Maria Cristina Aldana Henriquez

Expediente 1737/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1737/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Maria Cristina Aldana Henriquez

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad informa fecha. Téngase por recibido el oficio signado por la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado, actuando en representación del Director de Procedimientos Legales de la Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que el perito oficial Luis Aldo Crisanto Molina, podrá presentarse en las oficinas de la Dirección General de Auditoría Fiscal, en el Área de Devoluciones, ubicadas en la calle Magisterio 1499, Piso 4, Colonia Miraflores, en Guadalajara, Jalisco, a las DIEZ HORAS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, a efecto de que se le brinde el acceso al expediente DRFDE 542/2022, y se encuentre en posibilidad de emitir el dictamen pericial correspondiente. Notifíquese al perito oficial. En ese sentido, y tomando en consideración que el aludido experto se encuentra en las instalaciones de este Juzgado de Distrito, con motivo de la diligencia señalada para esta fecha, notifíquesele de manera personal la citada información. Notifíquese por lista física y electrónica; así como cúmplase.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DOS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, LA RESOLUCIÓN A NOTIFICAR SEÑALA: Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ****, por derecho propio, contra los actos que reclama del Juez Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales que menciona. II. Creación del expediente. Fórmese expediente y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1737/2023. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este ultimó precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO." Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: --- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; --- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; --- III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; --- IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza a partir del día siguiente al en que: 1. Hubiese surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. El quejoso hubiese tenido conocimiento del acto o resolución que reclama, o de sus actos de ejecución; 3. El quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que su intención fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto de cualquiera de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto señalan: "Registro: 239520 Séptima Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Cuarta Parte Página: 105 Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado.". Bajo esas premisas, se actualiza la causa de improcedencia de mérito, ello, ya que la parte quejosa se encuentra en la hipótesis señalada en el citado numeral 2, relativa a que el cómputo para presentar su demanda empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Es así, toda vez que según información obtenida del diverso juicio de amparo 1208/2023, del índice local, citada como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por tratarse de información que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y que pueden invocarse válidamente para fundar una determinación sin necesidad de que se ofrezcan como pruebas, lo aleguen o no las partes, pues basta esa circunstancia para conocer su contenido; del que se ordena agregar copia certificada de la demanda que dio origen a dicho expediente, al presente sumario, para los efectos legales conducentes. De lo anterior, se advierte que María Cristina Aldana Henríquez, por propio derecho, promovió juicio de amparo señalando como acto reclamado todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio 214/2021, del índice del Juzgado Cuarto en Materia Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, y su ejecución por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, en el que manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diez de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, al haber tenido pleno conocimiento de los actos reclamados desde dicha data, el plazo para presentar su demanda transcurrió del once al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, sin que en dicho plazo se cuenten los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo del mismo año, por haber sido inhábiles. De tal suerte que, al haber presentado su escrito de demanda de amparo hasta el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, es obvio que tal presentación resulta extemporánea, ya que se presentó después de transcurrido el plazo de quince días. Apoya a lo anterior por analogía, la siguiente jurisprudencia: "Novena Época Registro: 196930 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 6/98 Página: 95 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." (Lo resaltado es propio) Así, se estima que, respecto de los actos reclamados antes descrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de un acto consentido tácitamente por la parte quejosa, al no haber promovido la demanda de amparo dentro de los plazos que para tal fin establece la Ley de Amparo. En ese sentido, la demanda deviene improcedente, toda vez que no se promovió dentro de los plazos que la Ley de Amparo señala, porque en ese supuesto, a consideración del legislador, opera una presunción legal contra el peticionario, en el sentido de considerar que este, se encuentra conforme con el acto violatorio y por ello no lo reclamó oportunamente, aplicando en esa hipótesis el principio de instancia de parte agraviada, presunción iuris tantum que, desde luego, admite prueba en contrario. Por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de un acto consentido. Además, en el presente asunto, no se reclama alguno de los actos de excepción que prevé el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, para considerar que el plazo para la promoción del juicio de amparo es diverso al de quince días. Sirven de apoyo a lo anterior, por las razones que las informan, los siguientes criterios: "Quinta Época Registro: 370682 Instancia: Cuarta Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XCV Materia(s): Laboral Tesis: Página: 1533 TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado." "Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." IV. Intervención a las parte quejosa. a) Domicilio y autorizados. Téngasele designando como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda; además, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Michel Aldana, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. V. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. VI. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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