Maria Cristina Martinez Moreno

Expediente 334/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
334/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
27/08/2018

Partes del expediente

  • Maria Cristina Martinez Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. NO HA LUGAR DE PROVEER DE CONFORMIDAD LO SOLICITADO POR EL PROMOVENTE, TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO QUE ANEXÓ AL OFICIO, SE ADVIERTE QUE SE TRATA DE COPIA SIMPLE DEL TESTIMONIO NOTARIAL, LO QUE ÚNICAMENTE GENERA SIMPLE PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL DOCUMENTO QUE REPRODUCE, Y POR ENDE, DE LA CALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA.

  2. Principal

    León, Guanajuato, a quince de agosto de dos mil dieciocho. I. Causa ejecutoria resolución de veinticuatro de julio dos mil dieciocho. En este caso, se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria en sus términos dicha determinación. En dicha ejecutoria, se concedió la protección constitucional para el efecto de que: ".los Titulares de la Delegación Regional III; Jefatura de Sector Número 25 de Preescolar; Supervisora Escolar Número 13 de Preescolar; y, Jefe de la Unidad Jurídica, todos de la Secretaría de Educación de Guanajuato, deberán: Dar contestación inmediata, por escrito, de manera completa y congruente al escrito presentado por la quejosa el nueve de marzo del presente año, debiéndosele notificar de manera personal. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de la sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer a la parte quejosa en los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." II. Se requiere cumplimiento de ejecutoria de amparo. Toda vez de que los Titulares de la Delegación Regional III; Jefatura de Sector Número 25 de Preescolar; Supervisora Escolar Número 13 de Preescolar; y, Jefe de la Unidad Jurídica todos de la Secretaría de Educación de Guanajuato, fueron quienes incurrieron en la violación a los derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa; en consecuencia, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciban el oficio con el cual se les notifica el contenido de este proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo, en virtud de que es a esas autoridades, a quienes corresponde hacer que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la trasgresión a los derechos fundamentales del peticionario del amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258, de la Ley de Amparo de actual vigencia; se apercibe a las autoridades responsables que en caso de incumplimiento con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se les impondrá a cada una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional); y de igual forma, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con apoyo en el penúltimo párrafo, del artículo 192 de la Ley de la Materia vigente, se requiere al Secretario de Educación de Guanajuato, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, a fin de que ordene a las autoridades responsables a cumplir con la ejecutoria; apercibido que de no demostrar que dio la referida orden, se impondrá al titular una multa de cien días de unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 258 de la Ley de la Materia, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables, puesto que el artículo 194, in fine, de la propia legislación, es categórico en cuanto que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos, incurren en responsabilidad por falta de incumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. En el entendido de que no basta que emita un oficio en el que indique que giró una orden directamente a las obligadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, a fin de constreñir a la citadas responsables. Por último, con sustento en el ordinal 193, párrafos primero y segundo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adviértaseles a las indicadas autoridades en el sentido de que si la sentencia no queda cumplida en el plazo fijado al efecto, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos a la Superioridad, lo cual será notificado a las autoridades responsables y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; en el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Una vez cumplimentado lo anterior, informen a este órgano jurisdiccional sobre el particular, con las respectivas constancias que acrediten todo lo anterior, con el fin de deducir, que las cosas ya se encuentran en el estado en que se hallaban antes de la violación cometida a los derechos fundamentales de la parte quejosa.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.-ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A QUEJOSA, CONTRA EL ACTO Y AUTORIDAD PRECISADA EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, POR LAS RAZONES QUE SE EXPLICAN EN EL APARTADO CUARTO Y PARA LOS EFECTOS INDICADOS EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTA SENTENCIA.

  4. Principal

    INFORMES JUSTIFICADOS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 LEY DE AMPARO, CON SU CONTENIDO, DESE VISTA A LAS PARTES. CON FUNDAMENTO ARTÍCULO 9 LEY DE AMPARO, SE TIENEN COMO DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES Y COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL QUE INDICAN. CON APOYO ARTÍCULO 119 LEY DE AMPARO, SE TIENE POR OFRECIDA, ADMITIDA Y DESAHOGADA LA DOCUMENTAL.

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