Maria Cristina Bojorquez Fuentes

Expediente 1196/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1196/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2023

Partes del expediente

  • Maria Cristina Bojorquez Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, sin que se hubiese hecho con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, y el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por María Cristina Bojorquez Fuentes, por propio derecho. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Sexto, artículos 20 y 22, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es valorado como destruible, el cual permanecerá en el archivo de trámite de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del mismo. En las relatadas condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de diciembre de dos mil veintitrés. Tomando en consideración que de la certificación de cuenta se desprende que no obran documentos exhibidos por el peticionario de amparo, notifíquesele el presente proveído por medio de lista. Notifíquese. MESA I

  2. Principal

    CITATORIO: México, Ciudad de México, a once de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Visto el oficio que remite la Actuaria Judicial adscrita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a los que acompaña una papeleta, un oficio signado por el Secretario Auxiliar de Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, escrito de demanda de amparo presentada por María Cristina Bojorquez Fuentes, por propio derecho, copia certificada de la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca 863/2023 del índice de la citada sala y dos copias de traslado; asimismo, del proveído de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, emitido en el D.C. 687/2023 de su índice, se desprende que el tribunal oficiante se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por la citada; consecuentemente, este juzgado federal, se avoca al conocimiento del asunto, remítase el acuse de recibo de estilo; y al respecto se provee: ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de cuenta presentada por María Cristina Bojorquez Fuentes, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1196/2023-I y NEUN 33607328. ACTO RECLAMADO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano. Así las cosas, la promovente señala como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO.- 1. La Resolución de fecha de 17 de agosto del año 2023, respecto del Juicio Controversia del Orden Familiar, bajo el rubro Ibarra Bojorquez Luis Alejandro vs Claudia Guadalupe Ibarra Bojórquez, Fernanda Jaquelin Calvo Ibarra y Andrea Calvo Ibarra, en los Toca No. 863/2023, el cual fue notificado al suscrito por medio de Boletín Judicial el día 18 de agosto del año 2023 y surtiendo efectos el día 21 de agosto del año 2023." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: 1).- El acto reclamado deriva del juicio de controversia del orden familiar, promovido por Luis Alejandro Ibarra Bojórquez, en contra de Claudia Guadalupe Ibarra Bojórquez, Fernanda Jaquelin Calvo Ibarra y Andrea Calvo Ibarra, en que se solicitaron medidas en favor de la hoy promovente María Cristina Bojorquez Fuentes; demanda que fue radicada por el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el expediente 1983/2022. 2).- Admitida a trámite dicha demanda, se ordenó el emplazamiento de las demandadas, mismas que dieron contestación a la demanda instaurada en su contra en fecha treinta de enero de dos mil veintitrés y realizaron reconvención. 3).- Mediante escrito de dos de marzo de dos mil veintitrés, el actor solicito regularización del procedimiento, a fin de que le concedieran medidas provisionales, entre ellas, que se girara oficio a la Alcaldía para que informara quien otorgo los permisos de construcción de cinco departamentos que se encuentran en el domicilio de la hoy peticionaria de amparo; asimismo, se le requiriera a las demandadas si los mismos se encuentran rentados por AIRBNB, lo cual fue solicitado como medidas precautorias. 4).- Por auto de fecha siete de marzo de la presente anualidad, fueron negadas dichas medidas provisionales, por no ser parte del juicio y por su naturaleza jurídica. 5).- Inconforme con dicha determinación el actor interpuso recurso de apelación, del cual toco conocer a la Tercera Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, bajo el toca 863/2023. 6).- Dicho recurso fue resuelto en resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en la que se declaró parcialmente fundados los agravios y modificó el auto apelado de fecha siete de marzo de la presente anualidad, para quedar de la siguiente manera: "Ciudad de México, a siete de marzo del dos mil veintitrés. A sus autos el escrito de la parte actora principal, demandada reconvencional, atento a sus manifestaciones, atento a que las medidas provisionales que solicita, marcadas con los incisos B) y C), no participan de las características necesarias para ser consideradas como tales, es decir, provisionalidad, instrumentalidad, sumariedad y flexibilidad, sino constituyen pruebas para demostrar las excepciones que hizo valer en la reconvención, con fundamento en los artículos 278 y 944 del Código de Procedimientos Civiles, se admiten como medios de convicción, por lo que con relación a la marcada con el inciso B) se ordena girar oficio a la Alcaldía Coyoacán para verificar quien otorgó los permisos para construir los cinco