María Consuelo Villanueva Magdaleno
Expediente 725/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Consuelo Villanueva Magdaleno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en particular la primera parte de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa María Consuelo Villanueva Magdaleno hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución al titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de Michoacán, con sede en esta ciudad, el cuaderno de pruebas consistente en copia certificada del expediente del procedimiento AMF-083/2018; misma que en su momento adjuntó a su respectivo informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron las medidas cautelares solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese tanto el juicio como el original de los cuadernos de suspensión. Así, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DUPLICADO En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos del juicio de amparo número IX-725/2022, promovido por María Consuelo Villanueva Magdaleno contra actos del Auditor Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por María Consuelo Villanueva Magdaleno, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
. V I S T O S los autos del juicio de amparo número IX-725/2022, promovido por María Consuelo Villanueva Magdaleno contra actos del Auditor Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, María Consuelo Villanueva Magdaleno solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Auditor Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, de la que correspondió conocer por cuestión de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número IX-725/2022; se solicitó el informe justificado respectivo a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde; y, por último, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto proveniente de una autoridad de naturaleza administrativa, con sede en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción y competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La notificación practicada el nueve de julio de dos mil veintiuno, relativa a la resolución administrativa dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades número AMF-083/2018. Como consecuencia, el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós y el inicio del procedimiento administrativo de ejecución. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo afirmado por el Ministerio Público de la federación adscrito a este juzgado en su pedimento, del contenido de los informes justificados rendidos por la Presidenta Municipal, Notificador Fiscal, ambos del Ayuntamiento de Tanhuato, Michoacán y el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en representación el Auditor Superior del Estado de Michoacán, se advierte que son ciertos los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la última de las citadas autoridades responsables, documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso, respecto al acto señalado como la notificación de la resolución administrativa practicada el nueve de julio de dos mil veintiuno. Al respecto, el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en representación el Auditor Superior del Estado de Michoacán, señala que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad. En efecto, asiste razón a la citada autoridad ya que dicho numeral alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio consiste en que, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a. El acto reclamado provenga de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c. Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d. Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e. No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior pone de manifiesto que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar el acto reclamado es el que se otorgue dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. De ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Ahora, en virtud de que el acto reclamado consiste en la notificación de la resolución administrativa, es necesario precisar que la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán aplicable al caso concreto, en su artículo 67 establece: "ARTÍCULO 67. Son de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, el Código Fiscal del Estado, el Código Fiscal Municipal, el Código de Procedimientos Civiles del Estado y el Código de Procedimientos Penales del Estado." Asimismo, el Código de Fiscal del Estado de Michoacán, establece el recurso de nulidad de notificaciones en sus artículos 107 a 112, a través del cual se puede declarar nula la notificación que se haya realizado en contravención de las disposiciones legales. En tanto que tales preceptos no refieren limitación alguna sobre la procedencia del recurso relacionada con la fase o tipo de resolución que se pretenda notificar. Medio de impugnación en el que, además, el afectado podrá ofertar toda clase de pruebas (salvo testimonial y confesional de las autoridades); se habrán de examinar todos los agravios; y, en su caso, obtener una resolución que modifique, anule o revoque la notificación impugnada. Tales preceptos dicen: ARTICULO 107. El recurso de nulidad de notificaciones, procederá en contra de las que se hagan en contravención de las disposiciones legales. ARTICULO 108. La interposición del recurso de nulidad de notificaciones, suspenderá los plazos para el ejercicio tanto de las facultades de las autoridades fiscales, como de los derechos de los particulares, hasta en tanto se resuelva el recurso. La declaratoria de nulidad de la notificación, traerá como consecuencia la nulidad de las actuaciones hechas con base en la notificación anulada y que tengan relación con ella. En tanto se resuelve este recurso, quedará en suspenso el término legal para impugnar la resolución de fondo. SECCION TERCERA DEL TRAMITE Y RESOLUCION DE LOS RECURSOS ARTICULO 109. En los recursos administrativos se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso. Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; pero si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad. Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades adquieren convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente esta parte de su resolución. ARTICULO 110. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de cuatro meses, contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. ARTICULO 111. La resolución del recurso, se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución. No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. ARTICULO 112. La resolución que ponga fin al recurso podrá: I. Desecharlo por improcedente; II. Confirmar el acto impugnado; III. Mandar reponer el procedimiento administrativo; IV. Dejar sin efectos el acto impugnado; y V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses. En ese sentido, respecto del acto que ante esta instancia se reclama -notificación de la resolución administrativa- se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, toda vez que la parte quejosa no agotó el medio ordinario previsto en el Código Fiscal del Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización para el Estado de Michoacán, en atención a lo establecido en los numerales ya referidos. Aunado a que de las constancias que obran en autos no se advierte que la quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que el citado precepto de la Ley de Amparo prevé, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa, además, la solicitante del amparo no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte en el procedimiento de origen. Tanto es así que, como lo aceptó y acreditó la propia quejosa, compareció a la audiencia de pruebas y alegatos celebrada en el procedimiento de responsabilidad de origen el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, y ofertó las pruebas que a su interés convino. En virtud de lo anterior está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, por lo cual se encuentra en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Máxime que el recurso de nulidad de notificaciones prevé la suspensión del acto, en este caso la suspensión de los plazos, en tanto que su sola interposición suspende tanto el plazo para que las autoridades ejerciten sus facultades, como el término legal para impugnar la resolución de fondo, lo que implica que la medida se decreta de inmediato, sin que se exijan mayores requisitos para otorgar esa medida cautelar, ni siquiera la exhibición de garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión. Por identidad jurídica esencial, se cita como apoyo la tesis con registro 2008807, que dice: Registro digital: 2008807 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 19/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783 Tipo: Jurisprudencia RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Aunado a lo anterior, no se considera que para la procedencia del citado recurso se requiera de una interpretación adicional, pues para ello basta que la Ley de Fiscalización señalada prevea la supletoriedad del Código Fiscal del Estado de Michoacán, lo anterior porque solo es menester acudir a la supletoriedad de una norma sin realizar una interpretación adicional. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal procede a sobreseer en el juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados al Presidente Municipal y Notificador, ambos del Ayuntamiento de Tanhuato, Michoacán, por no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la notificación reclamada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por María Consuelo Villanueva Magdaleno, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 725/2022 promovido por María Consuelo Villanueva Magdaleno contra actos del Auditor Superior del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: María Francisca Licea Martínez, en su carácter de Presidenta Municipal de Tanhuato, Michoacán. Gerardo Adrián García Castillo, en su carácter de Notificador del H. Ayuntamiento de ese lugar. Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que las autoridades señaladas como responsables y precisadas en los incisos a) y b), acompañaron a su informe diversas documentales. Asimismo, la autoridad restante adjuntó copia certificada del expediente AMF-083/2018, como sustento a su informe justificado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, hizo valer los alegatos que a su parte corresponden, a través del pedimento presentado el once de agosto del año actual. EL JUEZ: Ténganse reproducidas tales alegaciones, con lo cual concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LUIS FELIPE SÁNCHEZ LUNACon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Luis Felipe Sánchez Luna CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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