Maria Concepcion Soriano Guatirojo
Expediente 342/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Concepcion Soriano Guatirojo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se resolvió que la justicia de la unión no ampara ni protege a la parte quejosa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 18, inciso b), penúltimo y último párrafos, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Depurable y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 342/2020, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Por escrito recibido el nueve de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y remitido al día siguiente por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, ***********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: "C. LIC. ******** JUEZA DE DISTRITO ESPECIALIZADA EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS". IV.- ACTO RECLAMADO: Se señala como Acto Reclamado la INDEBIDA E INFUNDADA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA RESPONSABLE, DENTRO DE LA IMPUGNACIÓN No.*********, con motivo de la interposición del medio legal referido en relación con la Carpeta de Investigación número **************, consistente en la confirmación del No Ejercicio de la Acción Penal por cuanto hace al probable ilícito de Usurpación de Funciones" SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Mediante auto de once de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 342/2020; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Previo a analizar la certeza de las leyes y actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, atenta por lineamiento jurisprudencial, al análisis integral de la demanda de garantías. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama. La resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, emitida dentro del medio de impugnación ***********, del índice de la Jueza de Distrito Especializada en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, que confirma el no ejercicio de la acción penal por lo que hace al delito de ejercicio indebido del servicio público previsto en el artículo 214, fracción I, del Código Penal Federal. TERCERO. Existencia de los actos reclamados Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, primero se analizará y determinará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o sin serlo, se actualicen, y finalmente, de ser procedente el juicio, se analizará el fondo del asunto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que además se corrobora de las constancias y CD de audio y video allegados por la Jueza señalada como responsable, de las que se advierte el acto reclamado. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. En el particular caso no se advierte causal de improcedencia que torne improcedente el juicio de amparo, por lo que procede analizar el fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Del audio y video relativo a la audiencia de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: Hechos denunciados expuestos por la asesora jurídica de la víctima El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se recibió la denuncia por escrito presentada por la víctima aquí quejosa, en la que señaló que ***********, en su carácter de Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos, en la audiencia de petición solicitada por la impugnante de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, recibió por parte de dicho servidor público un trato inhumano y que se negó a escuchar sus peticiones en relación a su estado de salud que presenta, que lo que quería era solicitarle que se le diera la debida atención médica. Que con fecha posterior obtuvo una impresión de la página del portal del INAI, la cual exhibió ante la Fiscalía al ratificar su escrito de denuncia, esto el día treinta de enero de enero de dos mil diecinueve, respecto de la cual manifiesta que al ingresar el nombre del servidor público ***********, no se encontró registró que coincidiera con la búsqueda, motivo por el cual denunció esos hechos a la Fiscalía a efecto de que se investigara si efectivamente esa persona tenía el cargo con el que se ostentó, por la posible actualización del delito de usurpación de funciones. La carpeta de investigación se inició el veintiuno de enero de dos mil diecinueve; en esa fecha la Fiscalía inició la investigación por el delito previsto en el artículo 250, fracción II, del Código Penal Federal. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Ministerio Público reclasificó el delito y consideró que se pudiera configurar el delito ejercicio ilícito del servicio público previsto en el artículo 214, fracción I, del Código Penal Federal, delito por el cual se acordó el no ejercicio de la acción penal, lo cual se fundamentó en los artículos 255 y 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Agravios relativos al medio de impugnación En la exposición de agravios, la víctima por conducto de su asesora jurídica, en lo que interesa señaló: No se encuentra debidamente fundada y motivada la determinación de no ejercicio de la acción penal decretada por la Fiscalía, pues a su consideración es errónea la clasificación que realizó la Ministerio Público, toda vez que de los datos de prueba, específicamente de la información proporcionada por la apoderada del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cual