persona a quien deba emplazarse no radique en el lugar del juicio, pero sí dentro del mismo distrito judicial, se aplicará lo dispuesto por los Artículos 105 y 106 de este Código. Si se halla en otro partido distinto o fuera del Estado pero dentro de la República, y fuere conocido su domicilio, el emplazamiento se le hará por despacho o exhorto de acuerdo con la forma prevista en el Capítulo anterior. Si una vez despachado el exhorto sobreviniere un cambio de domicilio de la persona a quien se pretende emplazar, dentro de la jurisdicción del Juez requerido, éste se entenderá facultado para hacer el emplazamiento en el nuevo domicilio, sin necesidad de nuevo exhorto, bastando que así lo pida la parte interesada ante el Juez exhortado; V.- Si la persona emplazada radica en el extranjero, el emplazamiento podrá hacérsele mediante carta rogatoria o exhorto, o por correo certificado con acuse de recibo, contándose en este último caso el emplazamiento como hecho a partir de la fecha en que se reciba en el Juzgado, de la Oficina de Correos, el acuse de recibo debidamente firmado por el interesado; En todos los casos de emplazamiento, los Jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este Artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites, imponiendo una corrección disciplinaria al Actuario cuando aparezca responsable." (REFORMADO, P.O. 26 DE MAYO DE 1995) "Artículo 118.- Si después que el notificador se hubiere cerciorado de que la persona por notificar vive en la casa y se negare aquel con quien se entiende la notificación a recibir ésta, se hará en el lugar en que habitualmente trabaje, sin necesidad de que el Juez dicte una determinación especial para ello." (REPUBLICADO, P.O. 26 DE MAYO DE 1995) "Artículo 119. Cuando no se conociere el lugar en que la persona que debe notificarse tenga el principal asiento de sus negocios, y en la habitación no se pudiere, conforme al artículo anterior, hacer la notificación, se podrá hacer ésta en el lugar en donde se encuentre. En este caso, las notificaciones se firmarán por el notificador y por la persona a quien se hiciere. Si ésta no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su ruego un testigo. Si no quisiere firmar o presentar testigo que lo haga por ella, firmarán dos testigos requeridos al efecto por el notificador. Estos testigos no podrán negarse a hacerlo, bajo multa desde cinco hasta cien pesos." De los preceptos legales transcritos, en lo que interesa, se desprende que la diligencia de emplazamiento dirigida a una persona física debe reunir los requisitos siguientes: 1. Debe hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física. 2. Por regla general, el emplazamiento debe entenderse directamente con la persona buscada, cuando se encuentre presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. 3. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejara citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, la cual se fijará atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio. 4. El citatorio deberá contener: a) la persona a quien va dirigido; b) la diligencia a practicar; c) el órgano judicial que lo emite; y, d) los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio. 5. El Notificador deberá integrar una copia de aquel al expediente y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. 6. En caso de que el interesado no espere, se le hará notificación por cédula, que se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe de ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. 7. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. Sobre este aspecto, es oportuno destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2020, que dio origen a la jurisprudencia de rubro "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO." -que más adelante se citará- sostuvo que si la ley procesal respectiva que regula los juicios civiles, establece como formalidad del emplazamiento entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que la persona actuaria tiene imperativo legal de describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la invalidez del emplazamiento. Esto es así, porque la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Entonces, si -como se anticipó-, conforme al marco normativo que regula el emplazamiento en materia civil en esta Entidad Federativa, al realizar el emplazamiento, el Notificador debe entregar a la persona con la que entienda la diligencia copia de la demanda y demás "copias de traslado", es inconcuso que, en la diligencia correspondiente debe describir las copias de los documentos con los que corre traslado. La jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), invocada se encuentra publicada en la página doscientos cuatro, tomo I, libro setenta y ocho, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de septiembre de dos mil veinte, Décima Época, consultable a través del registro digital 2022118, que señala: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Contradicción de tesis 107/2020. Entre las sustentadas por el Pleno del Decimonoveno Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 22 de julio de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Melesio Ramos Martínez. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Pleno del Decimonoveno Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2014, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.XIX. J/1 C (10a.), de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE PORMENORIZAR LOS DOCUMENTOS CON QUE SE CORRE TRASLADO AL DEMANDADO, ES INSUFICIENTE PARA DECLARAR SU INVALIDEZ (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 743, con número de registro digital: 2010687; y, El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 808/2019 (cuaderno auxiliar 909/2019), en el que consideró que conforme al artículo 1394 del Código de Comercio, tratándose del emplazamiento, en todos los casos se entregará al demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061 de esa misma codificación. Tesis de jurisprudencia 39/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada a distancia de diecinueve de agosto de dos mil veinte." 