María Cristina Covarrubias Guerrero
Expediente 472/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Cristina Covarrubias Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que dentro del término legal no se interpuso el recurso de queja, en contra del auto, que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno del Juzgado. En consecuencia, y tomando en consideración que ya obran agregadas todas las constancias necesarias en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Asimismo con fundamento en el artículo vigésimo fracción l, relacionado con el artículo segundo, supuesto XX, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, por tratarse de un juicio de amparo que no tiene valor jurídico alguno ya que se desechó la demanda de amparo es susceptible de destrucción.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, EL ACUERDO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS....(CITATORIO).
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por la promovente ***, por medio del cual se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por lo que visto lo manifestado en el escrito de mérito, esta juzgadora procede a proveer lo conducente respecto al escrito inicial de demanda. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del ***; misma que se determina improcedente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese supuesto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la promovente se duele del proveído de catorce de abril de dos mil dieciséis a través del cual, en vía de ejecución forzosa de un convenio de judicial al tenor del cual se dio por concluido el procedimiento natural, se ordenó el lanzamiento de la quejosa del inmueble ubicado en ***. De lo anteriormente precisado, así como de la lectura integral de la demanda, se deduce que en el juicio de origen del que derivan los actos reclamados, la promovente es parte formal y material, tan es así que es demandada y con ese carácter suscribió el convenio de transacción judicial. En ese tenor, esta juzgadora federal estima que respecto del acto reclamado descrito con anterioridad, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Además, de la lectura atenta al numeral 107 antes transcrito, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. En el caso concreto, el acto reclamado encuadra en la segunda hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial en ejecución de sentencia, pues se trata de la resolución tendente a ejecutar el convenio judicial suscrito por las partes contendientes dentro del juicio natural. Entonces, la resolución que aquí se impugna no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, porque como quedó precisado desde el inicio de esta determinación, la solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio natural, de ahí que está vinculada aún de manera forzosa a su cumplimiento. Además, cabe precisar que de la demanda de amparo, no se desprende alegato alguno dirigido a evidenciar la violación de derechos sustantivos generados por una cuestión diversa a la cosa juzgada, pues no obstante que alega que existió un error en el momento en que suscribió el convenio judicial, en virtud de que no podía disponer libremente del inmueble que otorgó en garantía porque éste ya estaba gravado por ***, tal circunstancia no puede ser abordada en este juicio de amparo, y por ende deber ser resuelta por la potestad común, lo que incluso a decir de la parte quejosa, ya se propuso ante el juez responsable a través del incidente de nulidad de actuaciones. Razones todas que justifican la actualización de la causal de improcedencia en análisis. En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 61 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de garantías, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por la ****, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado en auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis; y al efecto rinde el informe requerido, y para acreditar su dicho remita copia certificada de diversas constancias relativas a la controversia de origen. Este juzgado queda enterado de lo anterior para los efectos legales conducentes. Ahora bien, debido a la voluminosidad de las constancias que allega la juez responsable y para mejor manejabilidad del presente sumario constitucional, se ordena formar un tomo de pruebas (Tomo I), y sígase actuando en el principal. En la inteligencia que, una vez que el solicitante del amparo desahogue la prevención que fue realizada en auto de veinticuatro de mayo del año en curso, o en su caso transcurra el término otorgado para hacerlo, esta juzgadora proveerá lo que en derecho corresponda respecto al escrito inicial de demanda.
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