María Crispina Hurtado Barrera
Expediente 1239/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Crispina Hurtado Barrera
Actuaciones
- Principal
Razón: En diecinueve de enero de dos mil dieciocho el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de enero de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Cristina Hurtado Barrera, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintinueve de diciembre del año próximo pasado, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento susceptible de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"Razón: En diecinueve de enero de dos mil dieciocho el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de enero de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Cristina Hurtado Barrera, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintinueve de diciembre del año próximo pasado, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento susceptible de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe la quejosa MARIA CRISTINA HURTADO BARRERA, mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló por proveído de cinco de diciembre del año en curso. Ahora bien, examinada la demanda de amparo promovida, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma en atención a las consideraciones siguientes: Del escrito inicial se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable Director de Control Gubernamental de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, el acto que preciso de la siguiente manera: ".el Oficio número SF/DCGub/219/2017, signado por el C.P. Joaquín Herrán López, en su calidad de Director de Contabilidad Gubernamental, de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, de fecha 11 de octubre de 2017.". Cabe destacar que de los antecedentes que vierte la quejosa, tanto en su escrito de demanda como en el aclaratorio de cuenta, se desprende que: a) El dos de mayo de dos mil diez fue contratada por la Procuraduría General de Justicia del Estado; dependencia que forma parte del Gobierno del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo, según el Título Séptimo, Capitulo IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. b) Dicha relación laboral duró hasta el veintiocho de octubre de dos mil quince, habiéndose desempeñado durante dicho tiempo como Subdirectora de Área de la Dirección de Averiguaciones Previas, Directora General de la Policía Ministerial del Estado, y Directora de Área adscrita a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas. c) Con motivo de dicha relación de trabajo, médiate escrito presentado el dieciocho de abril del año en curso, solicitó al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, que tuviera a bien "ordenar a quien corresponda se me extienda constancia de No adeudo dentro del periodo laborado por la suscrita en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de tramitar el retiro de aportaciones, ante la Dirección de Pensiones del Estado." d) En atención a la petición señalada en el inciso anterior, el Director de Control Gubernamental de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, emitió el oficio SF/DCGub/219/2017, datado el once de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual hace del conocimiento de la quejosa que ".tiene un adeudo por $80,118.40 (Ochenta mil ciento dieciocho pesos 40/100 M.N.), cantidad que se solicita sea integrada a esta Secretaría de Finanzas." El anterior oficio constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que el quejoso pretende. Así, por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que en relación con el oficio reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.].". Se considera actualizada de modo manifiesto e indudable dicha causal de improcedencia porque el oficio reclamado (ya precisado) no constituye actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, atento a la básica razón de que la relación que se generó entre la quejosa y el Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, con motivo de la emisión del oficio reclamado, no corresponde a la de autoridad y gobernado, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre la hoy inconforme y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo anterior se corrobora -según se puso de relieve-, con la circunstancia de que existía una relación de carácter laboral entre la quejosa y Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia; más aun, de la propia petición formulada al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, en el escrito que dio origen al oficio que ahora se reclama, se desprende que la misma verso sobre la expedición de la constancia de no adeudo -por parte de la aquí inconforme-, durante el periodo que laboró en la aludida Procuraduría General de Justicia, por tanto, deviene inconcuso que la respuesta contenida en el oficio reclamado atiende a dicho contexto, en el caso, la aludida relación laboral. Ahora bien, para resolver si un acto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, atendiendo precisamente a la dilucidación de si fue emitido o no en el marco de una relación de supra a subordinación es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. Como ha quedado expuesto con antelación, al tenor de los antecedentes esgrimidos, el acto reclamado tiene su origen en la circunstancia de que la quejosa se desempeñó como trabajadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y derivado de dicha relación, formuló a la autoridad responsable la petición génesis del oficio reclamado. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada entre la servidora pública aquí quejosa y la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual se encontraba adscrita y prestó sus servicios; atento a lo anterior: en el marco de una relación laboral, en una institución que forma parte del Gobierno del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo estatal, según el Titulo Séptimo, Capítulo IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en donde la verificación del registro y control de nóminas de sus empleados, le corresponde -precisamente- a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, por disposición expresa del artículo 26, fracción IV, del Reglamento Interior de dicha Secretaria. De modo que el titular de esa dirección expidió el oficio señalado como acto reclamado en el contexto y con motivo de la aludida relación laboral, precisamente refiriendo un adeudo por "sueldos cobrados de más", según los antecedentes expresados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, y el original del oficio reclamado. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa. En el caso, la emisión del oficio reclamado, a través del cual se le hace saber el adeudo que tiene con Gobierno del Estado, derivado de sueldos cobrados de más durante el tiempo que laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que únicamente tiende a afectar sus derechos laborales, pues entre estos se encuentra la remuneración por el trabajo prestado, de conformidad con el artículo 123 Constitucional. Sobre esas premisas, resulta que el oficio reclamado, a través del cual se le hizo del conocimiento de la quejosa ese adeudo por sueldos que se le atribuye, sin duda alguna tiene su origen en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la quejosa, que el oficio emitido por el Director de Control Gubernamental de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, es violatorio de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del órgano competente para dirimir los conflictos derivados de dicha relación laboral y no del juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implican propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino, una conducta derivada como consecuencia de la relación laboral entre la quejosa y Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la que se encontraba adscrita, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional, sino en sede ordinaria que determiné si tenía o no derecho a percibir o no el sueldo que se indica como cobrado de más, frente a su trabajo, puesto, prestaciones y demás condiciones de trabajo. Esto es así, dado que como ya se señaló, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, y con este carácter las relaciones que se den con los particulares, serán en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación; entonces, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ordene o ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación al que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si el acto reclamado tiene su origen concretamente en la petición formulada por la quejosa en el sentido de que se le expidiera una constancia de no adeudo durante el periodo que laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado, es incuestionable que la respuesta contenida en el oficio reclamado deriva de la relación que existió entre la ahora inconforme y Gobierno del Estado, la cual evidentemente es de naturaleza laboral; de donde deviene inconcuso que no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, se cita en lo conducente, la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe la quejosa MARIA CRISTINA HURTADO BARRERA, mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló por proveído de cinco de diciembre del año en curso. Ahora bien, examinada la demanda de amparo promovida, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma en atención a las consideraciones siguientes: Del escrito inicial se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable Director de Control Gubernamental de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, el acto que preciso de la siguiente manera: ".el Oficio número SF/DCGub/219/2017, signado por el C.P. Joaquín Herrán López, en su calidad de Director de Contabilidad Gubernamental, de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, de fecha 11 de octubre de 2017.". Cabe destacar que de los antecedentes que vierte la quejosa, tanto en su escrito de demanda como en el aclaratorio de cuenta, se desprende que: a) El dos de mayo de dos mil diez fue contratada por la Procuraduría General de Justicia del Estado; dependencia que forma parte del Gobierno del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo, según el Título Séptimo, Capitulo IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. b) Dicha relación laboral duró hasta el veintiocho de octubre de dos mil quince, habiéndose desempeñado durante dicho tiempo como Subdirectora de Área de la Dirección de Averiguaciones Previas, Directora General de la Policía Ministerial del Estado, y Directora de Área adscrita a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas. c) Con motivo de dicha relación de trabajo, médiate escrito presentado el dieciocho de abril del año en curso, solicitó al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, que tuviera a bien "ordenar a quien corresponda se me extienda constancia de No adeudo dentro del periodo laborado por la suscrita en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de tramitar el retiro de aportaciones, ante la Dirección de Pensiones del Estado." d) En atención a la petición señalada en el inciso anterior, el Director de Control Gubernamental de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, emitió el oficio SF/DCGub/219/2017, datado el once de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual hace del conocimiento de la quejosa que ".tiene un adeudo por $80,118.40 (Ochenta mil ciento dieciocho pesos 40/100 M.N.), cantidad que se solicita sea integrada a esta Secretaría de Finanzas." El anterior