Maria Cristina Garcia Ruiz
Expediente 116/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Cristina Garcia Ruiz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hubiese recurrido el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por María Cristina García Ruíz, por su propio derecho, contra actos de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. 1). Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2). Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVlll y XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó haber cumplido con el principio de definitividad. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión, en el ámbito de sus respectivas competencias -como autoridad jurisdiccional y sentenciada-, de dar cumplimiento a la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el juicio contencioso administrativo 176/20-24-01-2, del índice de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De este modo, previo a acudir al juicio de amparo, resultaba necesario que la parte quejosa hubiera demostrado haber agotado el recurso de queja, previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se afirma lo anterior, pues el referido recurso de queja constituye un medio de defensa que forma parte del procedimiento que el legislador previó para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional; tal como lo explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS." Precisamente, así lo determinó la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional al resolver la contradicción de tesis 306/2021, en la que señaló que mediante el procedimiento establecido en dicho medio de defensa, una vez valorados los elementos que la autoridad condenada aportara, el órgano jurisdiccional correspondiente podía determinar: " Si efectivamente se configura una actitud contumaz o, por el contrario, la sentencia de nulidad se encuentra al menos en vías de cumplimiento. Si existe una razón que justifique un retraso o, incluso, precisar y aclarar a la autoridad los efectivos alcances que tiene el fallo. Si se configura una imposibilidad material para cumplir la sentencia y, por ende, proceda el cumplimiento sustituto. Si determina que existe una actitud contumaz, podrá multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, e informar al superior jerárquico." Luego, es que en dicho medio de defensa pueden plantearse las inconformidades que sostiene la parte quejosa en este juicio de amparo, respecto a que la sentencia en cuestión no ha sido cumplida, por lo que el mismo debe ser agotado previamente a reclamarse el incumplimiento de una sentencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues así lo determinó la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que dio origen la referida contradicción de tesis, consistente en el criterio 2a./J. 14/2022 (11a.), con registro 2024468, del contenido siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." La cual resulta obligatoria para este juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Debe precisarse además que dicho criterio fue emitido de forma genérica, sin que nuestro tribunal constitucional acotara su procedencia a los casos en que se reclama tal omisión de la sala responsable o las autoridades condenadas en el juicio contencioso administrativo, por lo que donde la norma aplicable no distingue, no puede hacerlo el juzgador. Así como que las razones que justificaron dicha determinación resultan obligatorias conforme al sistema de precedentes que establece el precepto 223 de la legislación en la materia en cita, siendo que las mismas razones expuestas en cuanto a aquellos casos en que se reclama la omisión de la autoridad demandada en cumplir la sentencia en el juicio de origen, resultan aplicables en el supuesto que se impugna tal omisión por parte de la autoridad jurisdiccional que emite la sentencia. Además, aun cuando se trate de un recurso que conoce la misma sala responsable, ello no configura una excepción al principio de definitividad, e incluso, se tiene que existen diversos medios de defensa previstos en otras legislaciones de los cuales conoce el mismo órgano jurisdiccional que emite una determinación -tales como los recursos de revocación, reconsideración o reclamación- los cuales igualmente tienen que ser agotados previamente a la promoción del juicio de amparo, de donde se obtiene que el quejoso estaba obligado a la interposición del medio de defensa aquí analizado. Siendo que sería un contrasentido con la teleología del criterio de análisis, el determinar que si la quejosa impugna en el juicio de amparo la omisión de cumplir una sentencia en un juicio de nulidad federal por parte de una autoridad condenada el mismo resultaría improcedente; y en cambio, que en el supuesto de que señale como responsable a la sala en cuestión, sí sería procedente, pues de razonarlo así, se reduciría tal criterio a un simple impedimento técnico, conforme al cual bastaría el descuido del señalamiento de la autoridad, para determinar la procedencia o no del juicio constitucional. Lo anterior cuando el sentido funcional del criterio de análisis es propiamente atender al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como medio excepcional de defensa, conforme al cual solamente puede ser promovido en supuestos exclusivos previstos expresamente por la norma -contra resoluciones finales o intermedias que afecten derechos