María Concepción Valdez Arteaga

Expediente 228/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
228/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • María Concepción Valdez Arteaga
  • Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Ciudad.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo del presente asunto, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  2. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho y en representación de su hijo *********, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 228/2022-II, fórmese expediente impreso y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, a la Sala Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, lo siguiente: "De la autoridad responsable le reclamo la inconstitucional resolución de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintidós, publicada el día diecisiete del mes y año en cita." Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido, y 172, fracciones V y XII, de la Ley de Amparo; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte;" (...) Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." Mientras que, el numeral 172, fracciones I y XII, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XVIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, dado que el acto reclamado consistente en la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar 391/2021, formado con motivo de la apelación interpuesta por Diego Alarcón Valdez, por la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, en la cual determinó modificar el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, emitido dentro del expediente 580/2020-III, relativo a la demanda de declaración de interdicción respecto de Diego y Gabriel de apellidos Alarcón Valdez, promovido por María Concepción Valdez Arteaga; y ordenó la reserva respecto a pronunciarse sobre la solicitud de esta (progenitora) a que se le nombrara tutora interina de sus jóvenes hijos, hasta en tanto, fueran llamados a juicio a todos los intervinientes en el mismo, en virtud de que, de las constancias de autos, advirtió que existen intereses opuestos en relación con la sucesión testamentaria a bienes de Carlos Eduardo Alarcón Pérez (progenitor) del apelante, con la finalidad de que dicha tutoría recaiga en la persona más apta para ejercerla, en la inteligencia de que la propia accionante en su escrito de demanda refirió que sólo Gabriel Alarcón Vélez, vive con ella; se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Luego entonces, conforme al referido numeral 107, fracción V de la ley de la materia, los actos de ejecución irreparable únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la tesis siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis LVII/2004, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, Novena Época) Entonces, al combatir la parte quejosa la resolución de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, que modificó el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, emitido dentro del expediente 580/2020-III, relativo a la demanda de declaración de interdicción respecto de Diego y Gabriel de apellidos Alarcón Valdez, promovido por María Concepción Valdez Arteaga; y ordenó la reserva respecto a pronunciarse sobre la solicitud de esta (progenitora) a que se le nombrara tutora interina de sus jóvenes hijos, hasta en tanto, fueran llamados a juicio a todos los intervinientes en el mismo, en virtud de que, de las constancias de autos, advirtió que existen intereses opuestos en relación con la sucesión testamentaria a bienes de Carlos Eduardo Alarcón Pérez (progenitor) del apelante, con la finalidad de que dicha tutoría recaiga en la persona más apta para ejercerla, en la inteligencia de que la propia accionante en su escrito de demanda refirió que sólo Gabriel Alarcón Vélez, vive con ella; su efecto sólo conlleva que se continúe con la tramitación del juicio civil natural, lo cual, de modo alguno coarta el acceso a la justicia, pues con la substanciación del procedimiento se garantiza su seguridad jurídica y la de los jóvenes que se pretende declarar su interdicción; aunado a que el joven Diego Alarcón Valdez, fue quien promovió el recurso de apelación, pues considera que no se le debe declarar en esos términos, de acuerdo a las manifestaciones que hizo en su escrito de agravios, incluso a favor de su hermano Gabriel Alarcón Vélez. Por lo anterior, no existe una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad o el derecho a la salud, ya que de que los efectos que se producen con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), pues pueden desaparecer al obtener una sentencia favorable, dado que con la violación reclamada, por el momento no se está en posibilidad de saber si trascenderá al resultado del fallo, por lo que, en caso de que esta violación procesal sea trascendente para un resultado adverso, podrá reclamarla analógicamente por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por los numerales 171 y 172, fracciones I y XII de la Ley de Amparo, mismos que se transcriben a continuación: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". De ese modo, se obtiene que las consecuencias de la resolución combatida sólo afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, relacionado con la fracción V del artículo 170 (aplicado contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Sin que se inadvierta la manifestación de la parte quejosa respecto a lo antes señalado, y sin que se entre al fondo del asunto, lo cual se transcribe enseguida: ".Es preciso señalar que el acto reclamado es de imposible reparación que afecta derechos sustantivos de mi hijo GABRIEL ALARCÓN VALDEZ y de la suscrita, pues viola en nuestro perjuicio la garantía de audiencia y del debido proceso legal contenidas en cl artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de sus derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una Resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Sin embargo, ello no incide de modo alguno en lo resuelto en párrafos precedentes, pues con la determinación adoptada por la Sala Familiar responsable, no se le coarta su derecho de audiencia, ya que precisamente ese es el fin de la resolución que reclama, respetar dicho derecho de los parientes más cercanos de los jóvenes Diego y Gabriel de apellidos Alarcón Valdez, incluida su señora madre, con el fin de que se cuenten con todos los elementos necesarios para dictar la sentencia definitiva en el juicio de declaración de interdicción.

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