oficio constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que el quejoso pretende. Así, por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que en relación con el oficio reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.].". Se considera actualizada de modo manifiesto e indudable dicha causal de improcedencia porque el oficio reclamado (ya precisado) no constituye actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, atento a la básica razón de que la relación que se generó entre la quejosa y el Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, con motivo de la emisión del oficio reclamado, no corresponde a la de autoridad y gobernado, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre la hoy inconforme y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo anterior se corrobora -según se puso de relieve-, con la circunstancia de que existía una relación de carácter laboral entre la quejosa y Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia; más aun, de la propia petición formulada al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, en el escrito que dio origen al oficio que ahora se reclama, se desprende que la misma verso sobre la expedición de la constancia de no adeudo -por parte de la aquí inconforme-, durante el periodo que laboró en la aludida Procuraduría General de Justicia, por tanto, deviene inconcuso que la respuesta contenida en el oficio reclamado atiende a dicho contexto, en el caso, la aludida relación laboral. Ahora bien, para resolver si un acto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, atendiendo precisamente a la dilucidación de si fue emitido o no en el marco de una relación de supra a subordinación es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. Como ha quedado expuesto con antelación, al tenor de los antecedentes esgrimidos, el acto reclamado tiene su origen en la circunstancia de que la quejosa se desempeñó como trabajadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y derivado de dicha relación, formuló a la autoridad responsable la petición génesis del oficio reclamado. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada entre la servidora pública aquí quejosa y la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual se encontraba adscrita y prestó sus servicios; atento a lo anterior: en el marco de una relación laboral, en una institución que forma parte del Gobierno del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo estatal, según el Titulo Séptimo, Capítulo IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en donde la verificación del registro y control de nóminas de sus empleados, le corresponde -precisamente- a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, por disposición expresa del artículo 26, fracción IV, del Reglamento Interior de dicha Secretaria. De modo que el titular de esa dirección expidió el oficio señalado como acto reclamado en el contexto y con motivo de la aludida relación laboral, precisamente refiriendo un adeudo por "sueldos cobrados de más", según los antecedentes expresados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, y el original del oficio reclamado. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa. En el caso, la emisión del oficio reclamado, a través del cual se le hace saber el adeudo que tiene con Gobierno del Estado, derivado de sueldos cobrados de más durante el tiempo que laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que únicamente tiende a afectar sus derechos laborales, pues entre estos se encuentra la remuneración por el trabajo prestado, de conformidad con el artículo 123 Constitucional. Sobre esas premisas, resulta que el oficio reclamado, a través del cual se le hizo del conocimiento de la quejosa ese adeudo por sueldos que se le atribuye, sin duda alguna tiene su origen en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la quejosa, que el oficio emitido por el Director de Control Gubernamental de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, es violatorio de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del órgano competente para dirimir los conflictos derivados de dicha relación laboral y no del juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implican propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino, una conducta derivada como consecuencia de la relación laboral entre la quejosa y Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la que se encontraba adscrita, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional, sino en sede ordinaria que determiné si tenía o no derecho a percibir o no el sueldo que se indica como cobrado de más, frente a su trabajo, puesto, prestaciones y demás condiciones de trabajo. Esto es así, dado que como ya se señaló, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, y con este carácter las relaciones que se den con los particulares, serán en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación; entonces, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ordene o ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación al que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si el acto reclamado tiene su origen concretamente en la petición formulada por la quejosa en el sentido de que se le expidiera una constancia de no adeudo durante el periodo que laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado, es incuestionable que la respuesta contenida en el oficio reclamado deriva de la relación que existió entre la ahora inconforme y Gobierno del Estado, la cual evidentemente es de naturaleza laboral; de donde deviene inconcuso que no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, se cita en lo conducente, la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente."
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