María Crisol Zúñiga Alvarado

Expediente 301/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
301/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • María Crisol Zúñiga Alvarado
  • Director de Extradiciones de la Fiscalía General de la República

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio de garantías de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente controvertido, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto, se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. No pasa inadvertido que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, sin embargo, al desecharse la demanda de amparo, en consecuencia quedó sin efecto tal suspensión. En consecuencia, toda vez que la quejosa MaríaCrisol Zúñiga Alvarado se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en materia Penal en turno, con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, a fin de que le notifique a la directa quejosa, María Crisol Zúñiga Alvarado el presente auto. Hecho lo anterior, se devuelva el exhorto sin la necesidad de acusar recibo en virtud de que el propio sistema lo genera. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA POR EXHORTO. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe. L´lgwm

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que signa el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con sede en la Ciudad de México, México, téngasele remitiendo debidamente diligenciado el exhorto 118/2021-I, orden 152/2021-I, derivado del presente juicio de amparo; acúsese de recibo de estilo correspondiente, vía interconexión. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el exhorto 115/2021-V, orden 117/2021-V del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, derivado del exhorto 111/2021-I, orden 144/2021, del índice de este juzgado de Distrito, y con la razón actuarial de siete de mayo de dos mil veintiuno, signada por el actuario adscrito al Juzgado exhortado, agréguese a sus autos y téngase por desahogado el exhorto de referencia, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Por otro lado, de la razón actuarial elaborada por el actuario judicial en el exhorto 115/2021-V, orden 117/2021-V del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, se advierte que la directa quejosa María Crisol Zúñiga Alvarado, ratificó la demanda presentada en su representación por Daysy Anahí Pedroza Zúñiga, por lo que se refiere a su incomunicación y traslado a la Ciudad de México, que le atribuye al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México. De la lectura integral al capítulo de actos reclamados del escrito de demanda, se advierte que la quejosa en esencia, señala como actos reclamados los siguientes: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la Autoridad señalada como responsable, le reclamo la inminente orden de traslado a la Ciudad de México, tras la detención de la quejosa en esta ciudad Juárez, Chihuahua." Y por otra parte, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa se encontraba incomunicada. Por otro lado, previamente a proveer sobre su admisión, se advierte que la autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, rindió el informe sobre la suspensión de plano, haciendo del conocimiento de este juzgado federal, que en audiencia celebrada a partir de las veinte horas del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se le hizo del conocimiento el contenido de la petición formal de extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América, así como su derecho a oponer excepciones y ofrecer las pruebas que estimara conducentes para demostrarlas, que la fiscalía narró los hechos que forman parte de la petición formal de extradición del Gobierno de Estados Unidos de América y señaló el delito cuya comisión se atribuye a la reclamada, audiencia en la que se impuso a la referida quejosa, detención con fines de extradición en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. Ahora, en atención a lo anterior y del análisis íntegro de la demanda y del informe sobre la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable ordenadora, se advierte que la demanda en estudio es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." De la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir en el traslado a la Ciudad de México, tras su detención en esta ciudad de México y su incomunicación y por otro lado, del informe rendido por la autoridad responsable ordenadora, se advierte que se dictó a la parte quejosa, la detención con fines de extradición en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. En tales condiciones, como lo informa la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto de los actos de los que se duele la justiciable, consistente en el traslado a la ciudad de México y su incomunicación, ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. El citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por el descrito precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." Así, es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: La aprehensión; b) La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; c) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; y, d) Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. A ese conjunto de normas jurídicas que rigen la restricción de la libertad como en los casos apuntados, se le llama situación jurídica en cuanto al proceso penal se refiere; de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si se reclama la orden de traslado a la Ciudad de México derivada de su detención e incomunicación, de la autoridad responsable, no debe considerarse que sólo con la sentencia se podrá establecer que existe cambio de situación jurídica, al haberse excluido a dicho numeral de la causal invocada. En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio constitucional concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse por notoriamente improcedente. En el caso, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, Daysy Anahí Pedroza Zúñiga, promovió demanda de amparo en favor de la directa quejosa María Crisol Zúñiga Alvarado, en contra del traslado a la Ciudad de México de la directa quejosa y por actos de incomunicación. Y por otro lado, se advierte que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, al rendir su informe respecto de la suspensión de plano, señaló que en la audiencia celebrada a partir de las veinte horas del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se advierte que se dictó a la parte quejosa, la detención con fines de extradición en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. Informe el anterior, que tiene valor preponderante, y del que se advierte que la ahora quejosa se encuentra sujeta a un procedimiento judicial, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito en los Estados Unidos de América, motivo por el cual, se dictó la detención con fines de extradición en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. Por tanto, al haberse dictado el auto de la detención con fines de extradición en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, la situación jurídica de la quejosa directa María Crisol Zúñiga Alvarado, cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de traslado a la ciudad de México, que reclama la impetrante del amparo, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. v DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Exhorto. En consecuencia, toda vez que la quejosa María Crisol Zúñiga Alvarado se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en materia Penal en turno, con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, a fin de que le notifique a la directa quejosa, María Crisol Zúñiga Alvarado el presente auto. Hecho lo anterior, se devuelva el exhorto sin la necesidad de acusar recibo en virtud de que el propio sistema lo genera. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDA. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, en principio, atento al contenido del oficio y anexo remitidos por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, téngasele remitiendo sin diligenciar el exhorto 101/2021-I, orden 130/2021-I, derivado del presente juicio de amparo, por los motivos expuestos en el oficio de mérito, por lo tanto, dese de baja en el libro de gobierno. En consecuencia, toda vez que la quejosa María Crisol Zúñiga Alvarado se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en materia Penal en turno, con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, a fin de que le notifique a María Crisol Zúñiga Alvarado el presente auto y el de veintiuno de abril de dos mil veintiuno y la requiera para que en el acto de la notificación o el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación correspondiente, ratifique la demanda de amparo presentada en su nombre por Daysy Anahí Pedroza Zúñiga, lo anterior de conformidad con el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda y quedara sin efectos las providencias dictadas. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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