Maria Cristina Paulino Norberto

Expediente 1308/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1308/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Maria Cristina Paulino Norberto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Como de la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por ..., sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, devuélvanse al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, consistentes en toca II-322/2019 y juicio sumario familiar 526/2014, respecto de lo cual se solicita el acuse de recibo correspondiente, entendiéndose que de no hacerse llegar dentro del término de tres días legalmente computado, dichas constancias se tendrán por recibidas a entera satisfacción. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; además, se hace constar que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó la demanda de garantías, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de incompetencia 923/2019, mediante el cual informa que en proveído de veintidós de noviembre de la presente anualidad, dicha superioridad se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, ello, en atención a que el acto reclamado por la quejosa, no se trata de sentencia definitiva que decida el juicio en lo principal, o bien, resolución que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido, por lo que dicho acto no se encuentra en ninguno de los supuestos de procedencia del amparo directo. En atención a lo anterior, este Juzgado se AVOCA al conocimiento de la demanda de garantías promovida por -, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como a la Juez Segundo de Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número IV-1308/2019-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.-ACTO RECLAMADO: Lo es la RESOLUCION de fecha quince (15) de Octubre del año 2019. (dos mil diecinueve), dictada por el MAGISTRADO DE LA NOVENA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, dentro del toca apelatorio número -, el cual se deriva de la SENTENCIA DEFINITIVA que dictará el JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN, dentro del Juicio Ordinario Civil Número -. que sobre GUARDA Y CUSTODIA que promoviera el ahora tercero interesado -, y la ahora quejosa -." Ahora bien, haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencía que procede desecharla, ello en razón de ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 62 de la propia Ley. Para sustentar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que la afectada obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, del análisis del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de quince de octubre del presente año, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Michoacán, dentro del toca de apelación I-322/2019, a través de la cual dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro Michoacán, dentro del juicio ordinario civil -de su índice, promovido por -, en contra de la quejosa -, sobre guarda y custodia de la menor-, en la cual dicha autoridad señalada como ejecutora, determinó que la guarda y custodia de la menor en cita, quedaba a disposición del aludido -, asimismo, ordenó a la quejosa entregar en forma voluntaria a la infante, precisando que podría convivir con ella; en torno a ello, la autoridad de alzada resolvió dejar sin efectos la sentencia definitiva impugnada, ordenó el desahogo de una prueba pericial en materia de psicología, así como la emisión del dictamen correspondiente, para que una vez que se cumpla con lo anterior, se pronuncie un nuevo fallo en el que se resuelva respecto al fondo lo que en derecho proceda, en relación a la guarda, custodia y convivencia de la menor en cita; asimismo, precisó que continuará surtiendo efectos la custodia provisional de la multicitada infante, concedida previamente a la quejosa -. Atento a lo anterior, se desprende que el acto reclamado constituye un acto procesal, que no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, pues fue emitido dentro de un toca de apelación que resolvió el medio de impugnación interpuesto por ésta, en contra de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio sumarísimo familiar de origen sobre guarda y custodia de menor, en la que la autoridad señalada como responsable ejecutora Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, determinó que quedaba a cargo de -, por lo que la citada Paulino Norberto, debía hacer entrega voluntaria de la infante multireferida, fallo que fue revocado a efecto de que se desahogue diversa probanza, se emita el dictamen correspondiente, y se pronuncie nueva resolución en la que se determine en cuanto al fondo lo que en derecho proceda respecto de la guarda, custodia y convivencia de la menor afecta, de donde se infiere que la sentencia de primera instancia dejada sin efectos no le fue favorable a la quejosa, y en cuanto a la acción de guarda, custodia, así como convivencia que se dirime en el juicio de origen, respecto de la menor -, la autoridad ordenadora preciso que continua surtiendo efectos la custodia provisional de dicha infante concedida con anterioridad en favor de la quejosa, motivos por los cuales se evidencia que con la resolución impugnada, no se trastocan sus derechos sustantivos, sino sólo, y a lo más, sus posibilidades de defensa en juicio. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que la agraviada obtenga sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. En el caso, es necesario referir que el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la aquí quejosa, ésta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad, además, con los artículos 170 y 172 de Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, a contrario sensu; se DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS. Infórmese a las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su naturaleza, la prueba documental que adjunta a su escrito de demanda, sin perjuicio de que ésta sea relacionada en la audiencia próxima. Finalmente, se tiene a la quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para tal efecto a las personas que indica.";LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad precisada en la cuenta secretarial, a través del cual acusa recibo del diverso 7716 del índice de este Juzgado, y se da por enterado que se desechó la demanda de garantías interpuesta por -.

