María Cristina Guzmán Juárez

Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
118/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • María Cristina Guzmán Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÌDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 118/2021-IV. Cuestión previa. La demanda de amparo no es urgente: En la boleta de turno de la demanda el personal adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla calificó esta demanda como urgente. Sin embargo, la calificación que realizó el personal de la citada Oficina de Correspondencia Común no vincula a este órgano jurisdiccional; por lo tanto, después de analizar la demanda en su integridad se concluye que los actos que se reclaman no encuadran en el listado de los asuntos considerados como urgentes en términos de lo dispuesto en el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y, por lo tanto, no se tramita en forma urgente. Análisis de la demanda de amparo: Parte quejosa. María Cristina Guzmán Juárez, por propio derecho. Tercero(s) interesado(s). No existe Autoridad(es) responsable(s). Jefe de Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estados de Puebla. Acto(s) reclamado(s). a) La omisión de dictar la resolución correspondiente al trámite de solicitud de pensión o jubilación con número de clave trámite: T-JM-161/2020; y, b) La omisión de notificar la resolución respectiva. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Precisado lo anterior, respecto del acto impugnado se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y absolutamente clara la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada aún no irroga un agravio actual y directo a la parte quejosa. Para sustentar dicha aseveración, conviene precisar el contenido de las disposiciones referidas, que son del tenor siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De los preceptos legales transcritos, se desprende uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional, relativo a la existencia de un agravio actual y directo, entendido como la lesión o afectación de los derechos de una persona, mediante una resolución judicial o cualquier acto de autoridad, es decir, se trata del perjuicio o afectación de un derecho. En efecto, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado y no por quien solo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis. Conforme a los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. Así, se tiene que el agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo, mientras que se considera que el agravio es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En el caso concreto, la promovente reclama la omisión de dictar la resolución correspondiente al trámite de solicitud de pensión presentada ante las autoridades responsables el doce de octubre de dos mil veinte. Con la finalidad de corroborar que la omisión reclamada no actualiza la existencia de un agravio actual y directo, conviene traer a colación el contenido de los artículos 26, fracción VII, 31, fracción IX y 84, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, así como 15, fracción II, de su Reglamento Interior, que establecen lo siguiente: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA "ARTÍCULO 26. Son facultades y obligaciones de la Junta Directiva: (.) VII. Conceder, negar, suspender, modificar y revocar las pensiones en los términos de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, previa notificación al interesado;". "ARTÍCULO 31. El Director General del Instituto será nombrado por la Junta Directiva, a propuesta del Ejecutivo del Estado. Durará en su cargo seis años y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: (.) IX. Estudiar y proponer a la Junta Directiva, el otorgamiento de pensiones y demás prestaciones reglamentadas por esta Ley;". "ARTÍCULO 84. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión en un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que se integre el expediente en el departamento de pensiones y jubilaciones sin exceder de 120 días.". REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA "ARTÍCULO 15. La Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales, estará a cargo de un titular que dependerá jerárquicamente del Director General y tendrá además de las atribuciones establecidas en el artículo 12 de este Reglamento, las siguientes: (.) II. Formular los estudios, dictámenes y en su caso acuerdos, sobre las solicitudes presentadas y tramitadas conforme a la Ley, sobre el otorgamiento de pensiones, jubilaciones, pagos póstumos, estímulos por tiempo de trabajo e incrementos en pensiones y jubilaciones, que requieren el acuerdo expreso de la Junta Directiva;" Los preceptos transcritos prevén, por una parte, que la integración del expediente relativo a la solicitud de pensión corresponde al Departamento de Pensiones y Jubilaciones; por otra parte, corresponde a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales realizar los estudios, dictámenes y en su caso acuerdos sobre las solicitudes presentadas y tramitadas para otorgamiento de pensiones; asimismo, al Director General del Instituto le corresponde estudiar y proponer el otorgamiento de pensiones, y finalmente, corresponde a la Junta Directiva resolver si concede o niega la pensión. En ese sentido, se prevé que dicho trámite administrativo se resuelva dentro del plazo de noventa días, siguientes a la integración del expediente por parte del Departamento de Pensiones y Jubilaciones sin que se exceda de un término de 120 días, por ambas etapas. Ahora bien, la parte quejosa reclama la omisión de dictar la resolución correspondiente al trámite de solicitud de pensión presentada ante las autoridades responsables el doce de octubre de dos mil veinte, acuse de recepción que adjuntó a la demanda de amparo, como se reproduce a continuación: De la reproducción anterior, se advierte que la parte quejosa inició su trámite ante las autoridades responsables para la obtención de una pensión por jubilación el doce de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, si como ha quedado patente, las autoridades responsables cuentan con un plazo de noventa días siguientes a la integración del expediente por parte del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, a fin de dictar la resolución correspondiente sin que dichas etapas transcurran más de ciento veinte días, es claro que en el presente caso aún no se ha agotado el mencionado término. Consecuentemente, siguiendo la lógica argumentativa de la Suprema Corte, en el caso, no se considera que se está ante una abierta dilación por parte de las autoridades señaladas como responsables, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor de la promovente, lo cierto es que no ha transcurrido el plazo a que se ha hecho referencia, que configure la procedencia del juicio de amparo. De ahí que respecto del acto reclamado se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. Autorizados: Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones. Exhorto para seguir en juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, se aprecia que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales. En ese sentido, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, manifieste si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observe lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentre en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ........... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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