MARíA CRISTINA AGUILERA MADRIGAL

Expediente 413/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
413/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • MARíA CRISTINA AGUILERA MADRIGAL

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 18 a 32), en el que desechó la demanda de amparo promovida por María Cristina Aguilera Madrigal, por conducto de su apoderado legal Roberto Renato Rodríguez Rodríguez; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Autorizado de quejosa solicita. Agréguense los escritos signados electrónicamente por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, autorizado en términos amplios de la quejosa María Cristina Aguilera Madrigal, a través de los cuales pretende aportar elementos probatorios para la concesión de la medida cautelar de la suspensión que solicitó en su demanda de amparo. En virtud de lo anterior, dígase al autorizado de la quejosa que deberá estarse de conformidad a lo acordado en proveído de veintiuno de mayo del año que transcurre. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal de María Cristina Aguilera Madrigal, contra actos de la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 413/2021-II. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, de un análisis al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: De la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala: El oficio 676/2021 de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a través del cual informó que la escritura pública número catorce (14), volumen lV, de trece de octubre de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público Número Dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, no corresponde al contrato de usufructo vitalicio gratuito respecto del bien inmueble ubicado en calle Paseo de España, número 15, edificio B-lll departamento 102, colonia Lomas Verdes Tercera Sección, en el municipio de Naucalpan de Juárez; y, Cualquier acto u omisión que trajera como consecuencia que no se encuentre inscrita la escritura pública antes precisada. Del Notario Público Número Dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala: La omisión de inscribir ante la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, la escritura pública número catorce (14), volumen lV, de trece de octubre de dos mil diez, derivada de la protocolización del contrato de usufructo vitalicio gratuito respecto del bien inmueble ubicado en calle Paseo de España, número 15, edificio B-lll departamento 102, colonia Lomas Verdes Tercera Sección, en el municipio de Naucalpan de Juárez; y, La omisión de inscribir en el protocolo de su notaría la escritura pública detallada en el párrafo que antecede. Se desecha demanda respecto a los actos reclamados a la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. Precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, al no tener la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo derivado de los actos que se le atribuyen. Al respecto, las disposiciones señaladas, en lo conducente, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales de los que México sea parte y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que condiciona su procedencia a que el acto reclamado se encuentre constituido por normas generales o actos de autoridad. Al respecto, la teoría general del derecho prevé la existencia de dos tipos de relaciones, las de coordinación y las de supra-subordinación. Así, establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Asimismo, se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Bajo esas premisas, y conforme a los criterios invocados, los órganos u organismos del Estado, o los funcionarios públicos, no pueden ni deben ser considerados como autoridades para los efectos del juicio de amparo, en aquéllos supuestos en los que no actúen con base en alguna atribución que les confiera la ley, sino como particulares, es decir, en un plano de igualdad, conforme a las disposiciones derivadas del derecho civil, mercantil, agrario o laboral. No se soslaya que el párrafo segundo del artículo 5º de la Ley de Amparo, establece que los particulares podrán tener el carácter de autoridad responsable en los casos en que realicen actos equivalentes a los de autoridad, en ejercicio de atribuciones o funciones que se encuentren previstas en una norma de carácter general. En ese orden, una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado o a un particular el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; II. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; IV. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.". En el mismo sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior tiene sustento en la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Precisado lo anterior, debe indicarse que la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, a quien la parte quejosa le atribuye diversos actos reclamados, no es responsable para efectos del amparo, y por ello, dichos actos no son susceptibles de impugnarse mediante el juicio de garantías. Tal como se ha precisado con antelación, en el presente juicio de amparo, el impetrante reclamó de la autoridad de referencia, los siguientes actos reclamados: El oficio 676/2021 de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a través del cual informó que la escritura pública número catorce (14), volumen lV, de trece de octubre de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público Número Dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, no corresponde al contrato de usufructo vitalicio gratuito respecto del bien inmueble ubicado en calle Paseo de España, número 