María Cristina Guzmán Cárdenas

Expediente 1042/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1042/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • María Cristina Guzmán Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    se declara que ha causado ejecutoria. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables (EL OFICIO DEL JUZGADO RESPONSABLE TIENE 2 ANEXOS) y mediante lista a las demás partes

  2. Principal

    Vista el escrito de la quejosa ..., mediante el cual solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico, así como la realización de las notificaciones vía electrónica. Dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad tal petición, pues para ello deberá proporcionar el nombre de usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, tres de mayo de dos mil veintiuno. - Se Acuerda Certificación. Reordena notificación - Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta se aprecia que no se advierte que se haya notificado a la parte quejosa la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil veintiuno. Por consiguiente, se instruye a los actuarios de la adscripción, que de manera inmediata, notifiquen a María Cristina Guzmán Cárdenas, parte quejosa en este juicio de amparo, la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1042/2020-IV, promovido por ....................., contra actos del Juez Cuarto Familiar del Estado y de otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO Demanda de amparo Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ....................... solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables Juez Cuarto Familiar del Estado, Secretaria y Actuario de esa adscripción, a quienes les reclamó los actos que señaló en la demanda, por considerarlos violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO Trámite del juicio de amparo En acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la demanda se admitió a trámite con el consecutivo 1042/2020-IV, se ordenó la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Nidia Marcela del Rocío Guzmán Ramírez. Previo el trámite correspondiente, la audiencia constitucional se desahogó conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO Competencia del juzgado Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal de la República; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado en términos del Acuerdo General 37/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO Fijación del acto reclamado De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, el que, en el particular, consiste en: - La falta de llamamiento al juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco José Rogelio Guzmán y Gámez y/o Francisco José Guzmán Gámez, expediente ............, así como sus consecuencias jurídicas. TERCERO Acto reclamado existente Las autoridades responsables Juez Cuarto Familiar del Estado, Secretario y Actuario de esa adscripción admitieron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias enviadas por la primera de las nombradas, relativas a las actuaciones que obran en el expediente de origen, con valor probatorio pleno conforme a los artículos 130, 202 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO Causas de improcedencia Previo estudio de las cuestiones de fondo expuestas por la parte quejosa, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al análisis oficioso de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en dicho dispositivo legal, haría imposible un pronunciamiento respecto de la litis planteada. En el caso, la quejosa afirma que las autoridades responsables transgreden sus derechos en virtud de no haber sido llamada al juicio de origen a pesar de que fue declarada heredera provisional de su padre y le asiste derecho respecto del bien inmueble adjudicado en ese asunto familiar. Así las cosas, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe acreditar los derechos de los que dice ser titular, a través de pruebas idóneas, que otorguen certeza a esta autoridad de que efectivamente es afectado el derecho del peticionario de amparo con violación de sus garantías constitucionales y así acreditar su interés jurídico para comparecer a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, sobre el particular, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley. [.]" Como preámbulo, conviene citar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 5°, fracción I y 6º de la aludida Ley de Amparo, disponen lo referente al interés (jurídico y legítimo), que debe acreditar el solicitante de la tutela constitucional para hacer procedente la acción de amparo intentada, preceptos que señalan lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5o de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. [.]." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que sea titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo; empero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sólo podrá seguirse por el directamente agraviado. En la especie, la quejosa aduce ser titular de un derecho subjetivo, puesto que alega la falta de llamamiento a un juicio sucesorio con la consideración de que tiene derecho sobre el bien inmueble materia del asunto de rigen y fue declarada heredera provisional respeto de su padre, autor de la herencia; lo que se traduce en la necesidad de demostrar esa calidad, en aras de acreditar fehacientemente y no con base en presunciones, que el acto reclamado afecte su interés jurídico; es decir, que lo reclamado incide en su esfera de derechos, ya que esa lesión es lo que produce la procedencia de la acción constitucional, la que, de no darse, provoca la actualización de la causal de improcedencia mencionada. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 17, Tomo 82, Octubre de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE1". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 110, Tomo 193-198, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO." 2 1 "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". 2 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de instancia de parte agraviada. El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. En ese sentido, para promover el juicio de amparo, el gobernado debe resentir un agravio que debe ser actual para justificar la acción de amparo, así como una afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo, que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, derecho que debe estar protegido por alguna norma objetiva y cuando se afecte por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. Conforme a lo que establecen los artículos 103 y 107 constitucionales, así como la propia Ley de Amparo que los reglamenta, es claro que para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de protección de derechos fundamentales, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) Un derecho legítimo de ésta; c) La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e) La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Se cita la tesis I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 217651, consultable en la página 35, número 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo". Cabe agregar que en diversos actos, en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. El interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. 