informó que el químico ************, sí se encontraba designado por el Consejo Técnico como Titular de la Delegación Morelos, a partir del uno de abril de dos mil dieciocho, por lo que si ya se tenía acreditado tal carácter, no tenía por qué reclasificar el delito, sino más bien, se advertía un diverso ilícito, siendo este el de abuso de autoridad, previsto en el artículo 215, fracción III, del Código Penal Federal, ya que en su denuncia se señaló que fue tratada inhumanamente por el mencionado servidor público; y, Crea incertidumbre las incongruencias en que incurre la Ministerio Público al referirse en su determinación a diversos hechos por los que se dio inició la investigación. Intervención de la Fiscal En uso de la voz la agente del Ministerio Público investigadora, en primer término, expuso las diversas diligencias que realizó a fin de que la aquí quejosa en su calidad de víctima recibiera atención psicológica derivado del evento que denunció. En segundo término, indicó los datos de investigación, de los cuales destacó que la apoderada legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, través del oficio de quince de febrero de dos mil diecinueve, le remitió el memorándum ************ de veinte de marzo de dos mil diecinueve, al que se adjuntó el poder general de ************ de veinte de julio de dos mil dieciocho, pasado ante la fe del Notario Público número uno de la Novena Demarcación del Estado de Morelos, en el que se reconoce a ************* el carácter de Titular de la Delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, dicha apoderada hizo el conocimiento del oficio de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho signado por el Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se expidió el citado nombramiento en favor de **********, a partir del uno de abril de dos mil dieciocho al cumplir los requisitos legales. Que, en atención al requerimiento realizado por esa Fiscalía, la apoderada legal del Instituto Mexicano del Seguro Social le informó que la fecha de vencimiento del citado nombramiento es de siete de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que a la data (diecisiete de agosto de dos mil dieciocho) en que el servidor público en comento atendió a la aquí quejosa, sí tenía vigente tal nombramiento. Finalmente, que con base en esos datos de prueba, se concluyó determinar el no ejercicio de la acción penal con fundamento en el artículo 327, fracción II, y 15 del Código Penal Federal, ya que no se encuentran acreditados la totalidad de los elementos del delito previsto en el artículo 214, fracción I, de la citada codificación, específicamente el segundo de ellos, relativo a que ejerza funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales; pues se acreditó que sí tomó posesión legitima, sí hay un periodo en el que estuvo con poder general, de igual manera, que hubo un nombramiento emitido por un Consejo Técnico donde cumple los requisitos que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Reglamento Interior en el que se establece los requisitos para ser Delegado del ese Instituto. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 255, 327 fracción II y 15 del Código Penal Federal, solicitó que se confirmara el no ejercicio de la acción penal. Uso de la voz por parte de la asesora de la víctima Esencialmente solicitó se revocara la determinación impugnada, por las consideraciones que expuso previamente. Uso de la voz por parte de la Fiscalía La Fiscal investigadora emitió contestación a las alegaciones efectuadas por la asesora jurídica. Finalmente, la Juez cerró el debate con las manifestaciones expuestas por la víctima y con base en los datos de prueba y manifestaciones vertidas por las partes, decidió declarar parcialmente fundados los motivos de agravio expresados por la víctima aquí quejosa, en la parte inherente a que la agente del Ministerio Público no analizó en su totalidad los hechos denunciados, específicamente lo relativo a que la víctima recibió un trato indigno e inhumano por parte del servidor público en cuestión, por lo que al considerar que no se realizaron los actos de investigación necesarios a fin de determinar si se actualizaba el diverso delito de abuso de autoridad, dejó sin efectos la determinación de no ejercicio de la acción penal exclusivamente por los hechos citados, no así por lo que hace al ilícito previsto en el artículo 214 fracción I del Código Penal Federal, esto es, confirmó el no ejercicio de la acción penal. Resolución que constituye el acto reclamado en la parte relativa a la confirmación del no ejercicio de la acción penal. SEXTO. Estudio del acto reclamado. Establecido lo anterior, se tiene que la quejosa formuló en orden distinto pero de manera esencial los siguientes conceptos de violación. a) Se viola en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución, porque el mismo prevé que la víctima tiene derecho a impugnar las determinaciones del Ministerio Público, entre las cuales está la del no ejercicio de la acción penal ante la autoridad judicial competente, lo que implica que esta última tiene obligación de dar el trámite correspondiente; asimismo que, debió emitir resolución debidamente ajustada a derecho, respecto de las disposiciones contenidas en la Ley de la matera en su calidad de víctima. b) Que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución, ya