María Cristina Cortes Medrano

Expediente 707/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
707/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • María Cristina Cortes Medrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta y tomando en consideración que ninguna de las partes formuló manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. En sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo a María ...; por tanto, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, debía realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente el acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos de la carpeta administrativa 1252/2016. 2. Dicte otro en el que atendiendo a los lineamientos de la presente ejecutoria ordene al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios de Ecatepec de Morelos, Estado de México, reconocerle María Cristina Cortés Medrano el carácter de ofendida en los autos de la carpeta de investigación 665780550056715 con la finalidad de que pueda ejercer de manera plena sus derechos contenidos en el artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivados de tal carácter...". Mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento dado a la concesión de amparo. La Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en virtud al requerimiento formulado remitió el oficio 11568, al que anexó copia certificada del auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, dictado en los autos de la causa de control 1252/2016 de donde se desprende que dejó sin efecto legal alguno el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y en su lugar dictó otro en el que ordenó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios de Ecatepec de Morelos, Estado de México, reconocerle a María Cristina... el carácter de ofendida en los autos de la carpeta de investigación 665780550056715 con la finalidad de que pueda ejercer de manera plena sus derechos contenidos en el artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivados de tal carácter. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que atendió a los efectos esenciales del fallo protector, y debe concluirse en que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Por tanto, y una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración; y, destruible el original del incidente de suspensión ya que se negó la medida cautelar, por ende, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Por otra parte, devuélvanse a las autoridades responsables las copias certificadas de la causa de control 1252/2016, así como de la carpeta de investigación 66578055005671 que adjuntaron a su informe justificado. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por medio del cual informa las acciones tendientes a cumplir la sentencia. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la (s) autoridad (es) responsable (s), para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuenten con la presente determinación, acate (n) en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "1. Deje insubsistente el acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos de la carpeta administrativa 2. Dicte otro en el que atendiendo a los lineamientos de la presente ejecutoria ordene al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios de Ecatepec de Morelos, Estado de México, reconocerle a María Cristina Cortés Medrano, el carácter de ofendida en los autos de la carpeta de investigación 665780550056715, con la finalidad de que pueda ejercer de manera plena sus derechos contenidos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivados de tal carácter." Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido que si necesita (n) alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberán solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requieren prórroga alguna; incluso se les requiere para que en el mismo término, señalen, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella (s) vinculadas con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informan, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232), o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx) confirmando en la extensión 1240. Se hace del conocimiento de la (s) autoridad (es) señalada (s) que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO".

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa la sentencia de veintinueve de junio del dos mil veintiuno, que a la letra dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 707/2020-IV; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, María Cristina Cortés Medrano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de trece de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte quejosa reclama: 1. Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios de Ecatepec de Morelos, Estado de México: a) El acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación 665780550056715, por el que se le negó reconocerle el carácter de ofendida en la citada carpeta. 2. Del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: b) El proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, emitido en la carpeta administrativa 1256/2016, por el que no se acuerda favorable la solicitud de la parte quejosa de reconocerle la calidad de ofendida. 3 TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios de Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Lo que se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación ... así como de la carpeta administrativa ...respectivamente, a las que se les otorga pleno valor probatorio, al encontrarse certificados por el funcionario facultado para ello. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo1 . Ahora bien, en el caso con respecto al acto reclamado por la parte quejosa identificado con el número 1), se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, analizada en relación con los diversos ordinales 17 y 18 de esa misma legislación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". 