3 "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Así, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Le resulta cita a la tesis III.4o. (III Región) 17 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, número de registro 2005381, consultable en la página 3074, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que de rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN"4 . Luego, en aquellos juicios de amparo en los que se reclamen violaciones relacionadas con el derecho de posesión tanto de bienes muebles como inmuebles, o en su caso, la 4 "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." titularidad de un derecho, es necesario que el referido interés jurídico se demuestre de manera fehaciente y a través de los medios idóneos, es decir, la parte quejosa tiene que acreditar en forma indubitable la existencia del derecho que aduce afectado, pues además de que éste es uno de los principios esenciales del juicio, sólo en tal caso el tribunal de amparo podrá determinar si efectivamente el acto de autoridad es inconstitucional. De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que, por ese sólo hecho, se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico de la parte quejosa, pues para ello es necesario que se demuestre, que el acto reclamado lesiona su esfera de derechos, es decir, el juicio de amparo podrá promoverse por el gobernado que resiente un agravio personal y directo. Ahora, en el caso concreto, la quejosa reclama la falta de llamamiento al juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco José Rogelio Guzmán y Gámez y/o Francisco José Guzmán Gámez, expediente 314/2018, así como sus consecuencias jurídicas. Al respecto, refiere que le asiste el derecho sobre el bien inmueble materia del juicio sucesorio testamentaria de origen y que fue declarada heredera provisiona de su padre, autor de la herencia. Como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, la inconforme esencialmente manifiesta: - Que la quejosa, junto con sus hermanos, promovieron juicio sucesorio intestamentario respecto de bienes de su padre Francisco José Rogelio Guzmán y Gámez, en el cual señalaron en el inventario el cincuenta por ciento de la propiedad que le correspondía al autor de la sucesión, relativo al inmueble ubicado en la calle Tokio, cuatrocientos catorce, fraccionamiento Del Valle, Segunda Sección, en esta ciudad; asunto radicado ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Estado de Aguascalientes, con el número 1844/2019. 14/08/21 10:12:44 - La quejosa afirma haber sido declarada heredera provisional, en relación con la sucesión de su padre. Cabe mencionar que en este juicio de amparo no obran las constancias del asunto de la sucesión intestamentaria, referido por la quejosa. A su vez, en el juicio de amparo, la quejosa exhibió su acta de nacimiento, en la que aparecen como datos de filiación de la persona registrada: "Rogelio Guzmán Gámez" y "Ma. Dolores Cárdenas Barrera". De igual manera, allegó acta de matrimonio, celebrado por "Rogelio Guzmán Gámes" y "Ma. Dolores Cárdenas Barrera". Por su parte, del informe justificado rendido por el juez responsable se desprende: - Nidia Marcela del Rocío Guzmán Ramírez promovió juicio sucesorio testamentario, radicado ante el juzgado responsable, con el número 314/2018. - Mediante escrito presentado el catorce de febrero del año en curso, Nidia Marcela del Rocío Guzmán Ramírez presentó inventario y avalúo, en el que indicó: ".BIENES RAÍCES. 50% (cincuenta por ciento) del bien inmueble que adquirió en copropiedad con la señora María Dolores Cárdenas Barrera ubicado en la calle Tokio número cuatrocientos catorce, fraccionamiento Del Valle segunda Sección, en la capital del Estado de Aguascalientes, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el número 85, del libro 1040, de la sección Primera, del municipio de Aguascalientes." - El veinte de febrero del año en curso, el juez responsable dictó auto en el que declaró aprobado el inventario y avalúo formulado por Nidia Marcela del Rocío Guzmán Ramírez, en su carácter de albacea y única heredera; de igual manera, determinó la adjudicación en favor de la nombrada, respecto de la "propiedad del bien que forma parte de la masa hereditaria en el porcentaje y porciones que corresponda"; asimismo, ordenó entregar a la nombrada el bien con el título de propiedad, después de ponerse en él, por la Secretaría, nota en la que se haga constar la adjudicación, debiéndose tirar en todo caso la escritura pública respectiva. En mérito de lo relatado, resulta necesario que la quejosa demuestre fehacientemente que le asiste derecho alguno respecto del bien materia del juicio de origen, a saber, la causa generadora de la posesión en que sustenta el derecho que aduce es vulnerado en su perjuicio y en su caso, el entroncamiento con el autor de la herencia; lo anterior, a fin de que tenga interés jurídico, Sin embargo, lo anterior no acontece en el caso, en virtud de que no está demostrado que la quejosa efectivamente fue declarada heredera del autor de la sucesión de origen, puesto quenada exhibió al respecto. Aunado a ello, en autos no está fehacientemente acreditado el parentesco entre la peticionaria de amparo y el autor de la sucesión, pues en los datos de filiación de la persona registrada aparece el nombre de Rogelio Guzmán Gámez y no Francisco José Rogelio Guzmán y Gámez; y en el acta de matrimonio el nombre aparece como "Rogelio Guzmán Gámes". Sin que sea suficiente la sola manifestación de la quejosa en el sentido de que fue declarada legítima heredera de la parte no testada en relación con los bienes de su progenitor, puesto que no exhibió constancia alguna que demuestre ser heredera de los bienes de la masa hereditaria y el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Luego, toda vez que la quejosa es tercera extraña al juicio de origen y que el acto reclamado tiene que pararle perjuicio, lo que no está demostrado en este juicio, puesto que la promovente dejó de exhibir prueba alguna; entonces, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia que estatuye el artículo 61, fracción XII de la ley de la materia. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con la fracción V del precepto 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sin que resulte necesario abordar el análisis de diversas causales de improcedencia, en virtud de que aún de resultar fundadas, no se modificaría el sentido de este fallo. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 63, 65, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ............ contra actos de las autoridades responsables Juez Cuarto Familiar del Estado, Secretaria y Actuario de esa adscripción, por los motivos señalados en este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por el Acuerdo General 1/2021. 1042/2020-IV. Doy fe.

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