Maria Cristina Gómez Ramos

Expediente 2082/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2082/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Maria Cristina Gómez Ramos
  • Omar Hernandez Rendon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    toda vez que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal, se provee lo siguiente: Se ordena el archivo del cuaderno original de suspensión por un plazo de tres años, computados a partir de esta fecha, y en esos términos indíquese en la carátula del expediente. El presente asunto carece de relevancia documental pues el juicio principal se clasificó en esos términos, además, se concedió la medida suspensional tanto provisional como definitiva, el cuaderno original es DEPURABLE En atención a que el asunto se clasificó como DEPURABLE, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha del archivo, depúrese y transfiérase el expediente al Centro de Documentación y Análisis. En relación al duplicado, se ordena su archivo por un plazo de seis meses, y transcurrido ese plazo a partir de la fecha del archivo, procédase a su destrucción por conducto de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que han transcurrido los quince días para interponer el recurso a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo y, puesto que no se ha impugnado, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara firme el auto referido. toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. además, de que se concedió el amparo solicitado, entonces, es DEPURABLE; y en esos términos indíquese en la carátula del expediente En atención a que el asunto se clasificó como DEPURABLE, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha del acuerdo de archivo, depúrese y transfiérase el expediente al Centro de Documentación y Análisis se ordena al actuario de la adscripción remitir por correo electrónico a la Administración Regional en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, la lista a publicar, para que procedan a su colocación en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual, la parte tercero interesada solicita copia certificada de diversas constancias derivadas del presente juicio; atento a ello, se provee: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza expedir a su costa copias certificadas de las constancias que alude, por conducto de la persona que indica, previa razón de recibo que se deje en autos, para su debida constancia. Se hace saber a la parte ocursante que la gestión de las copias a su costa, puede realizarla de lunes a viernes, en un horario de una a tres de la tarde, a fin de que el servidor público de este órgano jurisdiccional asignado para llevar el expediente al centro de fotocopiado, pueda realizar esa labor. En el entendido de que deberá genera una cita mediante el código QR en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para tener acceso al edificio en el que se encuentra este órgano jurisdiccional. Respecto a la entrega de las copias certificadas, esto es, la actividad de foliado, entresellado y rubricado, se efectuará dos días hábiles después de la fecha en que realice la gestión de sus copias, debido a la reducción de personal que labora presencialmente (trece personas), y al tiempo que tienen las partes para estar físicamente en el órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que la vigencia del Acuerdo General 21/2020 fue ampliada por el similar 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno y que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, derecho que hizo valer el tercero interesado; en consecuencia, se procede a verificar con base en las constancias que obran en autos si se cumplió o no con la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ahora bien, de las documentales remitidas por las autoridades responsables, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se advierte que el quince de abril de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen desde el emplazamiento practicado a María Cristina Gómez Ramos y, sus consecuencias legales. En tales condiciones, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por cumplida la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia. Cabe precisar que a las autoridades responsables les corresponde atender puntualmente los efectos de las ejecutorias de amparo, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de sus efectos; de ahí que su análisis atiende la materia determinada por la acción constitucional, lo que en la especie ya aconteció como quedó demostrado en líneas precedentes. Por ende, no le asiste la razón al tercero interesado en cuanto a que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, pues parte de una premisa inexacta al sostener que para que las cosas se restablezcan al estado que guardaban se debe hacer del conocimiento de la quejosa como acreditada hipotecaria y parte demandada principal, la existencia de la cesación de derechos a su favor, al sostener que el adquirió todos los derechos que reclama la parte quejosa y, en consecuencia, es el único legitimado en el juicio de origen. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que devienen inoperantes los argumentos de la parte tercero interesada, dado que en realidad pretende impugnar la actuación autónoma de la autoridad. De ahí que, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por este juzgado; toda vez que la presente determinación encuentra su límite en la materia de análisis de los efectos de la concesión del amparo. Incluso, conforme al sistema que aluden los numerales artículos 196 y 201 de la Ley de Amparo, se debe asegurar que los deberes impuestos a las autoridades responsables en la sentencia protectora, se materialicen en sus términos y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, de ahí que se deja a salvo de la presente valoración, únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio. Se hace constar que la fecha en que se llevó a cabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el quince de abril de dos mil veintiuno, constancias que se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado federal el dieciséis siguiente y con su contenido se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo mediante proveído de diecinueve de ese mes y año en curso.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en virtud de no haber atendido al aviso de notificación de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, que en lo sustancial establece:Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que la vigencia del Acuerdo General 21/2020 fue ampliada por el similar 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno y que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, derecho que hizo valer el tercero interesado; en consecuencia, se procede a verificar con base en las constancias que obran en autos si se cumplió o no con la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ahora bien, de las documentales remitidas por las autoridades responsables, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se advierte que el quince de abril de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen desde el emplazamiento practicado a María Cristina Gómez Ramos y, sus consecuencias legales. En tales condiciones, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por cumplida la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia. Cabe precisar que a las autoridades responsables les corresponde atender puntualmente los efectos de las ejecutorias de amparo, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de sus efectos; de ahí que su análisis atiende la materia determinada por la acción constitucional, lo que en la especie ya aconteció como quedó demostrado en líneas precedentes. Por ende, no le asiste la razón al tercero interesado en cuanto a que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, pues parte de una premisa inexacta al sostener que para que las cosas se restablezcan al estado que guardaban se debe hacer del conocimiento de la quejosa como acreditada hipotecaria y parte demandada principal, la existencia de la cesación de derechos a su favor, al sostener que el adquirió todos los derechos que reclama la parte quejosa y, en consecuencia, es el único legitimado en el juicio de origen. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que devienen inoperantes los argumentos de la parte tercero interesada, dado que en realidad pretende impugnar la actuación autónoma de la autoridad. De ahí que, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por este juzgado; toda vez que la presente determinación encuentra su límite en la materia de análisis de los efectos de la concesión del amparo. Incluso, conforme al sistema que aluden los numerales artículos 196 y 201 de la Ley de Amparo, se debe asegurar que los deberes impuestos a las autoridades responsables en la sentencia protectora, se materialicen en sus términos y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, de ahí que se deja a salvo de la presente valoración, únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio. Se hace constar que la fecha en que se llevó a cabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el quince de abril de dos mil veintiuno, constancias que se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado federal el dieciséis siguiente y con su contenido se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo mediante proveído de diecinueve de ese mes y año en curso.

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