8. La persona a quien se entregue la cédula deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se asentará tal circunstancia en la razón correspondiente, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Precisado lo anterior, para demostrar la existencia de las irregularidades destacadas al inicio de este considerando, se reproduce la constancia actuarial de once de noviembre de dos mil veintiuno, que es del tenor siguiente (subrayado y énfasis añadido): -Emplazamiento "En la ciudad de Tijuana, B.C., siendo las once horas del 11 de noviembre del 2021, la suscrita Actuaria adscrita a este H. Juzgado Segundo Civil, Lic. Margarita Moreno Lopez, hago constar que nuevamente me constitui legalmente en el domicilio ubicado en la calle Dora Elena Cortez, numero 13716, en la colonia Camino Verde de esta ciudad, en busca de la demandada en autos MARIA CRISTINA RIVERA y en cumplimiento a lo ordenado en el auto del 14 de Octubre del 2021, y cerciorada la suscrita de ser el domicilio correcto donde vive la demandada en autos, por la nomenclatura del lugar y por el dicho de la informante, quien dijo llamarse MARIA ESTHER FLORES y dijo ser mama de la demandada en autos y vivir en el domicilio en el que se actua, quien informa que la demandada en autos no se encuentra, y toda vez que la demandada en autos, no me espero a la hora indicada en el citatorio que la suscrita para tal efecto le deje con anterioridad, la suscrita procedi a entender la diligencia con la persona informante en los terminos de Ley, notificandole por este conducto a la demandada en autos MARIA CRISTINA RIVERA FLORES, el proveido de fecha 14 de Octubre de 2021, y con la entrega que le hago a la informante de las copias simples de la demanda, demas documentos y anexos de Ley, asi como la cedula de notificación debidamente sellados y cotejados le corro por este conducto el traslado de Ley ordenado a la demandada en autos, MARIA CRISTINA RIVERA FLORES y la emplazo para que dentro del termino de CINCO DIAS, produzca su contestación a la demanda interpuesta en su contra, apercibida que en caso de no hacerlo se seguira el juicio en su rebeldia ; asimismo cito a la demandada en autos para que comparezca a este juzgado a las doce horas del 25 de noviembre del 2021, a la audiencia de conciliación obligatoria, apercibida que en caso de no comparecer sin justa causa se le tendrá por tacitamente negándose a celebrar convenio alguno y se continuara con la etapa procesal correspondiente en los términos de Ley, asimismo cito a la demanda en autos, para que el dia y hora antes mencionados comparezca a este juzgado a absolver posiciones personalmente y no por conducto de apoderado legal alguno, apercibida que en caso de no comparecer sin justa causa sera declarada confesa de aquellas posiciones que previamente sean calificadas de legales y si la contraria lo pidiere oportunamente en los terminos de Ley; y dijo la informante con la que entiendo la diligencia que queda enterada, que recibe las copias simples de la demanda, demas documentos y anexos de Ley, asi como la cedula de notificación debidamente selladas y cotejadas para entregarlas al demandado y NO firma la cedula de notificación, lo que se asienta para los efectos legales conducentes, que NO se identifica por no traer documento oficial a la mano con que hacerlo, por lo que procedo a describirla, siendo una persona de sexo femenino, morena, complexión regular, cabello entre cano, largo aproximadamente 75 años, sin algunos dientes, 1,55 metros de estatura; cabe señalar que en este acto les hago saber a las partes que se les otorga un termino de tres días para que manifiesten su consentimiento en el sentido de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, apercibidos que la falta de aprobación expresa conlleva su oposición de la publicación de sus datos personales, lo que se asienta para constancia. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ." Como se ve, en el momento en la constancia emplazamiento se desprende que al momento de llevar a cabo tal diligencia, la Actuaria responsable únicamente se limitó a asentar que entendió la diligencia de emplazamiento con la persona que lo atendió, a saber, María Esther Flores (persona distinta a la interesada) y que a esta persona le entregó copia simples de la demanda, documentos y anexos de Ley, así como la cédula de notificación, debidamente selladas y cotejadas. Empero, en ningún momento hizo constar la descripción de esos "documento y anexos de Ley", con los que corrió traslado. Entonces, tomando en consideración que el emplazamiento constituye una de las actuaciones de mayor trascendencia dentro de los procesos, pues permite que el interesado tenga conocimiento completo de las prestaciones que se le reclaman, así como de los documentos y pruebas con las que el actor funde y acredite la acción intentada, para que esté en aptitud de comparecer a juicio y, a su vez, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; por tanto, se concluye que la omisión de precisar qué documentos son los que entrega a la parte interesada impide tener certeza de que la parte demandada, en efecto, tuviera conocimiento real, completo y efectivo, de las pretensiones de su contraria. Consecuentemente, si en el caso particular -como se demostró- la Actuaria responsable no describió cuáles eran las copias de los documentos y anexos con los que corrió traslado, es inconcuso que el emplazamiento practicado once de noviembre de dos mil veintiuno, no cumple con el requisito previsto en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por lo que resulta violatorio del principio de legalidad y, en vía de consecuencia, del derecho de audiencia. En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, consistente en la diligencia de emplazamiento realizado el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio sumario civil 1293/2021. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, al no reclamarse su actuar por vicios propios. Sexto. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil 1293/2021 hasta la diligencia emplazamiento de la quejosa, por lo que deberá quedar subsistentes las actuaciones previas a la referida diligencia y todas sus consecuencias. 1.a. En el entendido de que para ello deberá girar el oficio correspondiente a fin de que el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, deje insubsistentes las inscripciones que, en su caso, hayan sido realizadas con motivo del procedimiento de origen. 1.b. Deberá girar los oficios correspondientes para que se cancelen las escrituras públicas que, en su caso, se hubieren emitido con motivo del procedimiento de origen. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. La Justicia Federal ampara y protege a ******************** contra los actos reclamados a las autoridades responsables por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos señalados en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por los terceros interesados José Alejandro Rodríguez Arauz y Ana María Trejo Cerón; atento a su contenido, se les tiene apersonándose al presente juicio de amparo. Asimismo, se les tiene designando como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alma Rocío Aguirre Félix, toda vez que, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/jpsj

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha trascurrió el término de quince días hábiles, otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, a fin de que manifestara si deseaba o no ampliar su demanda de amparo, sin que lo hubiera realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en dicho proveído y se continúa el presente juicio de amparo en los términos inicialmente planteados. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra la constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada, ordenada en veintidós de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, se turna los autos a la persona Actuaria de la adscripción encargada de las notificaciones en el presente juicio de amparo, a efecto de que inmediatamente proceda a realizar la diligencia de mérito y una vez hecha la misma, integre la constancia relativa tanto al expediente electrónico como al físico en que se actúa. Finalmente, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/jpsj

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 963/2023-II-A, promovido por María Cristina Rivera Flores, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana y de otra autoridad. R E S U L T A N D O Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, María Cristina Rivera Flores, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana. Actos reclamados "IV.- ACTO RECLAMADO: DEL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL, reclamo todo lo actuado desde el ilegal emplazamiento dentro del juicio ordinario civil, tramitado ante el Juzgado Segundo de lo Civil de este Partido Judicial, bajo el expediente 1293/2021, seguido en mi contra; por el incumplimiento de la obligación que tiene la responsable de examinar escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad, si las citaciones y notificaciones dentro del juicio antes señalado, las cuales fueron realizadas de manera ilegal, por lo que se violentaron las previsiones contenidas en el artículo 116, y 117, así como el 267 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en mi perjuicio. Del C. ACTUARIO ADSCRITOI AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, reclamo ILEGAL EMPLAZAMIENTO efectuado a la suscrita, dentro del juicio ordinario civil, tramitado ante el Juzgado Segundo de lo Civil de este Partido Judicial, bajo el expediente 1293/2021, puesto que dicho llamamiento a juicio se realizó sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento efectuándose en contravención al ordenamiento establecido en el artículo 116 del Código de procedimientos civiles vigente en el Estado de Baja California, en su parte conducente, "La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada..", así como en contravención a lo dispuesto en el artículo 117 fracción II que textualmente obliga "II.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física,.." Segundo. Por auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. Tercero. En audiencia incidental de quince de agosto de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en dicha resolución. Cuarto. En veintidós de agosto de dos mil veintitrés, con copia certificada del oficio 17305 y lo ordenado en misma data en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó oficiosamente la apertura del incidente de modificación a la suspensión definitiva, en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, asimismo, se dio vista a las autoridades responsables y a la parte quejosa para efecto de que informaran las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la modificación de la suspensión relativa. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, así como su modificación, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 140, 141, 144 y 154 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, se procede el análisis de la existencia de un hecho superviniente que motive la modificación de la suspensión definitiva de quince de agosto de dos mil veintitrés. En la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintitrés, que se pretende modificar, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero que a continuación se transcribe: "Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes previos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En ese tenor, toda vez que de autos no se advierte ni indiciariamente la existencia de los actos reclamados, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita." -Énfasis añadido-. En veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en atención a lo ordenado en el cuaderno principal, se agregó a los presentes autos copia certificada del oficio 17305, toda vez que del contenido de dicha misiva se advierte que las autoridades responsables informaron a este órgano jurisdiccional que por un error involuntario de su parte en los informes justificados rendidos el nueve de agosto de dos mil veintitrés manifestaron que no eran ciertos los actos reclamados, cuando el sentido correcto de su informe debió de ser en sentido afirmativo. En tales condiciones, al advertirse que los motivos para negarse la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa fueron sustentados por el sentido de los informes previos rendido por el Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, y que posterior al dictado de la resolución interlocutoria que se trata dichas potestades informaron a este Juzgado de Distrito que por un error humano rindieron su informe de forma incorrecta, puesto que son ciertos los actos reclamados, ya que si obra el juicio sumario civil con número de expediente 1293/2021, en sus registros, promovido por José Alejandro Rodríguez Arauz y Ana María Trejo Cerón, en contra de María Cristina Rivera Flores, en el que señala como prestación la rescisión del contrato de compraventa respecto del bien inmueble identificado como lote 14 (catorce), manzana 373 (trescientos setenta y tres), de la colonia Camino Verde, de esta ciudad. Por lo anterior, es que resulta evidente la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, lo que constituye un hecho superviniente que modifica las condiciones por las cuales se dictó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por tanto, en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, resulta procedente la modificación de la suspensión definitiva dictada mediante interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, se procede a realizar en los considerandos posteriores el análisis de la procedencia de la suspensión definitiva tomando en consideración los hechos supervinientes y las constancias que obran en autos. Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: El emplazamiento -por su falta o ilegalidad- al juicio ordinario civil 1293/2021 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana y, en vía de consecuencia, todo lo actuado. Cuarto. Son ciertos los actos reclamados al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana; lo anterior, toda vez que de la copia certificada del oficio 17305, se advierte que afirmaron la existencia de los mismos. Quinto. Luego, en el caso se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa, quien acredita indiciariamente -hasta este momento procesal- ser titular del derecho que aduce, al haber manifestado bajo protesta de decir verdad que es parte demandada en el juicio sumario civil 1293/2021, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, del que derivan los actos reclamados, afirmación que se corrobora con lo informado por las autoridades responsables. Por tanto, con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que sin suspender el procedimiento de origen por ser de orden público, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la parte quejosa no sea desposeída respecto del bien inmueble identificado como lote catorce (14), manzana trescientos setenta y tres (373), colonia Camino Verde, de esta ciudad, con clave catastral CF-373-14, así como para que no se escriture ni se ordene la entrega del bien inmueble al adjudicatario que en su caso exista. Medida cautelar que subsistirá hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte en el expediente principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. En ese sentido, la medida suspensiva surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe garantía dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, a disposición y satisfacción de este Juzgado, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional), cantidad que se fija discrecionalmente, en términos de los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, al no contar con mayores datos que sirvan para fijarla, la cual puede ser modificada con base en las constancias que remita la autoridad responsable; la cual servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con la concesión de tal medida, en caso de que la sentencia que se dicte en el fondo del amparo no le sea favorable a la parte quejosa. En el entendido de que si el solicitante de amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 fracción II, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, en él deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, esto es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 963/2023-II-A, promovido por María Cristina Rivera Flores." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se declara fundado el incidente de modificación a la suspensión definitiva dictada en quince de agosto de dos mil veintitrés, por los motivos precisados en el segundo considerando de esta resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por María Cristina Rivera Flores, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,923 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano