María Concepción Torres Osornio

Expediente 798/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
798/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • María Concepción Torres Osornio
  • Euselia Soledad Rojas González
  • María Concepción Torres Osornio y Otros.
  • Eleuterio Benjamin Torres Osornio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio 415, de veintisiete de junio del año en curso, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial; atento a su contenido, hágase del conocimiento de dicho tribunal lo siguiente: 1. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo con la sentencia de tres anterior, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. 2. El doce de febrero posterior, con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, se ordenó dictar la resolución relativa a dicho cumplimiento. 3. En determinación de treinta de abril de esta anualidad se declaró cumplida la ejecutoria de mérito. 4. Finalmente, en proveído de veintinueve de mayo del año en curso, al haber transcurrido el término a que se refiere el numeral 202, párrafo primero de la ley de la materia, sin que las partes se hubieran inconformado con la misma, se ordenó el archivo del presente asunto. Como se solicita, remítase copia certificada de las constancias que acrediten lo antes precisado.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 100), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 107). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado resolvió conceder a María Concepción Torres Osornio y Eleuterio Benjamín Torres Osornio, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 68): "I. Deje insubsistente la sentencia emitida el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el expediente agrario número 50/2014.- 2. Emita otro en la que reitere: a) La conclusión de desestimar las excepciones de oscuridad y defecto legal de la demanda, falta de legitimación activa y falta de interés jurídico, las cuales fueron opuestas por la demandada en la reconvención.- b) La determinación de declarar la nulidad del contrato de la enajenación de derechos posesorios.- 3. Al pronunciarse sobre el primer (sic) elemento de dicha acción de prescripción positiva, subsane a incongruencia externa en que incurrió y prescinda de considerar que los actores reconvencionales sustentaron la causa generadora de la posesión en el referido contrato de enajenación de derechos posesorios y, en torno a este elemento de la acción, parta de la base de que dichos accionantes ostentan tener la calidad de posesionarios irregulares de las parcelas que pretenden prescribir.- 4. Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda sobre los restantes elementos de la acción de prescripción positiva que se hicieron valer los actores en la reconvención.- 5. Una vez que defina lo conducente sobre dicha acción de prescripción positiva, con libertad de jurisdicción, haga el pronunciamiento que corresponda sobre la solicitud que hizo la actora en el juicio principal de ser reconocida como sucesora preferente de los derechos agrarios del extinto ejidatario, incluso, lo que en derecho proceda sobre la nulidad del contrato de cesión de derechos posesorios." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia reclamada y ordenó emitir una nueva observando los efectos de la ejecutoria de amparo (foja 76). El tres de enero de dos mil diecinueve, dictó una nueva sentencia, en los siguientes términos: 1. Reiteró: a) La conclusión de desestimar las excepciones de oscuridad y defecto legal en la demanda, falta de legitimación activa y falta de interés jurídico, opuestas por la demandada en la reconvención (foja 88). b) La determinación de declarar la nulidad de contrato de enajenación de derechos posesorios (fojas 89 a 92). 2. Respecto al segundo elemento de la acción de prescripción positiva, subsanó la incongruencia externa en la que incurrió, pues prescindió de considerar que los actores reconvencionales sustentaron la causa generadora de la posesión en el contrato de enajenación de derechos; esto es así, pues estableció que, si bien hacen valer la acción de prescripción positiva respecto de tierras formalmente parceladas, lo cual acreditan con los certificados parcelarios 110678 y 110679, que se adminiculan con las constancias de vigencia de derechos exhibidas, lo cierto es que sólo aducen que entraron a ejercer actos posesorios desde hace más de diez años, sin señalar circunstancias de modo o un acto jurídico que les haya dado la creencia que tienen derecho a usufructuar las parcelas, como tampoco la fecha cierta a partir de la cual ha de computarse el término para la prescripción, sin embargo, la testimonial ofrecida de su parte resultó insuficiente para acreditar que han detentado la posesión de las parcelas como titulares de derechos agrarios; esto es, con plenitud de jurisdicción, estimó no acreditado el segundo elemento de la acción, consistente en que el actor acreditó la causa generadora de la posesión. Con la misma libertad de decisión, tampoco tuvo por demostrados el tercero y cuarto de los elementos de la acción, consistentes en forma respectiva a la posesión y prescripción que se ejerce sobre las parcelas 393 Z-3 P-1/1 y 374 Z-3 P-1/1, de ahí que concluyó que la acción de prescripción adquisitiva resultó improcedente, lo mismo que la cancelación de los certificados de derechos parcelarios (fojas 92 a 95). 