María Cristina Juárez Ortega
Expediente 1048/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- María Cristina Juárez Ortega
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de la parte quejosa ***; visto su contenido, téngaseles reiterando su solicitud de acceso al expediente electrónico y notificaciones en esa vía, la autorización otorgada a los profesionistas que señala, y domicilio para oír y recibir notificaciones, empero, dígaseles que se estén a lo acordado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se acordó lo conducente. QUEJA Así, por lo que respecta a la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por los ocursantes, contra actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, por ello no se emplazó a las demás partes ni se hizo requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes, en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos de la JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1048/2022. DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido se aprecia que los quejosos MARÍA CRISTINA JUÁREZ ORTEGA y FERNANDO GARCÍA BALMORI, reclaman de la JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, la omisión de acordar la promoción de fecha quince de agosto de dos mil veintidós y a falta de ese acuerdo desde este día, la Jueza no se ha señalado día y hora para la audiencia de control previo. Precisado lo anterior, debe puntualizarse que la ley procesal prevé un medio ordinario de impugnación a través del cual pueden ser revocados o modificados. Por tanto, al no agotar el medio ordinario de impugnación antes de promover el juicio de amparo, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, en la fracción aludida se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En tal disposición legal se consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones judiciales que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario, como es el juicio de amparo. En efecto, en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé la procedencia del recurso de queja contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado en este código. Así mismo, la queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente; el que lo tramitará y resolverá en un plazo no mayor de tres días. De ahí que el juicio de amparo resulte improcedente contra la omisión que atribuye la parte quejosa a la juez de control responsable, porque en la legislación procesal se establece un medio de impugnación, a través del cual puede ser subsanada la omisión que controvierte en esta vía constitucional, a la JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, derivada de la carpeta judicial 297/2022/CJP/PUEBLA. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: Novena Época, Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/37, Página: 902. AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial, puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. No obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Sin que sea óbice que la afectación del derecho sustantivo cuya violación reclama no sea susceptible de repararse con el dictado de un fallo posterior, porque tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad. Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se pretende contra la mencionada omisión, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Se tiene por autorizadas a los profesionistas Yamel Verónica Nava García y Alfredo Ramírez Delgado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y con las limitaciones al que hace referencia dicho numeral respecto de los restantes profesionistas, ello al no encontrar registro en la base de datos de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO y CONSULTA ELECTRÓNICA Como lo solicitan los promoventes, y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones que se generen con la tramitación del presente juicio de amparo y la consulta del expediente sea de manera electrónica, a través de los usuarios "guadalupegarcia", "maniaide" y "ALFREDORAMDEL"; por tanto, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento de los usuarios proporcionados proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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