María Consuelo Madrigal Razo

Expediente 844/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
844/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • María Consuelo Madrigal Razo

Actuaciones

  1. Principal

    Actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en el que trascribe el proveído dictado en el amparo directo civil, donde dicho órgano colegiado aceptó la competencia declinada a su favor por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes., archívese el presente juicio por tratarse de un asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno.-En tales circunstancias, con fundamento en el artículo que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 13 DE OCTUBRE DE 2021: ".... Vista la demanda de amparo promovida por María Consuelo Madrigal Razo contra actos de la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número 844/2021-VI. De la lectura íntegra a la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca de apelación 409/2021, que culminó con los resolutivos siguientes: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, emitida dentro del proceso ordinario civil número C285/2020, sobre petición de herencia y otras prestaciones, promovido por María Consuelo y Ma. Guadalupe, ambas de apellidos Madrigal Razo, en contra de Juan Madrigal Razo. SEGUNDO.- Se condena a la parte apelante a pagar las costas que se hubiere generado a su contraria por el trámite de la segunda instancia." Ahora, la sentencia impugnada mediante ese recurso, fue la dictada el siete de mayo de este año, por la Juez Segunda Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, en el juicio ordinario civil C285/2020, sobre petición de herencia, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Este Tribunal resultó competente para substanciar y resolver este asunto. SEGUNDO.- La vía ordinaria civil por la que fue tramitado resultó ser la correcta. TERCERO.- Resultó procedente la excepción de prescripción negativa interpuesta por el demandado, de ahí que se le absuelve de las prestaciones que le fueron reclamadas en el presente asunto. CUARTO.- Se condena a las actoras al pago de las costas procesales." El artículo 16 constitucional prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. Resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la competencia de este juzgado para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales es de orden público y, por tanto, preferente. Así, la competencia constitucional de los tribunales colegiados está prevista por el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y [.]." Por otra parte, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: De la Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. [.]." De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:" [.]." [Énfasis añadido] De los artículos transcritos se colige que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo planteada, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclama la resolución de alzada que confirmó la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. De ahí que es competente para conocer de la demanda de amparo un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo expuesto, remítase la demanda de amparo y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito, para que a su vez la remita al órgano colegiado en turno que corresponda, del cual se solicita el acuse de recibo correspondiente y que comunique la determinación procedente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Aries, número 1808, fraccionamiento Valle del Sol en esta ciudad. ...."

  3. Principal

    ista la demanda de amparo promovida por María Consuelo Madrigal Razo contra actos de la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número 844/2021-VI. De la lectura íntegra a la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca de apelación 409/2021, que culminó con los resolutivos siguientes: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, emitida dentro del proceso ordinario civil número C285/2020, sobre petición de herencia y otras prestaciones, promovido por María Consuelo y Ma. Guadalupe, ambas de apellidos Madrigal Razo, en contra de Juan Madrigal Razo. SEGUNDO.- Se condena a la parte apelante a pagar las costas que se hubiere generado a su contraria por el trámite de la segunda instancia." Ahora, la sentencia impugnada mediante ese recurso, fue la dictada el siete de mayo de este año, por la Juez Segunda Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, en el juicio ordinario civil C285/2020, sobre petición de herencia, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Este Tribunal resultó competente para substanciar y resolver este asunto. SEGUNDO.- La vía ordinaria civil por la que fue tramitado resultó ser la correcta. TERCERO.- Resultó procedente la excepción de prescripción negativa interpuesta por el demandado, de ahí que se le absuelve de las prestaciones que le fueron reclamadas en el presente asunto. CUARTO.- Se condena a las actoras al pago de las costas procesales." El artículo 16 constitucional prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. Resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la competencia de este juzgado para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales es de orden público y, por tanto, preferente. Así, la competencia constitucional de los tribunales colegiados está prevista por el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y [.]." Por otra parte, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: De la Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. [.]." De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:" [.]." [Énfasis añadido] De los artículos transcritos se colige que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo planteada, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclama la resolución de alzada que confirmó la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. De ahí que es competente para conocer de la demanda de amparo un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo expuesto, remítase la demanda de amparo y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito, para que a su vez la remita al órgano colegiado en turno que corresponda, del cual se solicita el acuse de recibo correspondiente y que comunique la determinación procedente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Aries, número 1808, fraccionamiento Valle del Sol en esta ciudad.

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