María Cristina Olvera Torrres

Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
467/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • María Cristina Olvera Torrres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 7581/2022, procedente del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que adjunta el juicio de amparo 41/2022-I-A de su índice (así como el original y duplicado de los cuadernos incidentales y un cuaderno de antecedentes formado con constancias de diversos juicios), promovido por ... al considerar que no corresponde a ese órgano federal conocer del mismo por razón de turno, en virtud de que se encuentra relacionado con el juicio de amparo 467/2021 de la estadística de este Juzgado de Distrito. Acúsese recibo de estilo a la autoridad declinante; asimismo, infórmesele que este órgano federal se avoca al conocimiento del asunto. Atendiendo a los argumentos plasmados en la misiva de cuenta, previa copia certificada que se deje en autos, remítanse los originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, esto es: ( Los autos originales del juicio de amparo 41/2021-I-A y; ( Original y Duplicado de los cuadernos incidentales. Lo anterior, para que por su conducto los haga llegar a este juzgado, asignando el turno correspondiente. Ello, en atención a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario oficial de la Federación, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, a fin de equilibrar las cargas de trabajo. Finalmente, respecto del anexo consistente en el cuaderno de antecedentes formado con las constancias de diversos juicios de amparo, devuélvase al homólogo de referencia, toda vez que dichas constancias no forman parte del juicio que remite, ya que únicamente sostienen su incompetencia por returno administrativo, sin solicitar acuse de recibo, pues como tal se tendrá la constancia respectiva Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de terminada de engrosar el diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal en el juicio, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, este juicio de amparo es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Al resultar innecesaria la conservación de los tres tomos de pruebas remitidos respectivamente por la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (tomo uno de pruebas) y el Juez Trigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México (tomo dos y tres de pruebas), devuélvanseles, sin que haya necesidad de solicitar los acuses de recibo correspondiente, pues como tal se tendrán las constancias en las que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 467/2021; y, R E S U L T A N D O : ÚNICO. Previa prevención, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se admitió demanda de amparo promovida por . tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Los actos reclamados se hacen consistir en un retardo injustificado de: a. Resolver la causa penal 37/2020. b.Practicar las notificaciones a trescientos cuarenta y seis ofendidos en dicha causa, derivado de lo ordenado en el toca penal 41/2019. 1 De autos se advierte que María Cristina Olvera Torres, actúa en representación de Pedro Álvarez Hernández y Javier Hernández Arellano, por lo que se le tiene promoviendo con dicha calidad. 2 Sin que haya lugar a tomar como quejoso a la persona de nombre Miguel Medina Chávez, ya que como se encuentra probado en autos, se trata de una persona que falleció desde el doce de abril de dos mil quince, por lo que a la presentación de la demanda, es evidente que se trató de accionar a su nombre sin alguna representación. Lo cual se atribuye, al Juez Trigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México; y, c. Resolver el toca penal 41/2019. Lo que se reclama de los magistrados que integran la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El magistrado presidente de la sala penal, negó el acto atribuido, precisado en el inciso c), pues al respecto manifestó que el dos de julio de dos mil diecinueve, se recibieron los autos de la causa penal de referencia, con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la determinación de veintisiete de mayo de ese año, en que se negó la orden de aprehensión solicitada en contra de diversas personas, dictándose resolución el veinte de enero de dos mil veinte, que ordenó la reposición del procedimiento; de ahí que no exista el retardo atribuido, habida cuenta que, anterior a la presentación de la demanda (dos de junio de dos mil veintiuno), ya se había resuelto, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, el juez de la causa fue omiso en pronunciarse respecto de los actos identificados en los incisos a) y b), consistentes en el retardo en resolver la causa penal en comento y practicar las notificaciones a trescientos cuarenta y seis ofendidos en dicha causa, derivado de lo ordenado en el toca penal 41/2019, respectivamente, por lo que deberá tenerse por ciertos, pues pese a que al juez no le corresponde la ejecución material de las notificaciones, como órgano