María Concepción Tinajero Dosta

Expediente 832/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
832/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2018

Partes del expediente

  • María Concepción Tinajero Dosta

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 611/2018-VII, de su índice, mismo que fuera radicado en este Juzgado con el diverso número 832/2018-VI; asimismo informa que no insistió en declinar la competencia y se avocó al conocimiento del asunto; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. En esas condiciones, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual este Juzgado no aceptó la competencia declinada, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. DECLINAN COMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo vigente, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que por acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el titular de dicho Órgano Jurisdiccional determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de garantías promovida por *****************, por propio derecho, contra actos del Procurador General de la República y otras autoridades; y, remite el original del juicio de amparo 611/2018-VII, de su índice. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 832/2018-VI. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, respetuosamente no comparte las consideraciones vertidas por el homólogo; y, por ende, no se acepta la competencia declinada. En efecto, a fin de sustentar tal determinación, resulta pertinente destacar que el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, en esencia, bajo los siguientes argumentos: "[.] En las relatadas condiciones, se estima que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, el competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, dicha ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Ahora bien, como se precisó, la promovente reclama el oficio número AIC-CGSP-417-2018, de dos de mayo de dos mil dieciocho, signado por el Coordinador General de Servicios Periciales, Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, por medio del cual se dio inicio al procedimiento administrativo AlC/CGSPHP//PA/010/2018, en contra de la quejosa, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la Republica, en el Estado de México, lugar donde se desempeña y recibe el pago respectivo. Por otro lado, cabe precisar que la promovente manifestó en su escrito aclaratorio, que el lugar de su adscripción se encuentra ubicado en el Estado de México, lugar donde también recibe su pago, esto es, en la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de México. Ante tales premisas, toda vez que el inicio del procedimiento administrativo AlC/CGSP//PA/010/2018 tendrá en su caso perjuicios en el lugar en el que la peticionaria presta sus servicios en el lugar de adscripción y en el que cobrará y en razón de que la voluntad del Constituyente al establecer que la competencia atenderá a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo, es decir, que corresponderá al lugar en que se ejecute el acto reclamado, se advierte que el Juez competente para conocer del presente juicio de amparo, es aquél en cuya jurisdicción se encuentra la adscripción de la quejosa y el pago domiciliado de las prestaciones a favor de la quejosa, pues es éste el lugar en donde se verán reflejados los efectos y consecuencias del procedimiento administrativo que impugna, pues es en dicha Entidad en donde la promovente resentirá su ejecución, por lo que es evidente que en el juicio en que se actúa, la competencia se surte en favor de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. Por todo lo anterior, es evidente que este Juzgado de Distrito CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, POR RAZÓN DE TERRITORIO, PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO. En relatadas condiciones, se reitera que, de conformidad con el artículo 37 de le Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, dicha ejecución a qué se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados, y en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; precepto que es del tenor siguiente: [.] Así, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde la competencia al juzgado del lugar de ejecución del acto reclamado, aun cuando el domicilio de la autoridad responsable se encuentre en la jurisdicción de otro juez. [.] En el caso, es competente para conocer del asunto el juzgado en cuya jurisdicción se pretenda ejecutar el acto reclamado, aun cuando el domicilio de las autoridades responsables se encuentre en la Ciudad de México, toda vez que las responsables ejercerán sus funciones en el lugar de ejecución del acto que se reclama." Al respecto, este Órgano de Control Constitucional no comparte el criterio sustentado por la Autoridad Judicial Federal declinante, en razón de los motivos siguientes: En cuestiones de competencia, para conocer de las demandas de amparo, los Juzgados de Distrito se rigen por las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo, y se caracteriza porque con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera regla deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, de la lectura íntegra de la demanda de garantías que nos ocupa, se advierte que la quejosa ******************, reclama: 1. El oficio AIC-CGSP-417-2018, de dos de mayo de dos mil dieciocho, signado por el Coordinador General de Servicios Periciales, de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, por medio del cual se dio inicio al procedimiento administrativo AIC/CGSP/PA/010/2018, en contra de **************************** mismo en el que se citó a la citada justiciable a efecto de comparecer personalmente a las once horas del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en las oficinas que ocupa la Coordinación General de Servicios Periciales, Dirección Ejecutiva de Supervisión, Control Regional y Asistencia Jurídica, con domicilio en Avenida Río Consulado número 715-721, Colonia Santa María Insurgentes, código postal 