María Cristina Buendía Torres

Expediente 442/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
442/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
15/07/2015

Partes del expediente

  • María Cristina Buendía Torres

Actuaciones

  1. Principal

    México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remite testimonio de la resolución aprobada en sesión de dos de julio de dos mil quince, dictada en C.C.P. 6/2015, formado con motivo del conflicto competencia suscitado en el juicio de amparo 442/2015-V, ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. El Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a quien, por competencia territorial, le corresponde conocer del juicio de amparo, por las razones contenidas en el último considerando de este fallo."; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, ya que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, diez de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 442/2015-V, promovido por MARÍA CRISTINA BUENDÍA TORRES, e informa que admitió a trámite el conflicto competencial en el juicio de amparo 442/2015442/2015-V, el cual registró con el número C.C.P. 6/2015; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios federales en el estado de México con residencia en Toluca; toda vez que dicho expediente ya fue recibido por el homologo y se encuentra en conflicto competencial; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    México, Distrito Federal, quince de mayo de dos mil quince. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 442/2015-V. Incompetencia Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del y otras autoridades, es de precisar que este juzgador federal carece de competencia para conocer del presente asunto, en atención las siguientes consideraciones. Así, ya que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse...". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que MARÍA CRISTINA BUENDÍA TORRES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión del H. Consejo Interdisciplinario del Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito, Toluca de Lerdo, Estado de México, en dar contestación a su petición de veintiocho de abril de dos mil quince y su ejecución. Así, ya que de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, los actos reclamados fueron atribuidos a diversas autoridades con residencia en el Estado de México; por tanto, en este supuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. En el caso, los actos reclamados consisten en la omisión del H. Consejo Interdisciplinario del Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito, Toluca de Lerdo, Estado de México, en dar contestación a su petición de veintiocho de abril de dos mil quince y su ejecución, que incide en la esfera jurídica del quejoso, actos que tienen aparejada una ejecución material. Ahora bien, en atención a que, en el caso no existen autoridades responsables en este Distrito Federal, es evidente que la ejecución de los actos reclamados tendrá su verificativo en el Estado de México; por tanto, el Juzgado de Distrito competente lo será aquél que tenga su residencia en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, en turno. Por tanto, al tener ejecución material el acto que por esta vía se reclama, este asunto se ubica en la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el juez de distrito competente para conocer de este juicio de garantías es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute dicho acto. Bajo esa lógica, en autos no obra prueba alguna que demuestre que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se esté ejecutando en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, lo que permite concluir que será en el Estado de México, donde se ejecutará el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por MARÍA CRISTINA BUENDÍA TORRES, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. No se soslaya que el promovente señaló como domicilio uno ubicado en el Distrito Federal, dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito, ya que el domicilio de la parte quejosa no puede fincar competencia a determinado órgano jurisdiccional en materia de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.

  4. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de quince de mayo del dos mil quince, a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" México, Distrito Federal, quince de mayo de dos mil quince. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 442/2015-V. Incompetencia Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del y otras autoridades, es de precisar que este juzgador federal carece de competencia para conocer del presente asunto, en atención las siguientes consideraciones. Así, ya que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse...". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que MARÍA CRISTINA BUENDÍA TORRES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión del H. Consejo Interdisciplinario del Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito, Toluca de Lerdo, Estado de México, en dar contestación a su petición de veintiocho de abril de dos mil quince y su ejecución. Así, ya que de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, los actos reclamados fueron atribuidos a diversas autoridades con residencia en el Estado de México; por tanto, en este supuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. En el caso, los actos reclamados consisten en la omisión del H. Consejo Interdisciplinario del Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito, Toluca de Lerdo, Estado de México, en dar contestación a su petición de veintiocho de abril de dos mil quince y su ejecución, que incide en la esfera jurídica del quejoso, actos que tienen aparejada una ejecución material. Ahora bien, en atención a que, en el caso no existen autoridades responsables en este Distrito Federal, es evidente que la ejecución de los actos reclamados tendrá su verificativo en el Estado de México; por tanto, el Juzgado de Distrito competente lo será aquél que tenga su residencia en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, en turno. Por tanto, al tener ejecución material el acto que por esta vía se reclama, este asunto se ubica en la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el juez de distrito competente para conocer de este juicio de garantías es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute dicho acto. Bajo esa lógica, en autos no obra prueba alguna que demuestre que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se esté ejecutando en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, lo que permite concluir que será en el Estado de México, donde se ejecutará el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por MARÍA CRISTINA BUENDÍA TORRES, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. No se soslaya que el promovente señaló como domicilio uno ubicado en el Distrito Federal, dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito, ya que el domicilio de la parte quejosa no puede fincar competencia a determinado órgano jurisdiccional en materia de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.

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