María Cristina Mac Kinney Romero y Otros.

Expediente 1434/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1434/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • María Cristina Mac Kinney Romero y Otros.
  • María Cristina Mac Kinney Romero

Actuaciones

  1. Principal

    III.... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, el juicio principal deberá destruirse conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. Finalmente, toda vez que existen documentos exhibidos por la parte quejosa, dígasele que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa ...

  2. Principal

    III... Vista la demanda de María Cristina, Claudia, Enrique, René y Raúl de apellidos ..., por propio derecho, contra actos de la Directora de Catastro Municipal de Nextlalpan, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número de expediente 1434/2022-III. DESECHA DEMANDA. Previo a realizar algún pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda de que se trata, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción referidos alude a que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Al respecto, los promoventes reclaman el oficio CATMEX/0190/2022, de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Directora de Catastro Municipal de Nextlalpan, Estado de México, a través del cual atendiendo lo dispuesto en los artículos 8º de la Constitución Federal y 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se negó a incorporar catastralmente a nombre de los quejosos los bienes inmuebles que refieren, pues otra persona también aducía ser propietaria de los mismos, por lo que hasta en tanto exhibieran copia certificada del acuerdo o sentencia emitida por autoridad jurisdiccional donde se declarara el derecho sobre la propiedad, el trámite se realizaría de conformidad con el numeral 1.3 fracción ACGC015 del Manual Catastral del Estado de México. En este sentido, previo a la instauración de este juicio, los quejosos debieron agotar el juicio contencioso administrativo, como lo establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del citado precepto se advierte que entre otros supuestos procede el juicio contencioso administrativo en contra de los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. En el caso particular, a través del procedimiento contencioso administrativo es factible suspender la ejecución del acto reclamado en los mismos términos previstos por la ley de la materia, pues el artículo 254 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado, ya que en el juicio contencioso administrativo (como en el de amparo) la solicitud debe presentarse por el promovente en cualquier etapa del juicio y podrá concederse si no hay afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que lo daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución sean de difícil reparación. Incluso, el plazo para resolver sobre la medida cautelar es de un día hábil (veinticuatro horas). En la mencionada legislación, la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; además, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Además, en términos del artículo 259, el acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego. En mérito de lo expuesto, se evidencia que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado y, por ende, previo al ejercicio de la acción de amparo, los quejosos debieron impugnar los actos reclamados a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Además, el hecho de que el acto reclamado sea de imposible reparación, no implica que deba dejar de cumplir con el mencionado principio de definitividad, pues el Alto Tribunal ya señaló que la imposibilidad en la reparación no es una excepción a dicho principio. Ello, porque la irreparabilidad de un acto se relaciona con la afectación que produce en el conjunto de derechos del gobernado, concepto que es autónomo e independiente a la regla de definitividad que se analiza, que tiene que ver con la inexistencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en su contra en la ley aplicable. Por otra parte, en el presente caso no se surte ninguno de los supuestos de excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que si bien se alegan violaciones directas a la constitución, realmente se controvierten cuestiones de legalidad del acto administrativo emitido por la autoridad responsable (violaciones indirectas), pues si bien se aduce que el acto no está fundado ni motivado, también lo es que de la lectura del oficio respectivo (del cual se exhibió el original), se aprecia que se citaron diversos preceptos para sustentar la contestación dada al escrito de petición formulado por la parte quejosa (artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y 1.3 fracción ACGC015 del Manual Catastral del Estado de México), por lo cual se puede apreciar que el oficio reclamado no carece de fundamentación y motivación. En tal virtud, no se actualiza la excepción al principio de definitividad, considerar lo contrario sería relevar a la parte quejosa de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de aquel, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. De conformidad con el ordinal 26, fracción III, con relación al diverso 29 del citado ordenamiento legal, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista que se fije en lugar visible de este juzgado Federal, por así indicarlo. Se autorizan para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así indicarlo. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a María Cristina.... sin perjuicio de que la parte quejosa lo substituya por otro. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión....

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