María Consuelo González Ayala
Expediente 1212/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Consuelo González Ayala
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 4. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por María Consuelo González Ayala, por su propio derecho, contra actos de la Juez Tercero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1212/2023. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama: -La resolución interlocutoria emitida el treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, derivado del expediente ejecutivo mercantil 219/2023, del índice del Juez responsable. 2. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los preceptos legales transcritos dispone la improcedencia del amparo, en los casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley; y, el diverso numeral citado, prevé que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues en la fracción V del referido precepto legal, estableció que sólo sería procedente contra aquellos de "imposible reparación", los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo que implica que contra los actos procesales, esto es, que no tienen una ejecución irreparable dado que no lesionan por sí mismos los derechos sustantivos, no es procedente el juicio de amparo, dado que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, e inciden en las posturas jurídicas de los contendientes, a fin de obtener la satisfacción de sus pretensiones en el juicio de que se trate; de modo que, si se obtiene una sentencia favorable, las afectaciones en el procedimiento quedarán superadas por la decisión final. En ese sentido se pronuncia la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, aplicable en vía de orientación, intitulada: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso particular, el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria emitida el treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, derivado del expediente ejecutivo mercantil 219/2023, del índice del Juez responsable. Lo anterior permite advertir que el acto reclamado sólo constituye una afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, pues aun cuando la peticionaria de amparo considere que se afectan, entre otras, las garantías de seguridad jurídica y legalidad, lo cierto es que tal circunstancia no permite concluir válidamente que se afecten derechos sustantivos de la promovente de amparo. De ahí que se considere que, en su caso, el acto reclamado sólo implicaría violaciones procesales reparables en la sentencia que, en su momento, llegue a dictarse en el juicio natural. Máxime, que en caso de que se presente alguna trasgresión a derechos adjetivos, y en caso de que los mismos no se vean superados con un fallo favorable, puede hacerse valer esa circunstancia al impugnar dicha sentencia final. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Se afirma lo anterior, en virtud de que el resultado de la resolución interlocutoria emitido en un incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el cumplimiento, sólo constituye una afectación a derechos adjetivos o meramente procesales y, para el caso de existir violación algún derecho, sólo impactaría en el resultado de la sentencia, pero no implica que por sí misma tal determinación afecte un derecho sustantivo. Es así, porque el acto reclamado tiene efectos intraprocesales, es decir, el pronunciamiento que realiza la autoridad señalada como responsable, sólo entraña la continuación del juicio natural en la etapa procesal en que se encuentre, lo cual no actualiza en automático una afectación material a los derechos sustantivos de la peticionaria de amparo, ya que la trascendencia de aquel acto se materializará, de ser el caso, si el fallo definitivo resultare adverso a los intereses del recurrente, supuesto en el cual, podrá dolerse de la violación procesal conducente, en términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo directo, por violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso, entre otros supuestos, cuando se reclame un incidente de nulidad. Por lo que, existe la posibilidad de que la quejosa pueda obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio ejecutivo mercantil del que deriva la incidencia de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento se encuentra en trámite, por lo cual, si el fallo resulta en favor de los intereses de aquél, quedarán reparadas las posibles violaciones que se cometieron a causa de lo acordado en la interlocutoria combatida. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implica violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen. Por tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 3. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** toda vez que cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Usuario. Como lo pide el quejoso y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el usuario ******************** que proporciona. 5. Correo electrónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténgase bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.UBB
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