15, edificio B-lll departamento 102, colonia Lomas Verdes Tercera Sección, en el municipio de Naucalpan de Juárez; y, Cualquier acto u omisión que trajera como consecuencia que no se encuentre inscrita la escritura pública antes precisada. En ese orden de ideas, tal como se adelantó a la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, no le reviste el carácter de responsable, dado que su participación al emitir el oficio 676/2021 de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mismo que por esta vía se reclama, se constriñe a dar cumplimiento al requerimiento formulado dentro del expediente 448/2020, por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, pues mediante él, informó lo solicitado por dicha autoridad (como el propio quejoso lo refirió en los antecedentes que precisó el acto reclamado). Así, dicho informe solicitado por el órgano jurisdiccional en comento, es un acto que se da en un proceso en el cual quien lo emite no es parte, sin embargo está sujeta a una relación de subordinación frente al Juez, y su rendición no se traduce en una facultad, sino en un "deber procesal" que, de incumplirse, podría tener como consecuencia que se sancione a la obligada. Dicho en otras palabras, la actuación de la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala es una carga impuesta en un procedimiento; de ahí que no se da en una relación de supra a subordinación frente a los particulares, pues actúa como auxiliar en la administración de justicia, equiparándose tal intervención a la de un particular, de ahí que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se invoca por sus consideraciones la tesis XXVII.3o.75 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1734, Tomo ll, Abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. En relación con esto, su artículo 5o., fracción II, refiere que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. La creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados; siendo éstas las de subordinación, supraordinación y coordinación, y conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues sólo desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otro lado, de los artículos 115 a 118 de la propia ley, se deduce que el informe justificado es un documento que el ente señalado como responsable rinde en el juicio de amparo en cumplimiento de un mandato del Juez de control constitucional, y mediante él, se remiten constancias y se hacen manifestaciones relacionadas con la certeza del acto reclamado, su legalidad o constitucionalidad, su fundamento, y determinados datos en amparo en materia agraria. Así, dicho informe es un acto que se da en un proceso en el cual quien lo emite tiene el carácter de parte, sujeta a una relación de subordinación frente al Juez, y de coordinación frente a su contraparte, generalmente el quejoso. Y si bien su rendición se da en el marco de una norma, ésta no lo traduce en una facultad, sino en un "deber procesal" que, de incumplirse, por regla general, hace que se presuma cierto el acto reclamado e, incluso, que se sancione a la obligada, en términos del artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Consecuentemente, el informe justificado no es un acto que se verifique en una relación de supra a subordinación de su emisor frente a otros sujetos; luego, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Así como la tesis XXVII.3o.27 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1743, Tomo ll, Diciembre de 2016, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INFORME RENDIDO POR LAS AUTORIDADES FISCALES ANTE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON), CON MOTIVO DE LA QUEJA PROMOVIDA POR UN CONTRIBUYENTE EN SU CONTRA. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. En relación con esto, el artículo 5o., fracción II, del mismo ordenamiento refiere que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. Así, la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente aquel a quien se le considera autoridad frente a los gobernados; siendo éstas las de supra a subordinación, supraordinación y coordinación y, conforme a ellas, sólo será autoridad responsable para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de las del primer tipo frente a los particulares, pues sólo desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por su parte, de los artículos 5, fracciones III y IX, 19, 20, fracción I, 23, 24 y 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), se advierte que corresponde a ese organismo conocer e investigar las quejas de los contribuyentes contra las autoridades fiscales, para lo cual se establece un procedimiento en el que se requiere a éstas la presentación de un informe como responsables -sobre actos que se les atribuyan en la queja o reclamación-, donde se hacen constar los antecedentes del asunto, fundamentos y motivaciones de los actos reclamados, si efectivamente éstos existieron, acompañándose las constancias necesarias para apoyarlo. Así, dicho informe es una carga impuesta en un procedimiento a quien tiene el carácter de parte; de ahí que no se da en una relación de supra a subordinación frente a los particulares. Y si bien su rendición se presenta en el marco de una norma, ésta no lo traduce en una facultad, sino en un "deber procedimental" que de incumplirse, por regla general, hace que se sancione a la obligada en términos del artículo 28, fracción I, numeral 1, de la ley de la materia. Consecuentemente, el informe aludido no es un acto que se verifique en una relación de supra a subordinación de su emisor frente a otros sujetos; luego, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, demostrada