  4. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de incompetencia 923/2019, mediante el cual informa que en proveído de veintidós de noviembre de la presente anualidad, dicha superioridad se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, ello, en atención a que el acto reclamado por la quejosa, no se trata de sentencia definitiva que decida el juicio en lo principal, o bien, resolución que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido, por lo que dicho acto no se encuentra en ninguno de los supuestos de procedencia del amparo directo. En atención a lo anterior, este Juzgado se AVOCA al conocimiento de la demanda de garantías promovida por -, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como a la Juez Segundo de Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número IV-1308/2019-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.-ACTO RECLAMADO: Lo es la RESOLUCION de fecha quince (15) de Octubre del año 2019. (dos mil diecinueve), dictada por el MAGISTRADO DE LA NOVENA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, dentro del toca apelatorio número -, el cual se deriva de la SENTENCIA DEFINITIVA que dictará el JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN, dentro del Juicio Ordinario Civil Número -. que sobre GUARDA Y CUSTODIA que promoviera el ahora tercero interesado -, y la ahora quejosa -." Ahora bien, haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencía que procede desecharla, ello en razón de ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 62 de la propia Ley. Para sustentar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que la afectada obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, del análisis del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de quince de octubre del presente año, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Michoacán, dentro del toca de apelación I-322/2019, a través de la cual dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro Michoacán, dentro del juicio ordinario civil -de su índice, promovido por -, en contra de la quejosa -, sobre guarda y custodia de la menor-, en la cual dicha autoridad señalada como ejecutora, determinó que la guarda y custodia de la menor en cita, quedaba a disposición del aludido -, asimismo, ordenó a la quejosa entregar en forma voluntaria a la infante, precisando que podría convivir con ella; en torno a ello, la autoridad de alzada resolvió dejar sin efectos la sentencia definitiva impugnada, ordenó el desahogo de una prueba pericial en materia de psicología, así como la emisión del dictamen correspondiente, para que una vez que se cumpla con lo anterior, se pronuncie un nuevo fallo en el que se resuelva respecto al fondo lo que en derecho proceda, en relación a la guarda, custodia y convivencia de la menor en cita; asimismo, precisó que continuará surtiendo efectos la custodia provisional de la multicitada infante, concedida previamente a la quejosa -. Atento a lo anterior, se desprende que el acto reclamado constituye un acto procesal, que no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, pues fue emitido dentro de un toca de apelación que resolvió el medio de impugnación interpuesto por ésta, en contra de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio sumarísimo familiar de origen sobre guarda y custodia de menor, en la que la autoridad señalada como responsable ejecutora Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, determinó que quedaba a cargo de -, por lo que la citada Paulino Norberto, debía hacer entrega voluntaria de la infante multireferida, fallo que fue revocado a efecto de que se desahogue diversa probanza, se emita el dictamen correspondiente, y se pronuncie nueva resolución en la que se determine en cuanto al fondo lo que en derecho proceda respecto de la guarda, custodia y convivencia de la menor afecta, de donde se infiere que la sentencia de primera instancia dejada sin efectos no le fue favorable a la quejosa, y en cuanto a la acción de guarda, custodia, así como convivencia que se dirime en el juicio de origen, respecto de la menor -, la autoridad ordenadora preciso que continua surtiendo efectos la custodia provisional de dicha infante concedida con anterioridad en favor de la quejosa, motivos por los cuales se evidencia que con la resolución impugnada, no se trastocan sus derechos sustantivos, sino sólo, y a lo más, sus posibilidades de defensa en juicio. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que la agraviada obtenga sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. En el caso, es necesario referir que el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la aquí quejosa, ésta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad, además, con los artículos 170 y 172 de Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, a contrario sensu; se DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS. Infórmese a las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su naturaleza, la prueba documental que adjunta a su escrito de demanda, sin perjuicio de que ésta sea relacionada en la audiencia próxima. Finalmente, se tiene a la quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para tal efecto a las personas que indica.

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