María Cristina Ramírez

Expediente 808/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
808/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • María Cristina Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    ° mesa 6. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de julio de este año, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    +++(notificación por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa)mesa 6. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 808/2021. II. Expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. III. Análisis de la demanda. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. Dicho precepto, dispone que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano; tomando como base, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicia, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. En la especie, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de acuerdo con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos procesales causan un perjuicio de imposible reparación siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente algún derecho fundamental del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues los efectos negativos que pudieran causar esos actos no se destruirán con el solo hecho de obtener sentencia definitiva favorable. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo contra la última resolución que se dicte en el proceso de que se trate. Así, de la interpretación funcional del principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se colige que éste sólo procede contra actos verificados durante el procedimiento, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales; o bien, cuando se trate de la última resolución dictado en el procedimiento respectivo. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial, ni constituye la última resolución en ese procedimiento, sino la omisión de acordar una petición elevada dentro de un procedimiento jurisdiccional, en el cual no existe transgresión al artículo 8 Constitucional. Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar que la parte quejosa, reclama del: 1.- Juez Tercero de lo Familiar, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- AL C. JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. LE RECLAMO. En los términos del artículo 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, LA NEGACIÓN, LA OMISIÓN, LA FALTA DE TRAMITACIÓN DE ACORDAR, Y NOTIFICAR, la solicitud que formalmente realice a este juzgado tercero de lo familiar, en el Exp. Familiar *** Secretaria del índice de este Juzgado, el día diecinueve de febrero del año 2020, por escrito a través de mi defensor público adscrita a este Juzgado. 2.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. LE RECLAMO: En los términos del artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la falta representación, en virtud de que corresponde al Ministerio Público representar a la parte actora, en el Exp. Familiar *** Secretaría del índice de este Juzgado Tercero de lo Familiar." Ahora, del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa manifestó los siguientes antecedentes bajo protesta de decir verdad: ".Es el caso que con fecha diecinueve de febrero del año 2020, comparecí por medio de escrito promovido por la suscrita con el apoyo del defensor público adscrita a este Juzgado tercero de lo familiar, con número de expediente familiar *** SECRETARIA del índice de este Juzgado, y el día doce de julio del presente año 2021, me presente en la sede del Juzgado en cuestión, previa cita electrónica y el personal actuante del de este Juzgado tercero de lo familiar, y el Agente del Ministerio Público, adscrito a este mismo juzgado me informaron que mi escrito de fecha diecinueve de febrero del año 2020 aún no se encuentra acordado, indicando que debía volver al siguiente día es decir el día trece de julio del presente año 2021, atendiendo a lo indicado por el personal de este Juzgado volví el día trece de julio del corriente año 2021 y nuevamente me informaron que aún no hay acuerdo, exhortándome a volver el día viernes dieciséis próximo pasado, sin obtener respuesta favorable, esta ocasión diciéndome que no saben cuándo estarán en condiciones de acordar y notificarme la petición que formule por escrito, cumpliendo con las formalidades que exige la ley, quedando claro el actuar de las responsables, aún cuando en los medios de comunicación se ha informado que los alimentos, Guarda y Custodia y situaciones familiares que tengan que ver con alimentos y los menores serán atentados de manera prioritaria y urgente, lo cual es solo de dicho, pero no de hecho, es por lo anterior que se debe conceder a mi favor el amparo y protección de la justicia de la Unión." Aduciendo en su único concepto de violación que: "UNICO: Las autoridades responsables vulneran flagrantemente el derecho de petición y omisión consagrados en los artículos 8,17, y 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues corno ya se dijo, SE NIEGAN A NOTIFICAR EL ACUEDO RESPECTIVO; Se niegan a dar contestación al escrito presentado por la suscrita, a través de la C. DEFENSORA PUBLICA, no obstante que cumplí con los extremos que exigen dichos preceptos." De los antecedentes del acto reclamado y concepto de violación, que han quedado transcritos, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión de acordar y notificar el acuerdo recaído al escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, por parte del Juez Tercer de lo Familiar, con residencia en la ciudad de Oaxaca; acto en contra del cual, como se precisó, resulta improcedente la acción constitucional, dado que éste es un acto meramente procesal, el cual, por su naturaleza no afecta en forma directa e inmediata derecho sustantivo alguno en contra del impetrante de amparo, que no pueda subsanarse. Ello es así, pues al tratarse de una petición elevada dentro de un juicio, no puede vulnerarse el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de nuestra carta magna, si no que se trata de un acto dentro de un procedimiento seguido ante un tribunal jurisdiccional, que no puede ser reclamada de forma autónoma. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 8/2015(10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Así como la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente establece: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debi proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Por tanto, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovido por María Cristina Ramírez, por propio derecho. En el entendido que, este desechamiento se hace extensivo al diverso acto reclamado al Agente del Ministerio Público citado, porque de la lectura integral efectuada a la demanda, específicamente al apartado relativo al único concepto de violación vertido por la parte quejosa, se advierte que, el acto que se atribuye a dicha autoridad, se hace derivar de la omisión en que está incurriendo el juez responsable en no acordar y notificar el proveído relativo a la petición que le presentó en la fecha citada. No es óbice, el hecho de que el acto reclamado emane de una contienda de naturaleza familiar y que la peticionaria del amparo, aduzca derechos de manores, hipótesis en la cual, atendiendo a la suplencia de la queja instituida en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, debe considerarse lo más favorable al interés de ese menor; sin embargo, dicha suplencia no puede llegar al extremo de eximir a la parte quejosa de no cumplir con el principio de definitividad en que descansa este juicio, pues el mismo es de observancia obligatoria, sea cual fuere la materia. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción de tesis con los datos de localización rubro y texto siguientes: Registro digital: 2005039 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. l artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. IV. Correo electrónico y número telefónico. Se insta a las partes para que proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindarles atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. VI. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ***, en tanto que a la diversa persona que propone Demetrio Quiroz Cortes, únicamente para recibir notificaciones por no encontrarse registrado en el Registro de Profesionales del Derecho, con que cuenta el Poder Judicial Federal. Ahora, por lo que hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se tienen dichos medios para el único propósito de que este Juzgado pueda brindarle atención mediante esas herramientas tecnológicas; toda vez que dicho correo no se encuentra vinculado a algún usuario de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. VII. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las mismas, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página: 2847, tesis: I.3o.C.725C, Registro No. 167640, Novena Época, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. VIII. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. IX. Autorizaciones al actuario adscrito. Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal.

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