María Consuelo García Belman

Expediente 214/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
214/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2017

Partes del expediente

  • María Consuelo García Belman

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital; atento a su contenido y al estado que guardan los autos, devuélvase el original del expediente 214/2017-III, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que ese Tribunal aceptó la competencia planteada; en tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 214/2017-III. Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.) Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las resoluciones que culminan un juicio son aquellas que lo dan por terminado, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda, así como de las constancias que adjuntó a su libelo constitucional, se advierte: 1. Que el once de diciembre de dos mil catorce, el Representante Social ejercitó acción penal en contra de **********, por considerarla probable responsable del delito de daños y lesiones culposas en agravio de **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********. 2. En razón de lo anterior, ante el Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, se instruyó el proceso penal 188/2014, en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Lesiones culposas en agravio de **********, **********, ********** y **********, y de daños culposos en agravio de **********, ********** y **********; por lo que el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia condenatoria en contra **********, lo que constituye en esta instancia el acto reclamado. En tal virtud, como se evidencia de los antecedentes narrados, la resolución reclamada es de aquellas que ponen fin al juicio. Con base en lo anterior, se afirma que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que en el caso concreto la parte quejosa reclama la sentencia condenatoria dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juez Segundo Penal de Partido de esta localidad y, por tanto, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Consecuentemente: a. Este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia; por lo que, con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, se ordena remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Décimo Sexto Circuito, para lo que a bien tenga ordenar. b. Se solicita comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Se ordena formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan José Ruiz López y Diego Gil González, en virtud de contar respectivamente con cédula profesional número 4921001 y 1663885, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a José Alberto Ramírez Bolaños, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 214/2017-III. Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.) Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las resoluciones que culminan un juicio son aquellas que lo dan por terminado, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda, así como de las constancias que adjuntó a su libelo constitucional, se advierte: 1. Que el once de diciembre de dos mil catorce, el Representante Social ejercitó acción penal en contra de **********, por considerarla probable responsable del delito de daños y lesiones culposas en agravio de **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********. 2. En razón de lo anterior, ante el Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, se instruyó el proceso penal 188/2014, en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Lesiones culposas en agravio de **********, **********, ********** y **********, y de daños culposos en agravio de **********, ********** y **********; por lo que el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia condenatoria en contra **********, lo que constituye en esta instancia el acto reclamado. En tal virtud, como se evidencia de los antecedentes narrados, la resolución reclamada es de aquellas que ponen fin al juicio. Con base en lo anterior, se afirma que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que en el caso concreto la parte quejosa reclama la sentencia condenatoria dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juez Segundo Penal de Partido de esta localidad y, por tanto, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Consecuentemente: a. Este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia; por lo que, con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, se ordena remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Décimo Sexto Circuito, para lo que a bien tenga ordenar. b. Se solicita comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Se ordena formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan José Ruiz López y Diego Gil González, en virtud de contar respectivamente con cédula profesional número 4921001 y 1663885, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a José Alberto Ramírez Bolaños, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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