departamentos que se encuentran en el domicilio ubicado en calle Vicente Guerrero número 27, colonia El Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, código postal 04100, en esta Ciudad de México. Por lo que respecta a la señalada con el inciso C) en relación al requerimiento a las actoras reconvencionales para que manifiesten bajo protesta de decir verdad, si los departamentos litigiosos se rentan por medio de la aplicación electrónica que refirió le (sic) promovente, dese vista a las actoras reconvencionista para que expresen lo que a su derecho correspondiera, en cuanto a que sí los cinco departamentos que se encuentran construidos en la parte superior del inmueble ubicado en calle Vicente Guerrero número 27, colonia El Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, código postal 04100, en esta Ciudad de México se rentan por medio de la aplicación Airbnb, apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá una medida de apremio de conformidad con lo que previene el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. Por lo que toca a la medida provisional marcada con el inciso A), a fin de acordar lo conducente, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL requiérase a las demandadas principales, actoras reconvencionales, señoras CLAUDIA GUADALUPE IBARRA BOJORQUEZ, FERNANDA JAQUELINE CALVO IBARRA y ANDREA CALVO IBARRA, para efectos de que, dentro del término de CINCO DIAS, manifiesten bajo protesta de decir verdad, si la adulta mayor MARÍA CRISTINA BOJÓRQUEZ FUENTES, se encuentra en posibilidades físicas, medicas (sic) y asistenciales, para comparecer ante la presencia judicial, para efecto de sostener una plática con el Suscrito Juzgador, hecho que sea, se acordara lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE." CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Atento a lo anteriormente expuesto, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 171 y 172 fracción III , todos de la Ley de Amparo de la ley en cita. Así, los precitados dispositivos legales señalan, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTICULO 171.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. " MOTIVO DEL DESECHAMIENTO En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera directa e inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, resolución que en definitiva substancie la falta de personalidad, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por otra parte, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que éstos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e incidan en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. El acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, por la cual se modificó el auto de siete de marzo del dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen, para el efecto de admitir las pruebas del actor, para demostrar las excepciones que hizo valer en la reconvención, por lo que con fundamento en los artículos 278 y 944 del Código de Procedimientos Civiles, se admitieron como medios de convicción, girar oficio a la alcaldía Coyoacán para verificar quien otorgó los permisos para construir cinco departamentos que se encuentran en el domicilio ubicado en: calle Vicente Guerrero número 27, colonia El Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, código postal 04100, en esta Ciudad de México, y requerir a las actoras reconvencionistas para que manifestaran bajo protesta de decir verdad, si los departamentos litigiosos se rentan por medio de una aplicación electrónica; lo que conlleva la improcedencia del presente juicio de amparo ya que resulta evidente porque en todo caso tal determinación no constituye el planteamiento de una violación formal procesal que afecte los derechos sustantivos en forma irreparable a la aquí promovente, persona de quien se solicitaron medidas de protección. De modo que, el acto reclamado no constituye acto por el cual su ejecución sea de reparación imposible y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tiene efectos intraprocesales. Por lo que la violación procesal que aduce la promovente debe ser reclamada como concepto de violación en el juicio de amparo directo que en su momento promueva en contra de la resolución que se dicte en el juicio de origen a fin de que la autoridad federal analice si la autoridad de origen efectivamente vulneró las leyes del procedimiento; por lo que la emisión del acto reclamado no es de aquella resolución que afecte la esfera jurídica de la promovente ya que se trata de una actuación intraprocesal en la propia tramitación del juicio de controversia del orden familiar, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación, toda vez que no implica necesariamente que la sentencia definitiva deba ser contraria a los intereses de la promovente, ya que en todo caso lo que se busca es su protección. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con registro digital: 2006589, del Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, Décima Época, en Materia Común, Tesis: P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, que dispone: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis P./J. 6/94, de la Octava Época, emitida por el Pleno, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Página 13, con número de registro IUS 205484, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia : P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Octava Época, visible en la página once, con número de registro IUS 205651, del tenor literal siguiente: "DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por María Cristina Bojorquez Fuentes, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la promovente el que se indica. