María Cristina Muñoz Monroy
Expediente 206/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María Cristina Muñoz Monroy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 230 a 233), se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de inconformidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, por tanto, debe tenerse por consentido el mismo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro número uno, relativo al registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de depuración, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva). En su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Notifíquese. (1)
- Principal
Por este medio se notifica a los tercero intreresados: el acuerdo de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido los avisos de fecha dos de enero año en curso, mismo que dice: Vistos los autos, en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la quejosa María Cristina Muñoz Monroy, en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Mediante sentencia de tres de octubre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa María Cristina Muñoz Monroy, para los efectos siguientes: "[. ] En las relatadas condiciones, al resultar el acto reclamado violatorio de la garantía de acceso a la justicia, que el artículo 17 constitucional consagra en favor de la amparista, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para que el Agente Primero del Ministerio Público Investigador del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: I. Inmediatamente a que cause ejecutoria esta sentencia, deberá: Revisar las actuaciones de la averiguación previa y ordenar la práctica de las diligencias que se encuentren pendientes o bien, considere necesario su desahogo las que deberán celebrarse dentro del plazo de un mes contados a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, el cual este juzgado considera prudente y el estrictamente necesario para recabar los elementos de convicción correspondientes y su desahogo, de lo contrario, de inmediato determine el ejercicio o no ejercicio de la acción penal; esto es, debe efectuar todas las diligencias tendentes a agotar la investigación que realiza y allegarse de los elementos de convicción que le permitan ejercer la acción que corresponda y, sólo en caso de que no poder hacer ese pronunciamiento dentro del plazo otorgado, deberá emitir una resolución debidamente fundada y motivada en que justifique su imposibilidad material o jurídica, o bien, exponga las razones de su dilación." (Foja 135). Por oficios 1796 y 1865, el Agente Primero del Ministerio Público Investigador de esta localidad, adjuntó copia certificada de las constancias relativas a la averiguación previa penal 159/2016, de su estadística de las que se desprende la determinación de ocho de diciembre del año en curso, en la que ejercitó acción penal en contra de Román Lozano Terán. Con ellas, se dio vista de manera personal a las partes de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo (foja 219). Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se estima que el fiscal responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196, de la ley de la materia, por lo que enseguida se explica. Primeramente, es necesario reiterar que los efectos de la sentencia protectora concedida por este juzgado fueron para que el Agente Primero del Ministerio Público Investigador en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de la averiguación previa 159/2016, realizara lo siguiente: 1. Dar celeridad a la averiguación previa, ordenando la práctica de las diligencias que se encontraran pendientes o bien, considera necesario su desahogo, es decir, se realizaran las investigaciones necesarias para allegarse de los elementos de convicción que le permitieran ejercer la acción que corresponda. 2. Emitir una determinación dentro del plazo otorgado de un mes, debidamente fundada y motivada, y sólo en caso de no poder hacer ese pronunciamiento dentro del plazo otorgado justificara su imposibilidad material o jurídica, o bien expusiera las razones de su dilación. De la misma manera, en las consideraciones de la sentencia de amparo, se hizo alusión a que si bien el agente investigador responsable el veinticinco de mayo del año en curso, a petición de la ofendida -aquí quejosa María Cristina Muñoz Monroy-, citó a los indiciados Román Lozano Terán y Pedro Alberto Ramos Salinas, para que se presentaran ante dicha fiscalía a efecto de que rindieran sus declaraciones como probables responsables, lo cierto era que a la fecha en que se dictó la sentencia de amparo -tres de octubre de dos mil dieciséis-, aun no se habían llevado a cabo las citadas declaraciones, por lo que se advertía renuencia de la responsable para impulsar las investigaciones correspondientes. Bajo ese contexto, de la determinación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 214 a 217), se desprende que el Agente Primero del Ministerio Público Investigador por Ministerio de Ley, con residencia en esta localidad, se allegó de los elementos de convicción que consideró necesarios para ejercitar acción penal en contra de Román Lozano Terán. Para llegar a esa conclusión, giró los oficios necesarios en los que citó a los indiciados Román Lozano Terán, y Pedro Alberto Ramos Salinas, para que comparecieran a dicha fiscalía a rendir su declaración ministerial, y al no acudir a la cita, levantó la constancia de no asistencia. Posteriormente, llevó a cabo las declaraciones informativas de Fernando Francisco Montemayor Herrera y Pedro Pablo Muñoz Gurrola, y con tales pruebas tuvo por acreditado el cuerpo del delito de fraude, previsto por el artículo 417 y sancionado por el numeral 419 fracción I del Código Penal vigente en el Estado de Tamaulipas, y ejercitó acción penal en contra de Román Lozano Terán. Por cuanto al indiciado Pedro Alberto Ramos Salinas, con fundamento en el artículo 112, tercer párrafo del Código de Procedimientos Penales en el Estado, se reservó el derecho de ejercer acción penal en su contra por el