María Cristina Alarcón Hernández
Expediente 761/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Cristina Alarcón Hernández
Actuaciones
- Principal
MESA V B Por recibidos los autos que devuelve el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, y la copia certificada de la ejecutoria pronunciada al resolver el recurso de queja interpuesto por la agraviada MARÍA CRISTINA ALARCÓN HERNÁNDEZ contra el auto de dos de junio de dos mil quince, por el que se desechó su demanda de amparo; acúsese recibo. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal Colegiado en mención, en ejecutoria de veintiuno de agosto de dos mil quince, dictada en la queja 153/2015 declaró infundado el recurso de queja interpuesto por MARÍA CRISTINA ALARCÓN HERNÁNDEZ. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V B Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio 9759, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 7768 del índice de este Juzgado y transcribe el auto de presidencia de veintitrés del mes en curso, dictado en el recurso de queja 153/2015, mediante el cual se admitió el aludido recurso interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de dos de junio del año en curso, emitido en el juicio de amparo relativo a este cuaderno de antecedentes. Por otra parte, mediante oficio que se gire a la Superioridad, infórmesele que en los controles de expedientes de este Juzgado, no existe registrada alguna resolución en materia de amparo contra el acto reclamado en estos autos, ni tiene antecedente o asuntos relacionados, diversa a la que constituye el auto recurrido, como se advierte de la certificación de cuenta; para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA V B Agréguese el escrito signado por la promovente del amparo MARÍA CRISTINA ALARCÓN HERNÁNDEZ, por el que interpone recurso de queja contra el auto de dos de junio de dos mil quince; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja promovido por la parte quejosa, contra el auto de dos de junio de dos mil quince, por el que se desechó su demanda de amparo. No pasa inadvertido al suscrito que el recurrente no señaló constancias para el testimonio de revisión, como lo dispone el artículo 100 de la Ley de Amparo; sin embargo, en la especie tal aspecto deviene innecesario dado que el recurso interpuesto es contra el auto que desechó la demanda, supuesto en el cual deben remitirse al Tribunal de Alzada los autos originales. Así, dada la materia del presente asunto, remítase el original del escrito de cuenta, la copia para el Fiscal Federal adscrito al Tribunal de Alzada, y los autos del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del referido recurso, una vez que obre la constancia de notificación a la parte quejosa de este proveído. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
MESA V B Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA CRISTINA ALARCÓN HERNÁNDEZ, contra actos del Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el correspondiente libro de este Juzgado, bajo el número 761/2015. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Con esa base, resulta pertinente precisar que el acto aquí reclamado, consiste en la interlocutoria de ocho de abril de dos mil quince, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 52/2010 que tuvo a bien declarar infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cuatro de febrero de dos mil quince. Asimismo, la quejosa en sus antecedentes del acto reclamado indicó: -Que es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 52/2010, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el cual el quince de julio de dos mil once se dictó sentencia definitiva en la cual se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil doce, se tuvo a Gregoria Reyes Galo, apersonándose a dicho juicio en su carácter de apoderada legal de la Cooperativa de la Región del Papaliana, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada (actora); a su vez, se le requirió a ésta y a Darío Alfredo Velasco García, como endosatario en procuración de la moral en cita, para que designaran de entre ellos representante común, apercibiéndolos que de no hacerlo, se designaría uno en su rebeldía. Que mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil quince, se tuvo a Darío Alfredo Velasco García, revocando el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en el juicio, sin que se tuviera como tal, los medios electrónicos señalados; por otra parte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil doce y se designó como representante común de la parte actora a Darío Alfredo Velasco García; a su vez, se citó a las partes para oír resolución en el incidente de liquidación de intereses mandado a tramitar en auto de diez de agosto de dos mil doce; y por último, se concedió a la parte demandada el termino de tres días para que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva dictada el quince de julio de dos mil once. Inconforme con dicha determinación, la demandada aquí quejosa interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió mediante interlocutoria de ocho de abril de dos mil quince, declarándolo infundado -resolución que constituye el acto reclamado. Por tanto, se aprecia que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, debido a que de la interpretación sistemática de dichos numerales se pone de manifiesto que el juicio de amparo biinstancial sólo será procedente, respecto de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual serán reclamables las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso. Esos aspectos, no se colman en la especie, toda vez que la impetrante de amparo reclama en esta vía constitucional la resolución de ocho de abril de dos mil quince que declaró infundado el incidente de revocación interpuesto contra el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil quince en el juicio ejecutivo mercantil 52/2010 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, resolución que fue emitida en la etapa de ejecución de la sentencia, por lo que es evidente que el acto reclamado no fue dictado dentro de juicio. En esa tesitura, es conveniente precisar que la quejosa es parte en el juicio ejecutivo mercantil de referencia, ya que es demandada, por lo que fue oída en el juicio en el que se dictó sentencia en su contra. Lo anterior pone de manifiesto que indefectiblemente el juicio ejecutivo mercantil de referencia, se encuentra en etapa de ejecución, el aspecto que reclama la quejosa como parte demandada en el juicio está vinculado con el cumplimiento de la condena y la resolución que reclama no constituye la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del precepto 107, fracción IV, párrafo segundo, de la propia ley, ya que por tal, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por tanto, el acto reclamado, indefectiblemente no puede ser combatido a través del juicio constitucional. Resulta aplicable a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo SEXTO Transitorio de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, es aplicable la tesis VIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 230, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Además, tampoco se está en la hipótesis establecida en el inciso b), de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, que se trate de un acto en el procedimiento de imposible reparación, dado que la determinación que se reclama, consistente en la interlocutoria de ocho de abril de dos mil quince, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de cuatro de febrero del mismo año, que tuvo, entre otros puntos, por revocado el domicilio de la parte actora, por designado como representante común de ésta a Darío Alfredo Velasco García, por citadas a las partes para oír resolución en el incidente de liquidación de intereses mandado a tramitar el diez de agosto de dos mil doce y conceder a la parte demandada un término de tres días para que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, únicamente tiene como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, al no alterarse materialmente ningún derecho sustantivo, tales como la libertad, propiedad, posesiones o derechos, ya que al momento en que se producen no le afectan de manera irreparable. Por tanto, es evidente, que no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como lo precisa la hipótesis referida. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, en cuanto a que en ésta se discernió que los actos de imposible reparación son aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia de acuerdo a su numeral 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales el que indica en su demanda de amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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