Maria Consuelo Sanchez Olaya
Expediente 1262/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/09/2022
Partes del expediente
- Maria Consuelo Sanchez Olaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintidós. Intégrese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente sumario. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase mediante oficio que derive del presente, las copias que solicita. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Ahora, quedan a disposición de la parte quejosa los documentos que ofreció como prueba en el presente sumario, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, contados legalmente, bajo a percibimiento que de no hacerlo en el momento procesal correspondiente correrán con la misma suerte que el presente expediente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Intégrese el escrito de la parte quejosa por medio del cual, solicita la devolución de los documentos que adjunto al escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, dígase a la oficiante que una vez que adquiera firmeza procesal el proveído por el cual se desechó la demanda de amparo intentada, se estará en posibilidad de devolver los documentos que refiere, previa solicitud de la parte interesada. ***
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese la razón suscrita por el Actuario judicial, en la cual asentó la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, los proveídos de once y quince de agosto de dos mil veintidós, por los motivos que refiere. En ese tenor, por lo que hace a la notificación del proveído de once de los cursantes, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de estado procesal del expediente se advierte que mediante escrito presentado el doce del mes y año en curso la parte quejosa desahogó la prevención que en dicho auto venia inserta. Por lo que hace a la notificación del auto de quince de los actuales, notifíquesele a la parte quejosa la aludida determinación y las subsecuentes que le resulten de carácter personal, por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado; hasta en tanto, no señale domicilio procesal dentro de la residencia de este órgano Jurisdiccional (Municipio de Toluca), o en su defecto, dentro de la zona conurbada (municipios de Metepec, Zinacantepec, Lerma y Almoloya de Juárez). EN CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO EN LINEAS QUE ANTECEDEN, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA *** EL AUTO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintidós. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Intégrese el escrito de la parte quejosa *** por medio del cual en cumplimiento al auto de once de los actuales manifiesta que el acto reclamado deriva de la petición que realizó el nueve de agosto del año en curso al Delegado Regional del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social en Toluca (autoridad responsable). DESECHAMIENTO. Así, es menester precisar que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8, de la Constitución Federal; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por su parte, de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario En ese sentido, si el gobernado estima que su derecho de petición ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir al juicio de amparo, a efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. No obstante, para instar la acción constitucional, como presupuesto de procedencia el promovente debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle del conocimiento la determinación recaída. En otras palabras, para poder controvertir una omisión por parte de la autoridad responsable es menester que haya trascurrido el plazo que la ley dispone para dar contestación a las peticiones. De este modo, para determinar si una autoridad omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud material y legal de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora, del citado dispositivo constitucional transcrito con antelación, se advierte que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, así como que ésta deba darse a conocer al solicitante. Así, debe decirse que no se advierte que haya transcurrido en exceso, el breve término para producir y hacer del conocimiento de la peticionaria del amparo, la respuesta a su solicitud; toda vez que la autoridad responsable debe analizar el estado que guarda el trámite de escrituración a que hace referencia. En el caso, la parte quejosa manifestó en los antecedentes narrados "bajo protesta de decir verdad" en el libelo de amparo, que elevó su petición ante la autoridad responsable apenas el nueve de agosto de dos mil veintidós, sin que a la fecha haya emitido su respuesta; circunstancia que al realizarse ante esta autoridad judicial, constituye una confesión expresa que se traduce en una prueba plena que en esa data fue cuando hizo su petición; ello, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Motivo por el cual a la fecha de presentación de la demanda (nueve de agosto de dos mil veintidós), transcurrieron sólo dos días hábiles para resolver sobre su solicitud, término que a la óptica de quien esto resuelve, no resulta suficiente para que la responsable emita una respuesta congruente, conforme a la naturaleza de lo solicitado. Por tanto, este Juzgador considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional, hasta ahora, no se actualiza, pues como ya se indicó, aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, dé contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdos recaídos, en razón de que el lapso transcurrido entre la recepción del escrito a la autoridad responsable (nueve de agosto) y la promoción de la demanda de amparo (once de agosto) que se analiza, es apenas de dos días hábiles; de ahí que no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición. Situación, que en esta momento no implica un detrimento en los derechos humanos de la parte quejosa, en virtud que es necesario conceder debida oportunidad a la autoridad a fin de que realice la tramitación correspondiente y con ello dar una respuesta congruente a la petición ante ella presentada; siempre y cuando ello no se aparte de un plazo razonable computado a partir de la fecha de la petición realizada. Ilustra lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario." De ahí que es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8°, constitucional; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. ***
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