rector y responsable del proceso, está obligado a vigilar la buena marcha de éste y verificar que se realice en los plazos señalados en la ley. Lo que se constata de las documentales enviadas, que por tener el carácter de públicas, adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, motivo por el cual se tienen probados. TERCERO. No obstante la existencia de los actos reclamados, respecto de los quejosos .. se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica: El juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que resiente la afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, salvo las excepciones enmarcadas en la propia ley de la materia. Es decir, sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En ese orden, respecto de la demanda promovida por ., no se actualiza el principio de instancia de parte agraviada Lo anterior es así, puesto que los citados promoventes no tienen legitimación activa en términos de la Ley de Amparo para instar la acción constitucional, ya que de autos no se encuentra probado que sean trabajadores de la extinta empresa de autotransporte público de pasajeros denominada Ruta 100 o que actúen en su representación, por lo que no tienen probada su calidad de querellantes, víctimas u ofendidos en la causa penal de la que derivan los actos reclamados y, por ende, que resientan una afectación con los mismos, condición necesaria para controvertir las decisiones que les afecten directamente sus derechos fundamentales, esto es, conocer la verdad del hecho, solicitar que el delito no quede impune y se sancione al culpable, a fin de obtener, en su caso, la reparación del daño; lo anterior, pues al ser parte en el procedimiento penal, adquieren un interés directo en la defensa de los actos y etapas del juicio, lo que como se dijo, no se encuentra probado en el presente asunto. De ahí que, la norma es clara en los citados preceptos: la legitimación para promover el amparo está acotada a que sea directamente la persona física a quien afecte la ley general o el acto reclamado, esto es, quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la legislación, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en su artículo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante legal o apoderado, lo que en el caso no se actualiza, pues se itera, no cuentan con el carácter de querellantes, víctima u ofendidos dentro de la causa penal de la que emanan los actos reclamados. Por tanto, procede sobreseer en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. CUARTO. En relación a los actos identificados en los incisos a) y b), consistentes en el retardo en resolver la causa penal en comento y practicar las notificaciones a trescientos cuarenta y seis ofendidos en dicha causa, derivado de lo ordenado en el toca penal 41/2019, que reclaman los diversos quejosos .. en representación de . se precisan los siguientes antecedentes que se desprenden de las constancias remitidas, así como de los juicios de amparo 142/2013 y 1153/2016 del índice de este juzgado. Los quejosos fueron trabajadores de la extinta empresa de autotransporte público de pasajeros denominada Ruta 100, dicha empresa fue disuelta por resolución de quiebra decretada por un Juzgado Civil del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), lo que originó que se suscitaran diversos problemas, pues los trabajadores se vieron afectados al perder su fuente de empleo, por lo que, después de varias pláticas que sostuvieron con autoridades del otrora Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), llegaron a un acuerdo político, el cual consistía en que se les iban a otorgar diversas concesiones para que pudieran explotar el servicio público de pasajeros, para lo cual los representantes de los trabajadores les propusieron la creación de un fideicomiso, en el cual podían dar sus aportaciones y con posterioridad se vieran reflejadas en su economía, ya que se crearían varias empresas para explotar las concesiones y la adquisición de diversos vehículos para el transporte público de pasajeros; sin embargo, al no ver reflejada ganancia alguna y, sentirse defraudados, presentaron sus querellas respectivas. Se dice que antes de dichas querellas, se instauró un juicio mercantil, en el que se condenó a las empresas de autotransporte que fueron creadas para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, en atención al fideicomiso de mérito, a rendir cuentas a los trabajadores. Una vez que se presentaron las querellas respectivas, se desahogaron diversas diligencias y probanzas, la representación social ejerció acción penal en contra de los inculpados, en la averiguación previa .. y sus acumuladas .., de la cual tocó conocer al Juzgado Cuadragésimo Séptimo, bajo la causa penal 86/2009, posteriormente el extinto Juzgado Trigésimo Séptimo, bajo el número 260/2018 y ahora el Juzgado Trigésimo Quinto, en la causa penal 37/2020, todos Penales de esta ciudad. Sin embargo, en diversas ocasiones se ha negado librar orden de aprehensión, siendo la última - según se