3. Respecto a la acción que hizo Eusebia Soledad Rojas González, de ser reconocida como sucesora preferente de los derechos agrarios del extinto ejidatario, también con plenitud de jurisdicción, la autoridad responsable le tuvo por acreditada tal calidad, por haber demostrado encontrarse en el supuesto del artículo 18 fracción II de la Ley Agraria, es decir, tener el carácter de concubina del titular de los derechos agrarios; y su reconocimiento como ejidatario dentro del núcleo ejidal denominado San Bartolomé Matlalohcan, Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, por sucesión de Eleuterio Benjamín Torres Osornio (fojas 95 vuelta y 98 frente). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso b) DE LA LEY DE AMPARO.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 100), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 107). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado resolvió conceder a María Concepción Torres Osornio y Eleuterio Benjamín Torres Osornio, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 68): "I. Deje insubsistente la sentencia emitida el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el expediente agrario número 50/2014.- 2. Emita otro en la que reitere: a) La conclusión de desestimar las excepciones de oscuridad y defecto legal de la demanda, falta de legitimación activa y falta de interés jurídico, las cuales fueron opuestas por la demandada en la reconvención.- b) La determinación de declarar la nulidad del contrato de la enajenación de derechos posesorios.- 3. Al pronunciarse sobre el primer (sic) elemento de dicha acción de prescripción positiva, subsane a incongruencia externa en que incurrió y prescinda de considerar que los actores reconvencionales sustentaron la causa generadora de la posesión en el referido contrato de enajenación de derechos posesorios y, en torno a este elemento de la acción, parta de la base de que dichos accionantes ostentan tener la calidad de posesionarios irregulares de las parcelas que pretenden prescribir.- 4. Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda sobre los restantes elementos de la acción de prescripción positiva que se hicieron valer los actores en la reconvención.- 5. Una vez que defina lo conducente sobre dicha acción de prescripción positiva, con libertad de jurisdicción, haga el pronunciamiento que corresponda sobre la solicitud que hizo la actora en el juicio principal de ser reconocida como sucesora preferente de los derechos agrarios del extinto ejidatario, incluso, lo que en derecho proceda sobre la nulidad del contrato de cesión de derechos posesorios." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia reclamada y ordenó emitir una nueva observando los efectos de la ejecutoria de amparo (foja 76). El tres de enero de dos mil diecinueve, dictó una nueva sentencia, en los siguientes términos: 1. Reiteró: a) La conclusión de desestimar las excepciones de oscuridad y defecto legal en la demanda, falta de legitimación activa y falta de interés jurídico, opuestas por la demandada en la reconvención (foja 88). b) La determinación de declarar la nulidad de contrato de enajenación de derechos posesorios (fojas 89 a 92). 2. Respecto al segundo elemento de la acción de prescripción positiva, subsanó la incongruencia externa en la que incurrió, pues prescindió de considerar que los actores reconvencionales sustentaron la causa generadora de la posesión en el contrato de enajenación de derechos; esto es así, pues estableció que, si bien hacen valer la acción de prescripción positiva respecto de tierras formalmente parceladas, lo cual acreditan con los certificados parcelarios 110678 y 110679, que se adminiculan con las constancias de vigencia de derechos exhibidas, lo cierto es que sólo aducen que entraron a ejercer actos posesorios desde hace más de diez años, sin señalar circunstancias de modo o un acto jurídico que les haya dado la creencia que tienen derecho a usufructuar las parcelas, como tampoco la fecha cierta a partir de la cual ha de computarse el término para la prescripción, sin embargo, la testimonial ofrecida de su parte resultó insuficiente para acreditar que han detentado la posesión de las parcelas como titulares de derechos agrarios; esto es, con plenitud de jurisdicción, estimó no acreditado el segundo elemento de la acción, consistente en que el actor acreditó la causa generadora de la posesión. Con la misma libertad de decisión, tampoco tuvo por demostrados el tercero y cuarto de los elementos de la acción, consistentes en forma respectiva a la posesión y prescripción que se ejerce sobre las parcelas 393 Z-3 P-1/1 y 374 Z-3 P-1/1, de ahí que concluyó que la acción de prescripción adquisitiva resultó improcedente, lo mismo que la cancelación de los certificados de derechos parcelarios (fojas 92 a 95). 3. Respecto a la acción que hizo Eusebia Soledad Rojas González, de ser reconocida como sucesora preferente de los derechos agrarios del extinto ejidatario, también con plenitud de jurisdicción, la autoridad responsable le tuvo por acreditada tal calidad, por haber demostrado encontrarse en el supuesto del artículo 18 fracción II de la Ley Agraria, es decir, tener el carácter de concubina del titular de los derechos agrarios; y su reconocimiento como ejidatario dentro del núcleo ejidal denominado San Bartolomé Matlalohcan, Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, por sucesión de Eleuterio Benjamín Torres Osornio (fojas 95 vuelta y 98 frente). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

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