María Cristina Padilla González
Expediente 517/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
Partes del expediente
- María Cristina Padilla González
- Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el once de agosto de dos mil veinte, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. La reanudación de los plazos tendrá lugar en el punto en que se quedaron pausados, de manera que no implica su reinicio. Agréguese a los autos el informe justificado del Presidente Auxiliar y del Secretario de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y hagan uso de sus derechos. Ahora bien, de la demanda de amparo se puede apreciar que el acto reclamado en el juicio constitucional, se hizo consistir en la omisión de proveer o acordar el escrito presentado el ocho de enero de dos mil veinte, ante la responsable, en el que promovió lo siguiente:1) Revocó los anteriores apoderados designados y domicilios procesales señalados, asimismo, nombró nuevos apoderado y domicilio para recibir notificaciones; 2) Aclaró y amplió su escrito inicial de demanda laboral; 3) Solicitó se girara oficios a diversas dependenciaspara la localización de la parte demanda; 4) ofreció pruebas; y 5) solicitó se fijara hora y fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, de las constancias que en copia certificada remite la autoridad oficiante, se advierte que el trece de marzo del año en curso, se dio contestación a su escrito presentado y en esa misma fecha resolvió sobre los puntos propuestos por la quejosa y señaló las catorce horas del tres de septiembre de dos mil veinte, como nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, documental que merece valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional advierte que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional. Ello porque como se dijo en líneas anteriores, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de proveer su escrito presentado el ocho de enero de dos mil veinte, y de la constancia en comento se advierte que el trece de marzo de la presente anualidad se proveyó lo conducente. De ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En el entendido de que las causas de sobreseimiento contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo.
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