desprende de constancias- la que da origen al presente asunto, ya que mediante resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el juez de la causa negó la orden de aprehensión solicitada por la representación social contra diversos inculpados, por su probable responsabilidad en la comisión de fraude genérico. En su contra, la representación social y .., en su calidad de víctima y en representación de veintiún ofendidos más, interpusieron recurso de apelación, que correspondió conocer a la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el toca 41/2019, quien mediante ejecutoria de veinte de enero de dos mil veinte, determinó: PRIMERO. Se ordena la reposición del procedimiento a partir del día siguiente a la emisión de la resolución impugnada, debiéndose: 1. Dejar subsistentes exclusivamente las notificaciones hechas a los ofendidos enlistados en el considerando V (a páginas 78 y 79 de esta resolución) 2. Practicar las notificaciones del resto de los 346 trescientos cuarenta y seis ofendidos de manera personal en los términos que marca la legislación procesal, y sólo para el caso de que sea incorrecto o no se encuentre el domicilio del ofendido que se trate, o que éste se halle fuera de la jurisdicción de este tribunal, será válida la notificación por estrados; en cuyo caso deberá dejarse constancia de los intentos de notificación y búsqueda por parte del o los actuarios responsables. Al llevar a cabo lo anterior, también se deberá levantar el padrón de los ofendidos a notificar con los lineamientos marcados en el considerando V 3. Pronunciarse sobre la admisión de los recursos de apelación que, en su caso, los ofendidos -que así lo deseen interpongan 4. Dejar subsistentes las admisiones de los recursos de apelación ya emitidos en el momento oportuno o como consecuencia de la queja relacionada con este toca. 5. Continuar con el trámite que en derecho proceda. El veintisiete de enero de dos mil veinte, el juez del conocimiento, ordenó se diera cumplimiento a lo ordenado, por lo que una vez hecho lo anterior, remitió los autos nuevamente al tribunal de alzada; sin embargo, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, éste consideró que no se encontraban practicadas de manera correcta las notificaciones a los trescientos cuarenta y seis ofendidos, por lo que se debía acatar lo establecido en el capítulo de notificaciones previsto en la ley adjetiva. Así, el a quo en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, ordenó se certificara el estado procesal y levantara un padrón de los trescientos cuarenta y seis ofendidos que se encontraran pendientes de notificar, ya sea de manera personal o por exhorto, siendo que a la fecha en que se resuelve este asunto, no se ha concluido con el emplazamiento ordenado. La parte quejosa aduce que el retardo en resolver de fondo la causa penal de origen -lo que constituye el acto reclamado en este sumario-, es injustificado y violatorio de lo dispuesto en los artículos 1° y 17 constitucionales, ya que no se ha obtenido justicia pronta y efectiva. Es infundado lo esgrimido por la parte quejosa. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, establece lo siguiente: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) El precepto transcrito, reconoce a favor de los justiciables, entre otras, el derecho fundamental de seguridad jurídica relacionado con el acceso a la impartición de justicia, que se rige por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. El principio de justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, o de aquellas que materialmente realizan funciones jurisdiccionales, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes respectivas.3 En ese sentido, las autoridades tienen la obligación de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador y, en el caso que los ordenamientos no los establezcan, las autoridades necesariamente deberán realizar dichos actos dentro del término estrictamente necesario a fin de realizar las diversas etapas procesales que correspondan, sin que dichos plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. La Corte Interamericana al analizar lo que debe entenderse por plazo razonable, ha sido enfática en establecer que debe estudiarse a. la complejidad del asunto, b. la actividad procesal del interesado, y c. la conducta de las autoridades judiciales, el Tribunal 3 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 192/200714, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve4. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que para valorar si es razonable o no el plazo transcurrido en un proceso penal, como en el caso, para emplazar a más de trescientos ofendidos, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: a. la complejidad del asunto; b. la actividad procesal del interesado, y c. la conducta de la autoridad judicial y de otras que participen en el juicio. Respecto a la complejidad del asunto deberá analizarse, entre otras muchas cuestiones, la dificultad o complejidad de emplazar a trescientos cuarenta y seis ofendidos, pues es evidente que de la fecha de ocurridos los hechos a esta data, han fallecido varios, como se constata de este juicio y del diverso 142/2013 del índice de este juzgado, o que no cuentan con el mismo domicilio; así como el tiempo transcurrido desde que ordenó su emplazamiento el tribunal de alzada, la emergencia sanitaria en la que aún nos encontramos y el contexto en el que por esa razón se deben llevar a cabo las notificaciones. En relación con la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, se tendrá que estudiar tanto la conducta de los ofendidos en 4 Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 155. el proceso, en donde prima su derecho a conocer la verdad, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y el accionar de otras autoridades que pudieran influir en el trámite del asunto. Así, tenemos que la actuación del juzgador ha sido diligente y el tiempo que se ha llevado para el emplazamiento de varios ofendidos se debe al respeto y protección del derecho que les asiste a conocer la verdad del hecho, solicitar que el delito no quede impune y se sancione al culpable, a fin de obtener, en su caso, la reparación del daño, pues se constata que el juez ha llevado a cabo todas las actuaciones procesales necesarias para respetar ese derecho, sin la intención de alargar el procedimiento. Esto, porque en el caso, se desprende que el juez del conocimiento, recibió los autos de la averiguación previa de origen el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve y, el veintinueve de mayo siguiente negó la orden de aprehensión solicitada, esto es, dentro del término de diez días que establece el artículo 286 bis del Código de Procedimientos Penales aplicable; resolución contra la que se interpuso recurso de apelación y el tribunal de alzada, estimó procedente reponer el procedimiento en los términos que quedaron anotados. Además, el juez de la causa ha velado en dar cumplimiento a lo ordenado, esto es, no se denota una total falta de interés y actitud pasiva, para recabar lo solicitado, ya que desde el veintisiete de enero de dos mil veinte, en que recibió la resolución del tribunal de alzada ordenó se diera cumplimiento, por lo que al considerar que lo había hecho, remitió los autos nuevamente al tribunal; sin embargo, por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, éste consideró que no se encontraban practicadas de manera correcta las notificaciones a los trescientos cuarenta y seis ofendidos, por lo que se debía acatar lo establecido en el capítulo de notificaciones previsto en la ley adjetiva. Así, el a quo en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, ordenó se certificara el estado procesal y levantara un padrón de los trescientos cuarenta y seis ofendidos que se encontraran pendientes de notificar, ya sea de manera personal o por exhorto, siendo que hasta el momento en que rindió su informe y remitió las constancias respectivas como justificación, se constata que ha actuado constantemente para emplazar a los ofendidos en los términos que le fueron indicados, esto es, ordenar notificar personalmente a las personas cuyo domicilio se encuentra en esta Ciudad; girar los exhortos necesarios a diferentes estados de la República Mexicana para cumplir con su objetivo; y, recabar las comparecencias de diversos ofendidos que ha sido su deseo interponer recurso, a pesar de que derivado de la emergencia sanitaria, se han limitado los servicios en todos los ámbitos, por lo que una vez que concluya, lo cual desde luego, no podrá ser eterno, se deberá continuar con la secuela procesal y en su oportunidad, el tribunal de alzada se encontrará en aptitud de resolver el recurso propuesto. En suma, del relato de las constancias que se tienen del proceso penal se puede advertir que el juzgador ha actuado en los términos que le fueron ordenados, en plazos razonables e instruyó se lleven a cabo las diligencias de notificación lo más expeditamente posible de conformidad con las labores del juzgado, con el objetivo en todo momento de respetar y proteger el derecho de los quejosos. Así, se advierte, que el acto reclamado consistente en el retardo en resolver de fondo la causa penal de origen, así como de practicar las notificaciones a diversos ofendidos, no es injustificado como lo considera la parte quejosa, en la medida que la reposición del procedimiento ordenada por su superior, le ha impedido continuar la marcha del proceso, aunado a la cantidad de ofendidos que se tiene que emplazar, la cuestión de temporalidad en sí misma no puede estimarse de manera aislada para considerar afectación a la garantía de justicia pronta y expedita, pues no se trata de un supuesto imputable al órgano jurisdiccional. Esto es así, pues la procedencia de la reposición de procedimiento no depende de la eventual duración prolongada o no del proceso; su finalidad es subsanar cuando así se justifica racionalmente, las irregularidades procesales que impiden arribar al fin de todo proceso que es el de esclarecer los hechos