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que tengan inscritas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en caso de no estar autorizados en términos amplios del citado artículo, se les autoriza de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INTEGRACION FISICA Y ELECTRONICA DEL EXPEDIENTE Tomando en consideración lo previsto en el artículo 263 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", y a fin de facilitar la consulta del presente cuaderno y realizar la transición paulatina al expediente electrónico, se ordena integrar por el momento de manera física las constancias que integraran el presente expediente, así como las que se ordenen vía electrónica. SE INSTRUYE A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el considerando quinto punto 1 y noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado en párrafos precedentes, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a las partes para que realicen la tramitación de la firma electrónica que les permitirá realizar la revisión, promoción y notificación electrónica en el presente expediente, ello, en razón de que en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del propio Consejo, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General, las políticas de transformación digital, la Estrategia Digital del Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo. En ese sentido, tomando en consideración que en el artículo 263 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció que los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE, en el SIGE y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen, para lo cual todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente y sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, se requiere a las partes para que realicen los trámites necesarios para la obtención de la firma electrónica que les permita continuar con la promoción del presente sumario mediante la modalidad de juicio en línea, ello, ya que la consulta de las determinaciones emitidas en el presente expediente se realizará a través del Portal de Servicios en Línea y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, por tanto, de no contar con usuario electrónico y firel, las notificaciones ordenadas en este expediente se realizaran por medio de lista y la consulta de las determinaciones emitidas tendrán que ser realizadas en este juzgado por medio de la utilización del equipo de cómputo que se designe. HABILITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la peticionaria de amparo y vía interconexión al tribunal oficiante NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO A LA PROMOVENTE POR MEDIO DE LISTA.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Interina del Juzgado Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por medio del cual en atención al requerimiento que le fue formulado en auto de tres de octubre del presente año proporciona la información que le fue solicitada y remite copia certificada de las constancias que precisa. se deja sin efectos el apercibimiento con el que fue requerida y tomando en consideración que mediante auto de tres de octubre del presente año, se ordenó dar vista a la quejosa y al diverso tercero interesado, se reserva proveer lo que corresponda hasta en tanto dicho término haya transcurrido. Notifíquese. MESA III.

  4. Principal

    CITATORIO: México, Ciudad de México, a once de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Visto el oficio que remite la Actuaria Judicial adscrita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a los que acompaña una papeleta, un oficio signado por el Secretario Auxiliar de Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, escrito de demanda de amparo presentada por María Cristina Bojorquez Fuentes, por propio derecho, copia certificada de la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca 863/2023 del índice de la citada sala y dos copias de traslado; asimismo, del proveído de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, emitido en el D.C. 687/2023 de su índice, se desprende que el tribunal oficiante se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por la citada; consecuentemente, este juzgado federal, se avoca al conocimiento del ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de cuenta presentada por María Cristina Bojorquez Fuentes, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1196/2023-I y NEUN 33607328. ACTO RECLAMADO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano. Así las cosas, la promovente señala como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO.- 1. La Resolución de fecha de 17 de agosto del año 2023, respecto del Juicio Controversia del Orden Familiar, bajo el rubro Ibarra Bojorquez Luis Alejandro vs Claudia Guadalupe Ibarra Bojórquez, Fernanda Jaquelin Calvo Ibarra y Andrea Calvo Ibarra, en los Toca No. 863/2023, el cual fue notificado al suscrito por medio de Boletín Judicial el día 18 de agosto del año 2023 y surtiendo efectos el día 21 de agosto del año 2023." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: 1).