María Cristina Ramírez Sánchez
Expediente 1884/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1884/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María Cristina Ramírez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de seis de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible.I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de diciembre de dos mil veintidós. DESISTIMIENTO. Agréguese el escrito de cuenta a través del cual la quejosa *** desiste del juicio de amparo. Sin que haya lugar a emitir mayor proveído debido a que no se admitió a trámite la demanda de amparo, toda vez que por auto de seis de diciembre de dos mil veintidós se desechó de plano; de ahí que no hay instancia de la que desista la promovente....M-I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de diciembre de dos mil veintidós. VÍAS DE CUMPLIMIENTO. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Se tiene al Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo remitiendo copia certificada del auto de dos de diciembre pasado, mediante el cual, señaló las trece horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mi veintidós, para el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma admitida a la parte demandada en el juicio de origen. REQUERIMIENTO. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad oficiante para que, una vez que se lleve a cabo la diligencia antes referida remita copia certificada del resultado. Se le apercibe que, de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y la consignación.M-I
- Principal
...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejoso, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra un acto del Comité de Quejas Médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo, y su Presidenta, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1884/2022-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano. En efecto, al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad. La porción normativa citada establece Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. El texto reproducido es la expresión normativa del principio de definitividad que impera en el juicio de amparo en materia administrativa, conforme al cual, la acción de amparo es improcedente cuando, contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre y cuando, la ley que regule dicho medio de impugnación no requiera mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional y, por ende, previo a acudir a su tutela, debe agotar las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerza y sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si al pasar por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública o de la jurisdicción ordinaria en materia administrativa. En suma, el principio de definitividad impone al quejoso el imperativo de que, previamente a promover el juicio de amparo, acuda a los medios de impugnación en sede administrativa o jurisdiccional que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Se invoca como sustento, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, registro digital 187016; que establece: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. En relación con las leyes que rigen el acto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia P./J.3/2001, que son aquéllas que se encuentran estrechamente vinculadas con el mismo, porque establecen su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación; dicho criterio es visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 8, registro digital 190367; que es del tenor siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.- El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a leyes que rigen lo actos, no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo. En el caso la aquí quejosa reclama la sustanciación, aprobación y emisión de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro de recurso de reconsideración ***, del índice de la Comisión de Quejas Médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo. Sin embargo, tales actos son susceptibles de ser modificados, revocado o nulificado a través del juicio administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En relación a lo anterior, el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 3, fracciones XII y XIII, y penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, disponen, respectivamente, lo siguiente: Ley Federal de Procedimiento Administrativo: Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo: Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. Bajo ese contexto, se estima que, en la especie, se colma la causal de improcedencia a estudio, pues antes de instar esta vía constitucional la quejosa se encuentra obligada a agotar el juicio contencioso administrativo federal que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro de recurso de reconsideración ***, por la Comisión de Quejas Médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo, es un acto administrativo definitivo que conforme a los numerales transcritos, debe ser impugnado en sede administrativa ordinaria en comento, pues fue emitido por una autoridad de esa naturaleza, esto es, distinta de un órgano jurisdiccional o del trabajo. Además, es menester puntualizar que basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, para que el particular se encuentre obligado a agotar dicho recurso ordinario antes de acudir al amparo. Por tanto, compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocer de los juicios que se promuevan en contra de actos administrativos, entre otros, de aquellos dictados por las autoridades administrativas, como en el caso lo es la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro de recurso de reconsideración ***, reclamada. Ello, toda vez que dicha resolución es de naturaleza administrativa en tanto que es un acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de una potestad administrativa. En tales condiciones, si por una parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano con facultades de anulación y de plena jurisdicción, y por otra, la naturaleza del acto que nos ocupa es administrativa, resulta lógico, que es aquél, quien debe evaluar el mérito de tal resolución, al ser un acto de voluntad de la administración. Sustenta lo anterior, la tesis I.4o.A.511 A, emitida por el Cuarto Tribunal de Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXII, marzo 2006, página 2134, registro digital 175402, de rubro y contenido: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA RESOLVER SOBRE LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DE UN REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONAL DERIVADO DE UNA RESOLUCIÓN A UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. La resolución recaída a un recurso de reconsideración que niega una solicitud de reembolso de gastos médicos extrainstitucional es de naturaleza administrativa en tanto que es un acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de una potestad administrativa. Así las cosas y como, por una parte, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano dotado con facultades tanto de mera anulación como de plena jurisdicción y, por la otra, que la naturaleza del acto que nos ocupa es administrativa, es claro que aquél debe evaluar el mérito de tal decisión, al ser un acto de voluntad de la administración, calificando su legalidad o ilegalidad con la justificación pertinente, como un medio de evitar posibles visos de arbitrariedad, intolerable en un Estado de derecho. Asimismo, sustenta lo expuesto, la tesis aislada VII.2o.A.5 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2658, registro digital 2021502, de rubro y texto siguiente: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE QUEJAS MÉDICAS Y SOLICITUDES DE REEMBOLSO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2017. CONTRA SU RESOLUCIÓN PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. La resolución emitida en el recurso de reconsideración previsto en el Reglamento de Quejas Médicas y Solicitudes de Reembolso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 28 de abril de 2017, es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por encontrarse regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como lo señala el artículo 11 del propio reglamento, al tratarse de una determinación que pone fin al procedimiento, por ejemplo, al de reembolso solicitado por el derechohabiente. Lo anterior, porque si la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece que este órgano conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, entre los cuales se encuentran las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede el juicio contencioso administrativo contra la resolución emitida en el recurso de reconsideración, al encuadrar en esta última hipótesis normativa. En ese sentido, es evidente que, en contra tales determinaciones, es procedente el juicio contencioso administrativo. En otro sentido, en la contradicción de tesis 361/2014, la Segunda Sala del Máximo Tribunal dijo que tratándose del contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sirve de sustento, el criterio jurisprudencial 2a./J. 19/2015 (10a.) aprobado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783, registro digital 2008807; que es del tenor siguiente: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, ... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional .... Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances 2) los requisitos y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente) pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. En el caso, no se actualiza alguno de otros casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al no actualizarse ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, debió agotarse el medio de defensa ordinario en contra de la determinación que resolvió en definitiva el recurso de reconsideración de origen, previamente a instar este amparo. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por ***. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal, el ubicado en ***, en esta ciudad. Se tienen como autorizados de la quejosa, en términos amplios el artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ***. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la quejosa proporcionando los números telefónicos *** y ***, así como los correos electrónicos *** y *** para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a transitar hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 257, del Acuerdo mencionado, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, en la inteligencia de que, el personal de este órgano conservará el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito.M-I
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