1 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 29/10/22 09:36:22 "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la intelección de los precitados numerales se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando la demanda sea promovida fuera de los plazos que establece la Ley de Amparo para ello. Dicha legislación también dispone que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, con las salvedades que la misma indica. Además, que el término se computará: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y, c) A partir del día de su entrada en vigor, cuando se reclame una norma general autoaplicativa. Sin que el acto que ahora se impugna se encuentre dentro de los supuestos de excepción para presentarla en esa temporalidad, que señala el artículo 17 de la legislación de amparo. De la interpretación sistemática de los numerales invocados se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo establecido para tal efecto, el cual, por regla general, es de quince días, contados de las formas que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, el cómputo para la presentación de la demanda de amparo empezará a contar desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa de la resolución o acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En efecto, el numeral 18 de la Ley de Amparo dispone que son tres las diversas formas de computar el término de quince días a que éste alude y, en el cual, la demanda de amparo debe ser presentada ante el órgano competente a fin de tenerla por oportunamente recibida. Dicha porción normativa distingue que el término deberá comenzar a contar al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento o la confesión, dado que no puede generalizarse el mismo sino que es necesario que se haga distinción en cada caso concreto. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable consistente en copias certificadas de la carpeta de investigación ... a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte: 1. La quejosa María Cristina Cortés Medrano, mediante escrito de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, solicitó a la agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, que se girara oficio al Coordinador de la Policía de Investigación para saber que diligencias se habían realizado para la búsqueda y localización de Edgar Sánchez. Asimismo, para que se dictara un acuerdo en el que se le explicara la razón por la que no se podía generar una audiencia ante el Juez de Control para solicitar una orden de aprehensión en contra de Jesús Roberto Ortega Cruz, como probable responsable de la muerte de su hijo Edgar Omar Vázquez Cortés; asimismo, en dicho escrito nombró a ... como su asesor jurídico. 29/10/22 09:36:22 El escrito se recibió en esa Fiscalía el doce de ese mismo mes y año, a las trece horas con treinta y dos minutos, como se advierte del sello de recepción en el que aparecen dichos datos, así como de la firma de la persona que lo recibió. 3. La Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el once de febrero del año próximo pasado, dictó un acuerdo en el que no acordó favorable la solicitud de la hoy quejosa y el cual es del tenor literal siguiente: "En Ecatepec de Morelos, Estado de México, siendo las diez horas del día once de febrero de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de México, sede Ecatepec, en relación a la promoción presentada por la., es por lo que SE ACUERDA: ÚNICO.- Con fundamento en lo que establecen los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, 135, 148 fracción I, 149 y 150 del Código de Procedimientos Penales, abrogado, pero de aplicación ultractiva, respecto a la solicitud "se gire oficio al coordinador de la Policía de Investigación para saber que diligencias se habían realizado para la búsqueda y localización de Edgar Sánchez; asimismo, realice un acuerdo fundado y motivado del porqué no puede generar audiencia al Juez de Control para aclarar la orden de aprehensión en cuanto al nombre de ... probable responsable de la muerte de mi hijo que en vida respondiera al nombre de Edgar Omar Vázquez Cortés; asimismo, nombrar como mi asesor jurídico al ... con gafete institucional CEVAEM-553", NO SE ACUERDA FAVORABLE la petición realizada por la promovente, en virtud de que conforme al numeral 148 del Código en cita, establece: ". Cuando con motivo del delito muera la víctima, se consideraran ofendidos: I. Al cónyuge, la concubina o concubinario...", mientras que el artículo 149 del mismo ordenamiento legal, establece: "Para efectos de su intervención, en el procedimiento, la enumeración del artículo precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías mencionadas", así como el artículo 150 de la ley adjetiva de la materia, en su fracción IV coadyuvar con el ministerio Público, a que se le reciba y desahoguen los datos o elementos de prueba con los que cuente, desde la investigación hasta el proceso, por lo que esta representación no puede vulnerar los derechos de la concubina del hoy occiso de nombre Yadira Jazmín García Ruiz otorgándole la calidad de ofendida a la madre de la víctima con los derechos que tal situación implican". 