delito de fraude, así como de los delitos que pudieran resultar, virtud de que no había sido posible recabar su declaración ministerial por no contar con domicilio para localizarlo, dejando la causa abierta. Asimismo, resolvió ejercitar acción penal en contra de Román Lozano Terán, por aparecer como probable responsable en la comisión del delito de fraude, previsto por el artículo 417 y sancionado por el numeral 419 fracción I del Código Penal Vigente en el Estado, cometidos en agravio de María Cristina Muñoz Monroy; de igual forma, ordenó remitir el sumario previo penal número 159/2016, al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado. Finalmente, mediante oficio 1865, comunicó que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal, se declaró incompetente en razón de grado, y remitió los autos al Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial de esta localidad, remitiéndole las constancias antes aludidas. Ahora bien, de un análisis de los antecedentes narrados, se advierte que la ejecutoria de amparo fue cumplida. En ese sentido, respecto del punto 1, se tiene que el juez responsable recabó las pruebas que estimo necesarias para emitir su determinación, en contra de Román Lozano Terán, esto es, giró los oficios necesarios en los que citó a los indiciados Román Lozano Terán, y Pedro Alberto Ramos Salinas, para que comparecieran a dicha fiscalía a rendir su declaración ministerial; posteriormente, llevó a cabo las declaraciones informativas de Fernando Francisco Montemayor Herrera y Pedro Pablo Muñoz Gurrola. Por cuanto al indiciado Pedro Alberto Ramos Salinas, con fundamento en el artículo 112, tercer párrafo del Código de Procedimientos Penales en el Estado, se reservó el derecho de ejercer acción penal en su contra por el delito de fraude, así como de los delitos que pudieran resultar, virtud de que no había sido posible recabar su declaración ministerial por no contar con domicilio para localizarlo, dejando la causa abierta. Respecto al punto 2, resolvió ejercitar acción penal en contra de Román Lozano Terán, por aparecer como probable responsable en la comisión del delito de fraude, previsto por el artículo 417 y sancionado por el numeral 419 fracción I del Código Penal Vigente en el Estado, cometidos en agravio de María Cristina Muñoz Monroy. Además, debe destacarse que este tribunal considera que la responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que no se extralimitó en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, sino que, como se le ordenó, emitió una determinación en la que expuso sus razones y fundamentos para resolver en la forma en que lo hizo; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió con el fin ordenado en la ejecutoria de derechos fundamentales, esto es, ordenó la práctica de las diligencias que se encontraban pendientes, recabando los elementos de prueba que considero necesarios, y que se han mencionado con anterioridad, por lo que se estima la sentencia de amparo fue cumplida. Por otra parte, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentida. Finalmente, gírese oficio a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales procedentes.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LOS TECEROS INTERESADOS PEDRO ALBERTO RAMOS SALINAS Y RAMÓN LOZANO TERÁN: Nuevo Laredo, Tamaulipas, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos, el oficio signado por el Agente Primero del Ministerio Público Investigadora por Ministerio de Ley, en Nuevo Laredo, por medio del cual aduce dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, legalmente computados, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de su contenido, de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y con los datos aportados por la autoridad responsable. Finalmente, dígase a la actuaria adscrita a este juzgado de distrito, que obtenga fotocopias simples de las constancias que remite la autoridad oficiante, con las que trata de dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los presentes autos, para que al momento de la notificación corra traslado con las mismas a las partes. Notifíquese personalmente. " (1)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por el Agente Primero del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, y aclara que ejercitó acción penal en contra de Román Lozano Terán, como probable responsable en la comisión del delito de fraude, previsto por el artículo 417 y sancionado por el numeral 419, fracción I del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de María Cristina Muñoz Monroy, asimismo, remite copia certificada del oficio mediante el cual hizo la citada aclaración al Juez Primero de Primera instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta localidad. Por tanto, a fin de que pueda analizarse el cumplimiento total de la sentencia de amparo, y respetando el principio de congruencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, requiérase al Agente Primero del Ministerio Público Investigadora en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo, para lo cual deberá dejar insubsistente la determinación de veintisiete de octubre del año en curso, emitida en la averiguación previa 159/2016, y en su lugar, inmediatamente emita otra resolución en la que subsane los errores que señala en su oficio de cuenta; deberá remitir copia certificada de las constancias que lo justifiquen, a fin de hacerlo del conocimiento de las partes. En el entendido de que sigue subsistente el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de noviembre del año en curso (fojas 186 a 190). En sustento a lo anterior, se cita la tesis número 2a. VIII/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1520, libro 3, febrero de 2014, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que reza: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: 'La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.', se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." Notifíquese.
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