María Concepción Valencia Barajas
Expediente 751/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/03/2023
Partes del expediente
- María Concepción Valencia Barajas
Actuaciones
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Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco. De igual forma, atento a la certificación secretarial de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo en cita, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió; con el apercibimiento que de no hacerlo así, previo a su transferencia al Centro Archivístico Judicial que corresponda, de conformidad con el citado acuerdo, dichos documentos podrán ser remitidos junto con el expediente, para su destrucción.
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Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 74, 75, 76, 77, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 751/2021, promovido por María Concepción Valencia Barajas, contra actos del Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad, por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el considerativo cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y atento a la certificación de cuenta, se advierte que del estado de autos se advierte que en proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado se reservó a acordar lo relativo a la prueba inspección judicial que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda, lo anterior, hasta en tanto obrara el informe justificado de la autoridad responsable, lo que a la fecha ya aconteció. Ahora, tomando en consideración el objeto para el que se ofrece dicha probanza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, procede desechar la inspección judicial referida; lo anterior, en virtud que el numeral 119 de la Ley de Amparo, así como los diversos 79, 81, 85 y 86, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de amparo, establecen, en lo que aquí interesa, que en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas, no es irrestricta sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente resulte conducente para demostrar los hechos esgrimidos, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de amparo. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, quien resuelve no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 119 y 79 respectivos, sino que desde su anuncio, puede y debe desecharla. . . . En ese orden de ideas, si en el caso, el extremo que se pretende acreditar con el referido medio de convicción, no guarda relación con los actos aquí controvertidos los cuales consisten en la omisión de dar contestación a los escritos que presentó el siete, veintitrés y treinta de septiembre del año en curso, ante la autoridad responsable, resulta inconcuso que su ofrecimiento deviene inconducente, lo que justifica su desechamiento, pues es de importancia señalar que lo que la parte quejosa pretende acreditar con la inspección judicial, es la existencia del inmueble ubicado en calle Piñitas, número 12680, fraccionamiento Lomas de la Presa, en esta ciudad, así como que el mismo se encuentra deshabitado y no cuanta con el servicio de agua potable, lo cual no deviene idóneo para demostrar la existencia o inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo cual constituye la Litis aquí planteada. Por ende, resulta ociosa la realización de dicha diligencia, así, ante la falta de idoneidad de la prueba ofrecida, se desecha de plano dicho medio de convicción. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con once minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. En otro orden, agréguese a los autos el escrito que signa la quejosa María Concepción Valencia Barajas; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en virtud que en el presente asunto no se ordenó a la autoridad responsable a efecto de que reconectara el servicio de agua potable. Además que los actos aquí reclamados los hizo consistir en la omisión de dar contestación a los escritos que presentó el siete, veintitrés y treinta de septiembre del año en curso.
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