María Corina Cisneros González

Expediente 1969/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1969/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
22/12/2017

Partes del expediente

  • María Corina Cisneros González

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por MARÍA CORINA CISNEROS GONZÁLEZ, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.ISA*

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de seis de diciembre del dos mil diecisiete, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueve ********************, por su propio derecho, contra actos del JUEZ TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1969/2017-II que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de garantías de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley en consulta. Lo anterior es así porque la promovente del amparo - parte demandada en el juicio de origen - señala como acto reclamado: ".IV. ACTOS RECLAMADOS De la autoridad ordenadora, de reclama la emisión de la notificación por Boletín Judicial de fecha veintiséis de Noviembre de dos mil quince, ostentándose en el mismo como titular del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado, Morelos. Se reclaman la ilegalidad de la notificación en virtud de que no cumplió con los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles. ." Ahora bien, en el capítulo de antecedentes la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el nueve de noviembre del año en curso fue emplazada por medio de cédula a un incidente de liquidación de suerte principal y, al no conocer el estado procesal que guarda el juicio principal 145/2012-1, el trece de noviembre de dos mil diecisiete acudió ante el Juez responsable y al revisar las actuaciones se percató de que la notificación que se realizó por medio de boletín judicial de veintiséis de noviembre de dos mil quince relativa a la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil quince no se asentó ninguna razón en la que conste que se notificó a la hoy quejosa el contenido de dicha sentencia. Al respecto, los artículos 141 y 142 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos establece: "ARTICULO 141.- Nulidad de notificaciones. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos serán anulables cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique; II.- La notificación o citación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente efectuada, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado sabedora de la resolución notificada; III.- La nulidad de la notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada, en el primer escrito o actuación subsiguiente en que intervenga, a partir de cuando hubiere manifestado conocer la resolución o se infiera que está informado de ella, en caso contrario, se considerará convalidada de pleno derecho; IV.- La nulidad de una notificación establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra; V.- Los Jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes y asentando el fundamento de la repetición ordenada; y, VI.- Sólo por errores u omisiones sustanciales, que hagan no identificables los juicios, podrá solicitarse la nulidad de las notificaciones hechas por el Boletín Judicial." "ARTICULO 142.- Trámite de la nulidad de notificaciones. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse plazo probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento. La resolución que se dicte mandará reponer la notificación, citación o emplazamiento declarado nulo, y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio y conforme a las reglas anteriores. El Juez sancionará con multa, de conformidad con el artículo 73 fracción II de este Código, al o los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad." Conforme a lo anterior, en el caso, se surte de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en atención a que el acto que reclama la promovente tiene forma de reparación, es decir, puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del incidente de nulidad de actuaciones. En consecuencia, la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, constituye un medio de defensa, respecto del cual la impetrante de garantías tiene obligación de agotar en su calidad de parte, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, medio de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Tesis: VI.3o. J/9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 201620 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Agosto de 1996 Pag. 592 Jurisprudencia(Civil) SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACION, DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la jurisprudencia número 195, visible a foja 588 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO", el quejoso previamente a la promoción del juicio de garantías debe hacer valer contra la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el incidente de nulidad de actuaciones. En caso de no hacerlo, el juicio de amparo debe declararse improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Por lo tanto, la demanda de amparo, como ya se dijo, es notoriamente improcedente, puesto que forzosamente y previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte peticionaria de garantías debió agotar ante la autoridad judicial que señala como responsable, el incidente de nulidad de notificaciones para lograr su invalidez, en términos de los artículos 141 y 142 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y no ante la Justicia Federal, porque ello contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Tiene aplicación al caso, la tesis I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Asimismo, tiene aplicación al caso por analogía jurídica, la Jurisprudencia número 2a./J.115/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo X, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Así las cosas, es contundente que la parte peticionaria de garantías, debe agotar el recurso de nulidad de notificaciones previsto en la legislación secundaria antes trascrito, mediante el cual el acto reclamado es susceptible de ser nulificado, y consecuentemente obtener la reparación de los derechos que estima conculcados. En consecuencia, en el caso quedan actualizadas en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XVIII, con relación al diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por ********************, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Como solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Galeana, 25, despacho 1, colonia Guerrero, código postal 62000, Cuernavaca, Morelos, asimismo, se tiene por autorizada para tales efectos a las personas propuestas y, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a los profesionistas designados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.ISA*

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