Maria Cristina Gaudalupe Perez Gil Salcido

Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
628/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Maria Cristina Gaudalupe Perez Gil Salcido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el veintidós de julio de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término?????? de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, toda vez que obra en el sumario, copia certificada de la licencia de construcción exhibida por la parte quejosa; prevéngasele para que comparezca a recogerla, en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, será destruida junto con el presente juicio de amparo. En ese sentido, con apoyo en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le deja en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, ya sea la directa quejosa o sus autorizados, para estar en aptitud de acudir al Juzgado y recoger el documento que exhibió, previo acuse de recibo del mismo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y anexo que acompaña. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la suspensión de obra de treinta de marzo de dos mil veintiuno, decretada en el procedimiento administrativo DDU/SJ/CONST/327/2021. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la suspensión de obra de treinta de marzo de dos mil veintiuno, decretada en el procedimiento administrativo DDU/SJ/CONST/327/2021. Ahora bien, de las constancias remitidas por dicha autoridad responsable, adjuntas a su oficio de cuenta, se advierte que por resolución de once de junio de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el nueve de abril del año en curso, en relación con el procedimiento natural, se determinó la actualización de la causal prevista en la fracción II del artículo 10 del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida, al existir una imposibilidad material de carácter definitivo para continuarlo, por lo que se decretó su cierre y archivo como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la suspensión de obra impugnada, ya que es evidente que al haberse emitido la determinación antes ponderada, en la que se decretó el cierre del procedimiento administrativo natural en el que se ordenó dicha suspensión, por existir una imposibilidad material de carácter definitivo para continuarlo, ordenándose, por ende, su archivo como asunto totalmente concluido, han cesado los efectos de la aludida suspensión de obra. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, y con motivo de lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que aún se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, mediante proveído de quince anterior, a efecto de que remita la información requerida en el cuerpo del mismo. En ese tenor, para dar margen a que dicha responsable envíe la información requerida, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que del informe justificado rendido por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, el treinta de abril anterior, se advierte que éste indicó que se inició en contra de la parte quejosa el procedimiento administrativo DDU/SJ/CONST/327/2021, mismo del que se encontraba pendiente la emisión de la resolución que lo diera por finalizado. E incluso, mediante oficio de dieciocho de mayo siguiente, informó que ya había sido remitido dicho procedimiento al departamento correspondiente, a efecto de que se diera por concluido el mismo. En consecuencia, requiérase a la citada responsable, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, informe si el citado procedimiento administrativo DDU/SJ/CONST/327/2021, ya ha sido concluido y, en caso afirmativo, remita las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la Ley de Amparo.

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