plenamente la causal de improcedencia invocada y al no revestirle a la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1º y 5, fracción II, párrafo primero (interpretados a contrario sensu) y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad. Se desecha demanda respecto a los actos reclamados al Notario Público Número Dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala. Por otra parte, este juzgado considera que en relación a los actos reclamados al Notario Público Número Dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala, también se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el citado fedatario público no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Por principio de cuentas, resulta pertinente precisar que los artículos 6, fracción XV y 83 de la Ley del Notariado del Estado de Tlaxcala, disponen lo siguiente: "Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (.) XV. Notario. El profesional del derecho, investido de fe pública por delegación del Estado para ejercer las funciones propias del notariado de acuerdo con esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; (.)". "Artículo 198. Son obligaciones y atribuciones del Director, las siguientes: I. Practicar u ordenar la práctica de inspecciones ordinarias y especiales a las notarías del Estado; II. Comunicar por escrito a la superioridad las faltas que ameriten suspensión o remoción del cargo, en que incurran los notarios en ejercicio de sus funciones, sugiriendo la sanción que deba imponerse; III. Resolver las quejas presentadas en contra de los notarios; IV. Sancionar administrativamente a los notarios conforme a las disposiciones de la presente Ley; V. Intervenir en la entrega y recepción de notarías; VI. Realizar estudios para identificar las necesidades del servicio notarial en el territorio del Estado; VII. Llevar los registros de expedición de Constancias de Aspirante y de Patente de Notario, de sellos y firmas de estos últimos y de los Convenios de Asociación que celebren los notarios. En estos registros se asentarán la fecha de los nombramientos, los días que hayan dejado de actuar los notarios y las licencias, suspensiones y remociones de los mismos; VIII. Llevar un registro de los testamentos que autoricen los notarios y de los cuales hayan dado aviso en los términos de la presente Ley y rendir a las autoridades los informes que soliciten; IX. Expedir, a petición de los notarios, de los interesados o por orden judicial, los testimonios o copias certificadas de las escrituras que obren en los Protocolos depositados en el Archivo; X. Dirigir, controlar y supervisar el manejo del Archivo y de los Registros Públicos en el Estado; XI. Tramitar los asuntos relacionados con el notariado del Estado, y XII. Las demás que le señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables". Ahora, de los artículos transcritos se puede observar que la función del notario esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme con las leyes, además de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas. Esto es, el notario es un delegatario del Estado para dar fe pública de los actos y hechos jurídicos que se celebran ante él con el fin de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de los mismos. En este orden de ideas, debe entenderse que el notario, a través de la fe pública que le es conferida, sólo hace constar los actos y hechos jurídicos que ocurren ante él, sin que de ello pueda entenderse que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. El hecho de que en ocasiones, por determinación de ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de dichos actos o hechos. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que a través de la función notarial se cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Por ello, como se ha establecido, los actos del notario no pueden ser considerados actos de autoridad. Consecuentemente, si en el particular se reclama en esencia la omisión de inscribir ante la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, la escritura pública número catorce (14), volumen lV, de trece de octubre de dos mil diez, derivada de la protocolización del contrato de usufructo vitalicio gratuito respecto del bien inmueble ubicado en calle Paseo de España, número 15, edificio B-lll departamento 102, colonia Lomas Verdes Tercera Sección, en el municipio de Naucalpan de Juárez, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral, ni afecta la esfera legal de las partes. Resulta aplicable la tesis IV.3°.17C, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que aparece publicada en la página 770, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo VI, de octubre de 1997, de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL AMPARO. El capítulo VIII del título segundo, libro tercero, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, prevé la tramitación de las testamentarías en forma extrajudicial con intervención de un notario, cuando no hubiere controversia alguna; sin embargo, aun cuando el notario tenga el carácter de funcionario público, ello no significa que actúe como autoridad en la tramitación mencionada, ni que se le deleguen facultades que corresponden propiamente a una autoridad, para efectos del juicio de amparo; por lo que al carecer sus actos de potestad e imperio, que es el atributo que distingue a los actos de autoridad, obviamente no puede tener el carácter de responsable y, por ende, resulta improcedente el amparo que se promueva en su contra, debiendo sobreseerse en el mismo, atento lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I, de la ley reglamentaria de la materia". Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que éste actúa por medio de una patente otorgada por el Estado y no puede ser considerado servidor público, en atención a que su cargo no es de elección popular ni se halla dentro de la administración pública estatal o municipal, además de que el notario no depende del gobierno o de una entidad paraestatal, ya que si bien actúa por delegación del Estado, no está dentro de su organización administrativa ni burocrática. Así se aprecia en la jurisprudencia P./J. 75/2005, de la Novena Época, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, julio de 2005, página 795, materia constitucional, del rubro y texto siguientes: "NOTARIOS. NO SON SERVIDORES PÚBLICOS. Conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reputan como servidores públicos, entre otros, los representantes de elección popular y quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración pública. Ahora bien, toda vez que el notario actúa por medio de una patente otorgada por el Estado, no puede ser considerado servidor público, en atención a que su cargo no es de elección popular ni se halla dentro de la administración pública estatal o municipal, además de que el notario no depende del gobierno o de una entidad paraestatal, ya que si bien actúa por delegación del Estado, no está dentro de su organización administrativa ni burocrática.". En tales condiciones, si los Notarios Públicos carecen del carácter de servidores públicos y sólo son fedatarios por ello no tiene el carácter de autoridad. Apoya la conclusión anterior, la tesis de la Segunda Sala del Tribunal Supremo de esta Nación de la Quinta Época, que se observa en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, página 367, materia común, que a continuación se cita: "NOTARIOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD. Los notarios no tienen en carácter de autoridad para los efectos del amparo." En esa tesitura, los actos que se imputan al Notario Público Número Dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala, carecen de potestad de imperio, pues en ellos no se plasma algún tipo de decisión ajena a la voluntad de las partes aparentemente contratantes, ya que exclusivamente dan fe de los hechos o actos sometidos a su conocimiento y fe pública, y en todo caso la omisión que les reclaman de realizarse, no crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas. Apoya a lo anterior la tesis VI.1o.A.10 K, de la Décima Época, registro 2000397, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Libro VI, marzo de 2012, página 1247, de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme a la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, los notarios tienen una función de orden público, toda vez que actúan por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; aunado a que son los propios particulares quienes acuden a solicitar la prestación de los servicios notariales y quienes pagan por éstos; por tanto, la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, como una nota esencial de los actos de autoridad. De modo que cuando el notario público formaliza un acto jurídico como la enajenación de un bien inmueble o un poder general para actos de dominio, no lleva a cabo algún acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." En las condiciones apuntadas, se actualiza, la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha la demanda de amparo respecto a los actos atribuidos al Notario Público Número Dos de la Demarcación de Zaragoza, con sede en Zacatelco, Tlaxcala. En consecuencia, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo y consideraciones precisadas con antelación, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Ilustra la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.), Décima Época, registro 2020413, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo ll, agosto de 2019, Materia Común, página 1144, de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Desechamiento que se hace extensivo a los actos reclamados de la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. Además, resulta oportuno destacar que las consideraciones antes expuestas fueron confirmadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver los recursos de queja 110/2019 y 69/2020, de su estadística. Finalmente, no pasa desapercibido que la parte quejosa cita la tesis II.2o.C.9 K (10a.), de rubro "NOTARIO PÚBLICO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO OMITE ENTREGAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE A LA PARTE INTERESADA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL."; sin embargo, su aplicación no resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional toda vez que se trata de una tesis aislada, la cual no es vinculante aunado al hecho de que fue emitida en diverso circuito judicial. Se autoriza consulta y notificación del expediente electrónico. Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través de los usuarios "roberto_renato", "Ana_gomez", "Ivonner511207" y "ALONSOCO", toda vez que se encuentran debidamente registrados, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Autorizados. Además, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Renato de Jesús Rodríguez Gutiérrez y Elizabeth Ivonne Rodríguez Kurz, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a Ana Luisa Gómez Martínez, Sonia Obdulia Rodríguez Kurz, Juan Andrés Noriega Aguilera y Cruz Cesarina Rojas González, por no contar con dicho registro. Se autoriza uso de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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