Maria Cristina Ravelo Romo
Expediente 2182/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2182/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
- Maria Cristina Ravelo Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, por medio del cual, remite copia certificada del cheque número *** de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, expedido a nombre de ***, por la cantidad de $*** Con lo anterior, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Ahora bien, en relación a lo informado, requiérase a la quejosa para que dentro del término de setenta y dos horas contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a recoger el cheque correspondiente, debidamente identificada en las instalaciones de la Tesorería Municipal, en un horario de las diez a las catorce horas, de lunes a viernes. En ese contexto, se requiere a la autoridad hacendaria en cita, para que, en cuanto la parte quejosa comparezca a recoger el pago correspondiente, remita copia certificada de las constancias con las que lo acredite; ello, a fin de estar en condiciones de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; asimismo, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, téngase como sus delegados a las personas que mencionan, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indican. También, con fundamento en los artículos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecida a su favor la prueba documental que refiere, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la quejosa María Cristina Ravelo Romo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que se hizo consistir en la omisión de dictar la resolución en forma de laudo, dentro del juicio laboral 01/874/2011. De las constancias remitidas por la junta responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se dictó la resolución en forma de laudo, dentro del juicio laboral antes citado, mismo que fue notificado a las partes el dos de diciembre del año pasado. Luego entonces, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en dictar la resolución en forma de laudo, dentro del juicio natural, y éste ya se dictó y notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Cabe precisar que no es el caso en que se pudiera llegar a conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a ejecutar el laudo dictado dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado, ya que este Juzgado Federal considera que ello no es procedente, pues si bien es cierto, corresponde a los Presidentes de los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que, el actuar de dichos funcionarios está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo que, la prosecución de tal estadio procesal no es oficiosa, para la autoridad responsable, según lo establece el artículo 950 del código obrero . Lo anterior se estima así, ya que de lo contrario no tendría razón que en la propia Ley Federal de Trabajo se estableciera la figura jurídica de la prescripción de la acción de ejecución de los laudos cuando no exista impulso procesal de las partes, pues tal sanción procesal se impone a quien obtuvo un laudo favorable y no ha instado el procedimiento de ejecución dentro del término de dos años siguientes al en que se notificó de la resolución condenatoria, según lo establece el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo . De tal manera que corresponde a ella, en su carácter de parte trabajadora dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero, para que el fallo laboral sea acatado. Lo anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia 2ª. /J. 16/2011 (10ª) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil once, cuyo rubro es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." Máxime que el cumplimiento del laudo o convenio corresponde al presidente del tribunal correspondiente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo o convenio, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dieciocho minutos del veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito firmado por **, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizados. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene a **, por apersonado al presente juicio de amparo. Además, con apoyo en el numeral 27, fracción I, de la Ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para recibir y oír notificaciones el que indican en su escrito de cuenta. Por otra parte, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a **, lo anterior por no haber acreditado tener registrada su cedula y con facultades amplias a **, en razón de que se acreditaron tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, de fecha nueve de agosto de dos mil seis y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre del mismo año. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas antes mencionadas a imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de medios electrónicos a su favor, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que no ha sido remitido el informe justificado requerido a la junta responsable; sin embargo, del acuse que obra en autos, se desprende que sigue transcurriendo el término de quince días hábiles concedido para tal efecto. En consecuencia, atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese.
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