Maria Cristina Renovales Navarro

Expediente 71/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
71/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2017

Partes del expediente

  • Maria Cristina Renovales Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual formula intervención ministerial...remítanse dicho oficio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para la debida integración del expediente 1212/2017, acumulado al 1095/2017, de su índice...

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual formula intervención ministerial... en virtud de que se aceptó la competencia declinada en este asunto; remítanse dicho oficio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México...

  3. Principal

    Vista la copia del aviso signado por el Titular de la Dirección General de Estadística Judicial, al que se adjunta la relación de los juicios de amparo recibidos en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, relativos al aumento de precio de gasolina, en la que entre otros, acusa recibo de la recepción del juicio de amparo 71/2017-VII del índice de este Juzgado, materia del cuaderno de antecedentes en que se actúa, el cual quedó registrado bajo el número 985/2017 de la estadística de la autoridad oficiante; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Así, al advertirse que el presente cuaderno de antecedentes se encuentra concluido, archívese; en el entendido que de conformidad con el punto cuarto del acuerdo complementario al diverso general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, el presente cuaderno es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido Acuerdo General Conjunto, previa acta que se elabore para constancia, y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiéndose remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Finalmente, se hace constar, que el presente cuadernillo no es de relevancia documental.

  4. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de treinta de enero de dos mil diecisiete, por este medio se notifica a la QUEJOSA, la resolución dictada el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en atención a que no compareció los días treinta y uno de enero o uno de febrero de la presente anualidad, la cual en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *******, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Economía, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 1, 17, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al efecto, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 71/2017-III; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, dado que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, se procede a abordar dicha figura, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal, situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un Juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a.- Competencia por territorio; b.- Competencia por materia; c.- Competencia por razón de la vía; y, d.- Competencia auxiliar. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. En ese tenor, de la lectura integra de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado consiste de manera esencial en: "RECLAMO LA OMISIÓN DE APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, DONDE TIENE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA FIJAR PRECIOS, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS GENERALES DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INTERIOR, ABASTO Y PRECIOS DEL PAÍS, ESTO ES LA CONDUCTA OMISIVA DE NO FIJAR LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA). FUNDO MI DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 107 FRACCIÓN II LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TÍTULO SEGUNDO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AMPARO CAPÍTULO I EL AMPARO INDIRECTO SECCIÓN PRIMERA PROCEDENCIA Y DEMANDA ARTÍCULO 107. II. CONTRA ACTOS U OMISIONES QUE PROVENGAN DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO; SE EXPLICA, NUESTRA CARTA MAGNA REFIERE: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías (Capítulo cambio de denominación, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011) Artículo 28. (lo transcribe) [.] PUES COMPETE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA LA APLICACIÓN Y REGULACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS QUE INTEGRAN LO QUE. DENOMINAMOS CANASTA BASICA. DICHAS FACULTADES LE FUERON CONFERIDAS A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA POR LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MISMA QUE SE TRASCRIBE PARA SU MEJOR COMPRENSION. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. Artículo 34. (lo transcribe) [.] Esto es que la Secretaria de Economía ha sido omisa en cumplir la facultad constitucional que le fue conferida, dañando con ello el derecho al consumo v a la defensa de consumidor, con su conducta omisiva conculca derechos fundamentales al dejar de aplicar el precepto constitucional invocado e incluso incurre en responsabilidad que puede ser sujeta de sanciones penales v administrativas, por su conducta omisiva dolosa v temeraria, pues no fija los precios de los combustibles diésel y gasolina. Así las cosas al no fijar precios en el combustible y zonificar los precios dejan en estado de indefensión al quejoso, como consumidor y no dan un trato de igualdad por lo que los precios son desproporciónales e inequitativos". Por tanto, se estima que el acto reclamado consistente en la omisión de la Secretaría de Economía en fijar los precios de combustible en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 28 Constitucional, se encuentra relacionado con un tema de competencia económica, ya que en la controversia a dirimir está involucrado el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para el efecto de garantizar la competencia efectiva en el mercado de las gasolinas y el diésel, con el objeto de sujetar la comercialización de petrolíferos a las condiciones de mercado, a efecto de lograr el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión; en consecuencia, es que la naturaleza material de dicho acto concierne a la subespecialidad en competencia económica y no a la administrativa genérica. Ante ese panorama, para mejor comprensión del asunto se estima necesario transcribir el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, cuyo contenido es el siguiente: "TRANSITORIOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018." De lo anterior se desprende, que la norma resultado del proceso legislativo que dio origen a la liberación de los precios de los combustibles y, por ende, los lineamientos económicos implementados para regularlos, tiene como finalidad establecer a partir del uno de enero del año en curso, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, bajo las condiciones de mercado existentes, atendiendo a los precios internacionales de los combustibles, el costo de suministro, entre otros factores; en el entendido de que su objetivo final es la flexibilización de los precios al público bajo las condiciones de mercado, así como la fijación de los precios máximos al público dependiendo de la región que corresponda dentro de la República Mexicana. Con base en la fracción I del citado artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, la Comisión Reguladora de Energía, dentro del ámbito de su competencia, y con base en la opinión que al efecto emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitió el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precio de gasolinas y diésel, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre siguiente; esa disposición tiene como objetivo desregular los precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, con el propósito que empiecen a revelarse los costos reales de suministro y se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. En tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, en donde la Comisión Reguladora de Energía no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado; y de igual forma se determinó la metodología para su determinación; particularmente, en la fracción IV de dicho acuerdo se estableció que la Comisión Reguladora de Energía será la encargada de publicar en su página de internet, previo a su entrada en vigor, los precios máximos al público de esos energéticos, así como su periodo de aplicación. Así, se advierte que el objeto de la norma radica esencialmente en fomentar la competencia económica en materia de hidrocarburos, mediante la flexibilización del precio de las gasolinas y el diésel, pues pretenden, en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establecer las bases a través de las cuales se señalen los precios máximos al público de esa clase de hidrocarburos bajo condiciones de mercado, tomando como referente el precio internacional de esos combustibles, y en su caso, las diferencias en su calidad, los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo, así como las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. Por tanto, lo anterior revela que la naturaleza del acto reclamado en forma destacada, corresponde a la rama del derecho administrativo normada específicamente por el artículo 28 constitucional e incluso por la Ley Federal de Competencia Económica. En ese orden de ideas, se estima que corresponde su conocimiento a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, y no a este Juzgado Décimo de Distrito, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen. Cierto, sobre el tema es necesario conocer el contenido del artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo preceptuado por los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [.] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales." También conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." Con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN". Asimismo, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en el que en los puntos sexto y octavo se señala: [.]SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. [.] OCTAVO.- A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo[.] Lo anterior permite colegir que tratándose de actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo reproducido se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, que son los órganos creados exprofeso para conocer de temas relacionados con la competencia de factores económicos en sectores estratégicos del mercado, como sucede en el caso. Apoya la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, de rubro y texto siguiente : "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." Por ello, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer de la presente demanda de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima competente, de acuerdo con los motivos y los fundamentos expuestos. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo vigente, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se ordena remitir la demanda y sus copias al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, a quien se solicita el acuse de recibo respectivo, así como se informe si acepta o no la competencia planteada, dejando cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se provee. Así como señalando como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, así como en términos restringidos a todos los demás que menciona en su escrito inicial de demanda, por no contar con tal registro, y en términos restringidos a Gustavo Adolfo Olvera Rodríguez, por no contar con el requisito anterior. En otro tenor, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la misma ley, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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