sustantivos-, dentro de juicios ordinarios -civiles, familiares, agrarios, administrativos o de trabajo-, de allí que en este caso en específico al existir un recurso como el de queja, con el cual el actor en el juicio de origen puede impugnar la omisión de dar cumplimiento a una sentencia, hasta obtener una determinación final donde la sala determine su cabal cumplimiento, a fin de eventualmente -si se cumplen los supuestos de procedencia del juicio de amparo- promover un juicio constitucional en su contra para revisar dicha actuación, es que tenga que agotarse el mismo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, al resultar necesario un pronunciamiento de la responsable de que la sentencia definitiva se encuentra plenamente cumplida, lo cual se insiste, puede obtenerse mediante el medio de defensa de análisis. No se inadvierte que la parte quejosa manifestó que ya interpuso un diverso recurso de queja, no obstante, conforme al artículo 58, fracción II, inciso a), último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho medio de defensa -el previsto contra la omisión de cumplir una sentencia dentro del artículo 58, fracción II, inciso a), apartado 3- , puede presentarse en distintas ocasiones. Sin que con lo anterior se prejuzgue en cuanto a si en el juicio de nulidad primigenio se encuentra o no cumplida en su totalidad la sentencia dictada en el mismo, ya que lo que se indica es que la aquí parte amparista se encuentra en aptitud de plantear mediante dicho medio de defensa ante la sala responsable su consideración en cuanto a que la sentencia no se encuentra aún cumplida, a fin de que emita un pronunciamiento en ese tópico, respecto del cual no puede sustituirse este juzgado al existir un medio idóneo para tal efecto el cual tiene que ser agotado previamente, dada la excepcionalidad del juicio de amparo. De allí que, la parte quejosa tuvo que haber agotado el recurso de queja de análisis, al poderse analizar en el mismo las cuestiones que pretende en el presente juicio de amparo, lo anterior, máxime que no se está en alguno de los casos de excepción establecidos en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, ya que conforme a lo manifestado por la parte quejosa, figura como parte del juicio de origen, y en tanto que el acto reclamado no se encuentra dentro de los establecidos como excepción para tal efecto, además que la ley de la materia claramente prevé la interposición del recurso de queja referido, aunado a que no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo, tal como fue dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) aludida, la cual resulta obligatoria en sus consideraciones. No se desatiende el contenido de la Jurisprudencia PC.I.A.J/34 A (11ª) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ESPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE NULIDAD Y LA RESOLUCIÓN DE QUEJA POR DEFECTO. SIN QUE SEA NECESARIO UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTEICIA ADMINISTRATIVA, QUE CALIFIQUE SI SE CUMPLIERON O NO LOS EXTREMOS ORDENADOS EN ESOS FALLOS", porque en la especie no se advierte que se hubiera agotado el medio de defensa [queja por defecto] para lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad firme, es decir, no existe un certeza, en el sentido de que se ha cumplido en sus efectos, la resolución de nulidad. Luego, es que se actualiza el motivo de inejercitabilidad en estudio, y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que la aquí quejosa no demostró haber agotado el medio de defensa ordinario previsto en contra de los actos que aquí reclama previo a la promoción del juicio de amparo, es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda se aprecia tal cuestión. 3). Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene por autorizadas para los efectos que se indica en la demanda a las personas ahí precisadas. Se advierte que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones un domicilio físico y que a su vez autorizó expresamente que las mismas se le realizaran de forma electrónica. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan la consulta del expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica (por así haberlo solicitado expresamente), siempre y cuando se realicen con los usuarios que proporciona y se encuentren registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de forma alternativa, o bien, en caso de que dichas notificaciones no puedan realizarse electrónicamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, en el entendido de que bastara con una notificación por alguno de dichos medios - electrónica o en domicilio físico-, para tener por notificada a la parte quejosa. Asimismo, este juzgado de Distrito toma nota del correo electrónico y teléfono móvil proporcionados a fin de, en su caso, establecer comunicación en términos del artículo con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales 4). Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 22, párrafo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. 5). Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6). De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 7). Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. 8). Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del multicitado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
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