- El acto reclamado deriva del juicio de controversia del orden familiar, promovido por Luis Alejandro Ibarra Bojórquez, en contra de Claudia Guadalupe Ibarra Bojórquez, Fernanda Jaquelin Calvo Ibarra y Andrea Calvo Ibarra, en que se solicitaron medidas en favor de la hoy promovente María Cristina Bojorquez Fuentes; demanda que fue radicada por el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el expediente 1983/2022. 2).- Admitida a trámite dicha demanda, se ordenó el emplazamiento de las demandadas, mismas que dieron contestación a la demanda instaurada en su contra en fecha treinta de enero de dos mil veintitrés y realizaron reconvención. 3).- Mediante escrito de dos de marzo de dos mil veintitrés, el actor solicito regularización del procedimiento, a fin de que le concedieran medidas provisionales, entre ellas, que se girara oficio a la Alcaldía para que informara quien otorgo los permisos de construcción de cinco departamentos que se encuentran en el domicilio de la hoy peticionaria de amparo; asimismo, se le requiriera a las demandadas si los mismos se encuentran rentados por AIRBNB, lo cual fue solicitado como medidas precautorias. 4).- Por auto de fecha siete de marzo de la presente anualidad, fueron negadas dichas medidas provisionales, por no ser parte del juicio y por su naturaleza jurídica. 5).- Inconforme con dicha determinación el actor interpuso recurso de apelación, del cual toco conocer a la Tercera Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, bajo el toca 863/2023. 6).- Dicho recurso fue resuelto en resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en la que se declaró parcialmente fundados los agravios y modificó el auto apelado de fecha siete de marzo de la presente anualidad, para quedar de la siguiente manera: "Ciudad de México, a siete de marzo del dos mil veintitrés. A sus autos el escrito de la parte actora principal, demandada reconvencional, atento a sus manifestaciones, atento a que las medidas provisionales que solicita, marcadas con los incisos B) y C), no participan de las características necesarias para ser consideradas como tales, es decir, provisionalidad, instrumentalidad, sumariedad y flexibilidad, sino constituyen pruebas para demostrar las excepciones que hizo valer en la reconvención, con fundamento en los artículos 278 y 944 del Código de Procedimientos Civiles, se admiten como medios de convicción, por lo que con relación a la marcada con el inciso B) se ordena girar oficio a la Alcaldía Coyoacán para verificar quien otorgó los permisos para construir los cinco departamentos que se encuentran en el domicilio ubicado en calle Vicente Guerrero número 27, colonia El Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, código postal 04100, en esta Ciudad de México. Por lo que respecta a la señalada con el inciso C) en relación al requerimiento a las actoras reconvencionales para que manifiesten bajo protesta de decir verdad, si los departamentos litigiosos se rentan por medio de la aplicación electrónica que refirió le (sic) promovente, dese vista a las actoras reconvencionista para que expresen lo que a su derecho correspondiera, en cuanto a que sí los cinco departamentos que se encuentran construidos en la parte superior del inmueble ubicado en calle Vicente Guerrero número 27, colonia El Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, código postal 04100, en esta Ciudad de México se rentan por medio de la aplicación Airbnb, apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá una medida de apremio de conformidad con lo que previene el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. Por lo que toca a la medida provisional marcada con el inciso A), a fin de acordar lo conducente, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL requiérase a las demandadas principales, actoras reconvencionales, señoras CLAUDIA GUADALUPE IBARRA BOJORQUEZ, FERNANDA JAQUELINE CALVO IBARRA y ANDREA CALVO IBARRA, para efectos de que, dentro del término de CINCO DIAS, manifiesten bajo protesta de decir verdad, si la adulta mayor MARÍA CRISTINA BOJÓRQUEZ FUENTES, se encuentra en posibilidades físicas, medicas (sic) y asistenciales, para comparecer ante la presencia judicial, para efecto de sostener una plática con el Suscrito Juzgador, hecho que sea, se acordara lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE." * Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Atento a lo anteriormente expuesto, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 171 y 172 fracción III , todos de la Ley de Amparo de la ley en cita. Así, los precitados dispositivos legales señalan, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTICULO 171.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. " MOTIVO DEL DESECHAMIENTO En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera directa e inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, resolución que en definitiva substancie la falta de personalidad, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por otra parte, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que éstos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e incidan en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. El acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, por la cual se modificó el auto de siete de marzo del dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen, para el efecto de admitir las pruebas del actor, para demostrar las excepciones que hizo valer en la reconvención, por lo que con fundamento en los artículos 278 y 944 