06430, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para el verificativo de la audiencia prevista en el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 2. La emisión y publicación del Acuerdo A/100/03, por el que se establecen las normas y evaluación técnico jurídicas, así como lo lineamientos que deberán seguir los servidores públicos adscritos a las Unidades Administrativas de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, para el desempeño de sus funciones; específicamente sus artículos tercero fracción XIII, sexto fracción III, trigésimo cuatro, trigésimo quinto fracción III y trigésimo séptimo. Al respecto, por lo que hace al primero de los actos reclamados identificado con el número 1, se advierte que el mismo sí tiene ejecución material, sin embargo, cabe mencionar que el procedimiento administrativo AIC/CGSP/PA/010/2018, así como la presentación de la aquí quejosa **************************, se materializarán ante la Coordinación General de Servicios Periciales, de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, misma que tiene su residencia en la Ciudad de México, a saber, en Avenida Río Consulado número 715-721, Colonia Santa María Insurgentes, código postal 06430, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Entidad Federativa en donde en su caso se determinará la existencia de la responsabilidad administrativa atribuida a la quejosa en el citado procedimiento administrativo incoado en su contra, derivada del cargo que ostentaba al momento de los hechos como perito en materia de criminalística. No se soslaya lo manifestado por el órgano jurisdiccional declinante, en el sentido de que la quejosa actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la Republica, en el Estado de México, lugar donde se desempeña y recibe el pago respectivo; sin embargo, dicha circunstancia no condiciona la competencia de un Juez de Distrito residente en esta entidad, porque las reglas de la competencia en materia de amparo indirecto, no se rigen por el domicilio donde actualmente se encuentre laborando o en su caso, del lugar donde radique la parte quejosa, porque tomar en cuenta ese hecho sería tanto como dejar al arbitrio de la agraviada la competencia con el solo señalamiento de un domicilio donde quisiera promover. Ante tales circunstancias, de acuerdo a la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, en razón del acto de ejecución referido, este órgano jurisdiccional se ve imposibilitado para aceptar la competencia planteada, pues el acto reclamado tiene ejecución en la Ciudad de México. Finalmente, por lo que hace al acto reclamado identificado con el número 2, se evidencia que se controvierte la constitucionalidad del Acuerdo A/100/03, por el que se establecen las normas y evaluación técnico jurídicas, así como lo lineamientos que deberán seguir los servidores públicos adscritos a las Unidades Administrativas de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, para el desempeño de sus funciones; ordenamiento cuyo ámbito de aplicación correspondería a las entidades federativas donde se encuentran la Procuraduría General de la República y sus diversas Delegaciones Estatales y Unidades Administrativas; por lo que es evidente que no puede estimarse válido que a este Órgano de Control Constitucional corresponda el conocimiento del asunto, pues ello compete al Juez de Distrito que conoció en primer término de la presentación de la demanda que nos ocupa. Además, en respeto al derecho de acceso a la justicia, una interpretación conforme y pro persona, del artículo 37 de la Ley de Amparo, lleva a considerar que la condición de que la agraviada haya presentado su demanda ante la autoridad de amparo con competencia en el territorio relacionado con el asunto (Ciudad de México), permite presumir fundadamente, que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para la justiciable, dado que optó por acudir ante un juez de esa localidad y no al de otro territorio relacionado. Precisado lo anterior, se estima que en el caso a estudio, quien debe conocer de la demanda de garantías promovida por *******************, lo es el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por los motivos antes expuestos. Es aplicable la tesis 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional no acepta la competencia declinada, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena devolver la demanda de amparo promovida por ***********************, por propio derecho, contra actos del Procurador General de la República y otras autoridades, al Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que proceda conforme a derecho corresponda. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, y devuélvanse los autos originales y anexos remitidos al Juzgado de Distrito declinante, para que proceda conforme a derecho corresponda; solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA. Toda vez que la quejosa ******************, tiene su domicilio fuera de la residencia de este Juzgado; con apoyo en lo establecido en los artículos 27, fracción II, de la legislación de la materia, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en cita, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, envíese exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en:  *************************. En busca de la citada impetrante, y le notifique el presente proveído, y de igual modo, la requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al juzgado exhortado para que en el caso de que el domicilio que se proporciona no sea correcto, pero le fuese informado que es uno distinto, practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, siempre y cuando se encuentre dentro de su jurisdicción. AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************************, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en los términos restringidos de dicho numeral a los restantes autorizados, por no estar registradas sus cédulas profesionales en dicho Sistema. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.

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