4. Dicho acuerdo se notificó personalmente a la quejosa el diecisiete de febrero de dos mil veinte, a las once horas con treinta minutos, haciéndole entrega de una copia simple del mismo, quien firmó y asentó su huella dactilar en presencia de la licenciada Ilce Mayte Trejo Morales, Agente del Ministerio Público, como se advierte de la foja 223 del anexo de pruebas I, que remitió la autoridad responsable. Consecuentemente, está demostrado que la solicitante de amparo tuvo conocimiento del acto de que se duele desde esa fecha (diecisiete de febrero de dos mil veinte); con base en lo anterior, se advierte que el término de quince días para promover el juicio binstancial transcurrió a la parte quejosa del dieciocho de febrero al diez de marzo de dos mil veinte, descontándose los días veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, uno, siete, ocho y nueve de marzo, del año próximo pasado, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la impetrante presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, hasta el ocho de octubre de dos mil veinte, es evidente que ello ocurrió después de transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo y, por tal motivo resulta extemporánea, pues a partir del diecisiete de febrero de dos mil veinte, se enteró del acto reclamado que pretende controvertir a través del presente juicio de amparo; por tanto, se genera un dato objetivo del conocimiento ..En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, concatenado con los preceptos 17, párrafo primero y 18, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra, por lo que procede el estudio del fondo del asunto, respecto del diverso acto reclamado por la parte quejosa que le atribuye al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y porque no abona a la claridad que debe revestir a toda resolución. SEXTO. Son fundados los conceptos de violación que formula la parte quejosa respecto del acto reclamado al Juez de Control de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en los que señala que se infringe en su perjuicio sus derechos fundamentales al no reconocerle el carácter de ofendida con motivo del hecho delictuoso de homicidio calificado cometido en agravio de su hijo ..De las copias certificadas de la carpeta administrativa antes señalada se advierte que la quejosa .por conducto de su asesor jurídico., solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, le otorgara la calidad de ofendida por ser la madre de la ...(occiso), bajo el argumento de que Yadira Jazmín García Ruiz, concubina de este último si bien tenía esa calidad, la misma había manifestado su voluntad de no tener interés en el asunto. En atención a esa solicitud, el Juez responsable, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictó un acuerdo en el que no acordó favorable la petición bajo el argumento de que ésta debía realizarla ante el Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación para que emitiera el pronunciamiento correspondiente, por ser la autoridad competente para ello. Dicha determinación infringe en perjuicio de la quejosa sus derechos fundamentales, se explica. El artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Asimismo, debe indicarse que el Ministerio Público es una institución que funge como representante social de los intereses de quienes sean lesionadas o lesionados en sus derechos, a través de la investigación y persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales competentes. De igual manera, es de señalarse que como institución es la primera que tiene conocimiento de la existencia de la comisión de 29/10/22 09:36:22 .un hecho delictivo, del probable responsable en la perpetración del mismo, así como de las personas a quienes les recae el carácter de víctimas u ofendidos por la comisión del hecho ilícito. En ese tenor, la condición de víctima y ofendido se adquiere con la existencia del daño o menoscabo de sus derechos, y se reconocerá a partir de la noticia del hecho victimizante, por lo que válidamente puede decirse que corresponde al Ministerio Público determinar de acuerdo a los hechos delictuosos denunciados a quienes les recae el carácter de víctima u ofendido por el delito y por ende reconocerle dicho carácter, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que dispone: "Artículo 148. Para los efectos del presente código, se entiende por ofendido a la persona que individual o colectivamente, haya sufrido indirectamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales a consecuencia de conductas consideradas como delitos en la legislación vigente. Cuando con motivo del delito muera la víctima, se considerarán ofendidos: I. Al cónyuge, concubina o concubinario; II. Los descendientes consanguíneos o civiles; III. Los ascendientes consanguíneos o civiles; IV. Los dependientes económicos; V. Parientes colaterales hasta el cuarto grado; y VI. El Estado a través de las instituciones de protección a víctimas de delitos". Por su parte, el numeral 149 de la citada legislación establece que para efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración del artículo precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas 29/10/22 09:36:22 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 Rosario Verónica Ramírez Cárdenas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías mencionadas. Ahora bien, del análisis del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte el derecho de defensa en favor de la víctima u ofendido del delito, el cual comprende el derecho a recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución; y cuando lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal, de coadyuvar con el agente del Ministerio Público, a ofrecer pruebas, tanto en la averiguación previa como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias que correspondan, así como a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos previstos en la ley. Lo anterior con el fin de acreditar tanto el delito como la responsabilidad penal del inculpado y, por ende, que se le garantice su derecho a la reparación del daño. En efecto, el legislador le reconoció a la víctima u ofendido la calidad de parte activa dentro del procedimiento penal, el cual incluye la etapa de averiguación previa, como la del proceso judicial. En ese sentido, acorde con el precepto mencionado, en relación con los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretados bajo el principio pro persona, reconocido en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Federal, el reconocimiento de la víctima u ofendido del delito como parte, no es simplemente en atención a que es uno de los sujetos que interviene en el proceso penal, sino por la posición que guarda frente a todas las etapas procedimentales, lo que de suyo implica que debe reconocérsele y 29/10/22 