del Código de Procedimientos Civiles, se admitieron como medios de convicción, girar oficio a la alcaldía Coyoacán para verificar quien otorgó los permisos para construir cinco departamentos que se encuentran en el domicilio ubicado en: calle Vicente Guerrero número 27, colonia El Carmen Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, código postal 04100, en esta Ciudad de México, y requerir a las actoras reconvencionistas para que manifestaran bajo protesta de decir verdad, si los departamentos litigiosos se rentan por medio de una aplicación electrónica; lo que conlleva la improcedencia del presente juicio de amparo ya que resulta evidente porque en todo caso tal determinación no constituye el planteamiento de una violación formal procesal que afecte los derechos sustantivos en forma irreparable a la aquí promovente, persona de quien se solicitaron medidas de protección. De modo que, el acto reclamado no constituye acto por el cual su ejecución sea de reparación imposible y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tiene efectos intraprocesales.Por lo que la violación procesal que aduce la promovente debe ser reclamada como concepto de violación en el juicio de amparo directo que en su momento promueva en contra de la resolución que se dicte en el juicio de origen a fin de que la autoridad federal analice si la autoridad de origen efectivamente vulneró las leyes del procedimiento; por lo que la emisión del acto reclamado no es de aquella resolución que afecte la esfera jurídica de la promovente ya que se trata de una actuación intraprocesal en la propia tramitación del juicio de controversia del orden familiar, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación, toda vez que no implica necesariamente que la sentencia definitiva deba ser contraria a los intereses de la promovente, ya que en todo caso lo que se busca es su protección. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con registro digital: 2006589, del Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, Décima Época, en Materia Común, Tesis: P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, que dispone: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis P./J. 6/94, de la Octava Época, emitida por el Pleno, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Página 13, con número de registro IUS 205484, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia : P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Octava Época, visible en la página once, con número de registro IUS 205651, del tenor literal siguiente: "DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por María Cristina Bojorquez Fuentes, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la promovente el que se indica. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que tengan inscritas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en caso de no estar autorizados en términos amplios del citado artículo, se les autoriza de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INTEGRACION FISICA Y ELECTRONICA DEL EXPEDIENTE Tomando en consideración lo previsto en el artículo 263 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", y a fin de facilitar la consulta del presente cuaderno y realizar la transición paulatina al expediente electrónico, se ordena integrar por el momento de manera física las constancias que integraran el presente expediente, así como las que se ordenen vía electrónica. SE INSTRUYE A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el considerando quinto punto 1 y noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado en párrafos precedentes, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a las partes para que realicen la tramitación de la firma electrónica que les permitirá realizar la revisión, promoción y notificación electrónica en el presente expediente, ello, en razón de que en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del propio Consejo, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General, las políticas de transformación digital, la Estrategia Digital del Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo. En ese sentido, tomando en consideración que en el artículo 263 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció que los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE, en el SIGE y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen, para lo cual todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente y sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, se requiere a las partes para que realicen los trámites necesarios para la obtención de la firma electrónica que les permita continuar con la promoción del presente sumario mediante la modalidad de juicio en línea, ello, ya que la consulta de las determinaciones emitidas en el presente expediente se realizará a través del Portal de Servicios en Línea y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, por tanto, de no contar con usuario electrónico y firel, las notificaciones ordenadas en este expediente se realizaran por medio de lista y la consulta de las determinaciones emitidas tendrán que ser realizadas en este juzgado por medio de la utilización del equipo de cómputo que se designe. HABILITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la peticionaria de amparo y vía interconexión al tribunal oficiante NOTIFÍQUESE EL PRSENTE PROVEÍDO POR LISTA A LA PROMOVENTE.

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