materia de imputación y controversia, es decir, resolver de fondo un conflicto social suscitado mediante la comisión presunta de un delito; conflicto que potencialmente repercute en los derechos no sólo de los sujetos directamente vinculados al hecho indagado y al procedimiento (imputado, víctimas u ofendidos y fiscalías), sino de la sociedad entera dado que dicho seguimiento es de orden público y consecuentemente de interés social. Por tanto, los derechos de acceso a la justicia, conocimiento de la verdad, certeza jurídica, eventual resarcimiento o reparación del daño y legalidad en la aplicación de la ley en un estado democrático, constituye un contexto que delimita la importancia de la consecución de los fines del proceso penal, de modo que mientras su dilación atienda al respeto de los derechos en él involucrados y sin que exista causa de extinción legal, éste deberá llevarse y culminarse por todos los causes necesarios, aun y cuando ello implicara una dilación adicional. En consecuencia, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. QUINTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio, por los motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ., en representación de . contra los actos que reclaman del Juez Trigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. TERCERO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por la impetrante ...representante de la parte quejosa en términos del ordinal 13 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita: Se autorice y se fije fecha y hora para realizar la consulta del expediente por cuatro quejosos y se notifique lo anterior, de manera personal. Copia certificada de todo lo actuado en este sumario. Se les conceda audiencia con el titular de este juzgado a efecto de hacerle de su conocimiento diversas causas que han ocurrido a efecto de resolver este asunto. Atento a lo anterior, dígase a la promovente que por lo que respecta a sus solicitudes, deberá estarse a lo acordado en proveído de treinta de julio del año en curso, en el que, por una parte, se dijo que los autos de este sumario, se encuentran a la vista de las partes y podrán consultarlo físicamente cuando lo crean oportuno; no obstante, para ello deberán atender a los requisitos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para su obtención, esto es, agendar una cita en un horario comprendido de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresando a la página serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Cabe destacar que en el artículo tercero del citado acuerdo general se prevé que solamente podrá ingresar la persona que haya agendado la cita y, en su caso, una más que se encuentre autorizada en este expediente, no así los cuatro quejosos que alude, esto, atendiendo a la contingencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país. Sin embargo, al encontrarse celebrada la audiencia constitucional, podrán consultar el expediente, una vez que se emita la sentencia correspondiente. De igual manera, se le dijo y, reitera, que en relación a la solicitud de que este acuerdo, se notifique de manera personal a la parte quejosa, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que la notificación del presente proveído no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas dentro de las notificaciones que deban efectuarse en forma personal, de conformidad al artículo 26 de la Ley de Amparo; lo cual no ocurrirá con la sentencia que se emita, ya que esa será notificada de manera personal, en el domicilio que al efecto se haya señalado. Además, de lo anterior, los acuerdos se publican mediante lista que se publica en los estrado de este juzgado y en la entrada del edificio donde se ubica este órgano jurisdiccional, en caso de no tener acceso al expediente electrónico como lo señala. De igual forma, por cuanto hace a la solicitud para que se le conceda audiencia para hablar con el juez a efecto de "hacerle de su conocimiento diversas causas que han ocurrido a efecto de resolver de fondo de la causa penal 37/2020", reitérese que deberá dirigir su solicitud al correo institucional de este órgano jurisdiccional (2jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx), donde habrá de expresar las razones de su comparecencia y, por ese medio se le dará contestación. Ahora bien, con relación a su solicitud de copias certificadas de todo lo actuado en este sumario, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las reproducciones que solicita, previa identificación y firma que por su recibo obre en autos para constancia legal y, una vez que se emita la sentencia correspondiente, ya que celebrada la audiencia constitucional, se encuentra en estado de resolución y no se permite la consulta del expediente ni su fotocopeado. En el entendido, que para el trámite de entrega de copias, deberá agendar una cita en el portal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en los términos indicados en los párrafos que anteceden. Notifíquese.

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