09:36:22 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d4.28 Rosario Verónica Ramírez Cárdenas 13 garantizársele su derecho a ser oído durante todas las etapas del proceso penal respectivo. De ahí que tiene derecho a que se le dé intervención directa y activa durante todas las etapas del procedimiento, puesto que ello ha sido elevado a la categoría de derecho fundamental por el Poder Revisor de la Constitución, así como por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Ahora bien, en el presente asunto el Juez responsable no acordó favorable la petición de la quejosa María Cristina Cortés Medrano de reconocerle el carácter de ofendida del delito con motivo del homicidio de su hijo refiriéndole que quien debía hacerlo lo es el Ministerio Público. Sin embargo, dadas las particularidades del presente asunto de las que se advierte que efectivamente Yadira Jazmín García Ruiz es concubina del occiso Edgar Omar Vázquez Cortés, con quien procreó dos hijos de iniciales O.D.V.G. y S.S.V.G., que a la fecha son menores de edad, y que a ésta se le debe reconocer el carácter de ofendido del delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Empero, tampoco puede inadvertirse que si Yadira Jazmín García Ruiz en su entrevista de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, ante el agente del Ministerio Público investigador solicitó que se tuviera como representante de la parte ofendida a María Cristina Cortés Medrano, madre del que fue su concubino y padre de sus hijas, para que recibiera toda la información relacionada con la carpeta de investigación, para que se le realizaran todas las notificaciones que fueran necesarias y se le diera acceso a la información contenida en la citada carpeta, no existe impedimento legal alguno para reconocerle ese carácter. Pues aun y cuando la ley expresamente le reconozca tal carácter y que existe un orden de prelación de conformidad con el numeral antes señalado, para reconocer a quien les recae el carácter de ofendidos cuando muera la víctima del delito, el hecho de no reconocerle a María Cristina Cortés Medrano, madre del occiso Edgar Omar Vázquez Cortés, el carácter de ofendida, atendiendo a la voluntad expresa de quien fue la concubina de su hijo, se traduce en una violación a sus derechos humanos, al impedírsele ser parte activa en la investigación de los hechos delictuosos en los que se privó de la vida a su hijo para que los responsables por su homicidio sean sancionados, pues ello provocaría que el asunto prácticamente quedará paralizado en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se harían nugatorios sus derechos consagrados en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si bien, no se soslaya que las autoridades deben emitir sus determinaciones conforme lo dispone expresamente la Ley, en la actualidad dada la amplitud de protección de los derechos humanos no se puede ser en extremo rigoristas, sino dentro del marco legal realizar un análisis de acuerdo a las particularidades del caso para hacer efectivo el acceso a la justicia. Es aplicable por analogía la tesis XXVII.3o.11 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2432 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo IIIM de la Décima Época, del siguiente tenor: ..MINISTERIO PÚBLICO. LAS DIRECTRICES SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS FISCALES APROBADAS POR EL OCTAVO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE, CELEBRADO EN LA HABANA (CUBA) DEL 27 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1990 ("SOFT LAW"), SON PARÁMETROS ÚTILES PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS EMPLEADAS POR AQUÉL EN SU FUNCIÓN INVESTIGADORA, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. De conformidad con los principios de universalidad y progresividad en materia de derechos humanos, previstos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la toma de decisiones de los agentes ministeriales debe privilegiar el principio de oportunidad en la protección de los derechos humanos de los imputados y de las víctimas u ofendidos, en sus funciones de investigación de los delitos y la supervisión de su legalidad como representantes del interés público, adoptando no sólo la normativa doméstica o internacional, sino también las disposiciones emitidas por organismos internacionales de carácter no vinculante (conocidas doctrinalmente como "ley suave" o "soft law" -en inglés-), cuando protejan los mismos bienes jurídicos. En ese contexto, las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, son parámetros útiles, acogidos por la experiencia de dicho organismo internacional, para mejorar las prácticas empleadas por los fiscales (agentes ministeriales) en su función investigadora, con base en el principio de oportunidad; respetando la dignidad humana y defendiendo los derechos fundamentales de las partes relacionadas con su investigación criminal, con el fin no sólo de asegurar el debido proceso, sino también tomando en cuenta especialmente la situación personal de la víctima u ofendido, considerando sus opiniones e inquietudes cuando sus intereses se vean afectados". En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos de la carpeta administrativa .2. Dicte otro en el que atendiendo a los lineamientos de la presente ejecutoria ordene al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios de Ecatepec de Morelos, Estado de México, reconocerle a María Cristina Cortés Medrano, el carácter de ofendida en los autos de la carpeta de investigación 665780550056715, con la finalidad de que pueda ejercer de manera plena sus derechos contenidos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivados de tal carácter. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a .por propio derecho, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable, precisada en el considerando tercero de esta resolución y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

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