que no fue debidamente escuchada por la responsable en la audiencia. c) Que la autoridad responsable incumplió con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución. d) Que con la determinación de no ejercicio de la acción penal hace nugatorio el acceso a la justicia. Son infundados los conceptos de violación formulados por la accionante de amparo, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, prevista en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; en atención a las siguientes consideraciones. Establecidos los conceptos de violación, es pertinente precisar que, en la especie, el acto reclamado surgió en el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral; que se rige bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Además, se tiene que el acto que se combate en esta vía deriva de una impugnación resuelta contra una resolución dictada en una carpeta de investigación. Al respecto, es importante señalar que una vez iniciada una indagatoria a través de una denuncia o querella de hechos, de acuerdo con el artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público tiene encomendada la función de perseguir los eventuales delitos; esto es, a la representación social corresponde investigar o indagar sobre la posible comisión de los mismos, practicando las diligencias que considere necesarias para acreditar que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y, en su caso, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del mismo, así como para establecer que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, a fin de procurar el inicio del proceso. Entonces, si bien el ejercer acción penal es facultad del Ministerio Público, también lo es que una vez iniciada la indagatoria, la investigación de los hechos puede terminar con la aplicación de un criterio de oportunidad a favor del indiciado, o bien la fiscalía puede abstenerse de investigar, ordenar el archivo temporal o determinar no ejercer acción penal por los hechos denunciados; esto último, cuando de los antecedentes del asunto le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del aludido Código adjetivo. Los referidos dispositivos legales establecen: "Artículo 255. No ejercicio de la acción "Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. "La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. "Artículo 327. Sobreseimiento "El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. "El sobreseimiento procederá cuando: "I. El hecho no se cometió; "II. El hecho cometido no constituye delito; "III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; "IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; "V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; "VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; "VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; "VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; "IX. Muerte del imputado, o "X. En los demás casos en que lo disponga la ley." Sobre el mismo contexto, de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que dentro del aludido sistema penal, el Juez de Control tiene facultad y competencia para ejercer sus atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, como se aprecia del texto constitucional: "Artículo 16. . "Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: "VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por ende, las formas en que el Ministerio Público puede terminar la investigación de los hechos pueden ser impugnadas ante un Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a su notificación; de conformidad con lo previsto en los artículos 133, fracción I, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional "Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: "I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial "Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. "La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De manera que, en el sistema acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, la resolución ministerial relativa a no ejercer acción penal con relación a los hechos denunciados por quien se ostenta como víctima o parte ofendida, es impugnable ante el Juez de Control. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto: "Registro digital: 2017641 Jurisprudencia Materias(s): Penal Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 57, Agosto de 2018 Tomo I Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) Página: 945 "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Cabe añadir que el recurso para impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe desahogarse de conformidad con los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, establecidos en el numeral 20, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que el Juez de Control, primeramente, convocará a una audiencia, escuchará a las partes; luego, cerrará el debate y, finalmente, resolverá lo que corresponda. Además, las facultades del Juez de Control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, se limitan a validar o no las razones del fiscal emitidas en dicha determinación, sin que ello implique una revisión oficiosa, pues por una parte, está limitado por los agravios que exponga la víctima u ofendido del delito y, por otra, está impedido, por regla general, para revisar la carpeta de investigación, pues debe resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente puede consultar los registros de dicha carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre los intervinientes. Sobre esas premisas, como se indicó previamente, deviene infundado el concepto de violación precisado en el apartado a), pues la juez responsable sí fundó y motivó la resolución reclamada, toda vez que de la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Federal de Procedimientos Penales, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veinte (disco compacto), dentro del medio de impugnación ******, derivada de la carpeta de investigación ************, iniciada por la denuncia interpuesta por la parte quejosa en contra de quien resultara responsable, al respecto se determinó: Que fue legalmente correcta la determinación de no ejercicio de la acción penal decretada por parte de la fiscalía, en la parte que interesa, ya que de las constancias que recabó la agente del Ministerio Público específicamente de los informes que le remitió la apoderada del Instituto Mexicano del Seguro Social (las cuales dio por reproducidas en la citada audiencia) advirtió que a la fecha en que fue atendida la víctima aquí quejosa ************* (diecisiete de agosto de dos mil dieciocho) el señor ************ fungía con el carácter de Delegado del mencionado Instituto, ya que se advertía que tenía nombramiento vigente y que fue nombrado así por el Consejo a que se refiere el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y de acuerdo con los artículos de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, su nombramiento era legítimo. Que era correcto que la fiscalía determinara un no ejercicio de la acción penal, pues aun cuando se acredita que es servidor público la persona denunciada, que es el primer aspecto de tipo penal a que se refiere el artículo 214, fracción I, del Código Penal Federal, el segundo no se cumplía, ya que el ejercicio de la función que estaba llevando en su empleo cargo o comisión lo había hecho tomado posesión legitima y satisfacía los requisitos legales, de acuerdo con los informes que recabó la fiscalía (1:11:36 a 1:13:43 del audio y video). Lo anterior se estima acertado, pues como bien lo refirió la autoridad responsable, según se advierte de la audiencia correspondiente, de las constancias que recabó la agente del Ministerio Público específicamente de los informes que le remitió la apoderada del Instituto Mexicano del Seguro Social, se justificó que se llegaba a la convicción que a la fecha en que fue atendida la víctima aquí quejosa ********* (diecisiete de agosto de dos mil dieciocho) el señor ************* fungía con el carácter de Delegado del mencionado Instituto, pues tenía su nombramiento vigente hasta el siete de diciembre de dos mil dieciocho y que tenía las facultades para fungir como tal, porque fue nombrado así por el Consejo a que se refiere el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; dato de prueba que goza de valor probatorio correspondiente, de conformidad con el artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que como lo consideró la Jueza señalada como responsable, es correcto el no ejercicio de la acción penal decretada por la fiscalía, ya que quedó demostrado que el ejercicio de la función que estaba llevando a cabo el señor ************, como Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, era de forma legítima y satisfacía los requisitos legales, por lo que efectivamente no se cumple con el segundo aspecto de tipo penal que exige el artículo 214, fracción I, del Código Penal Federal, relativo a que el servidor público ejerza la función sin haber tomado posesión legitima, o sin satisfacer todos los requisitos legales. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 255 y 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como atinadamente lo señaló la autoridad responsable, los hechos denunciados no constituyen el delito contemplado en el artículo 214 fracción I del Código Penal Federal, relativo al ejercicio indebido del servicio público, de ahí que se estime correcto la confirmación de esa determinación de no ejercicio penal. Toda vez que del análisis de la misma se advierten con claridad los razonamientos que involucran las disposiciones con las que fundó su determinación, esto es, el artículo 265, en relación con el 255 y 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cumpliendo así con la garantía constitucional de fundamentar y motivar el acto reclamado, pues al respecto citó los artículos en que apoyó la determinación de confirmación del no ejercicio de la acción penal y expuso las razones por las cuales concluyó de esa forma, de igual manera, indicó el valor probatorio que merecen los datos de prueba con los que sustentó su relación. Cobra aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, Común, Novena Época, página 143, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Por otra parte, es infundado el concepto de violación formulado por la quejosa cuando argumenta que existe transgresión a lo establecido por el artículo 14 Constitucional, puesto que de las constancias documentales remitidas por la autoridad judicial responsable y reproducida la audiencia celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veinte, a través del disco versátil digital, no se desprende la aplicación retroactiva de alguna ley en su perjuicio; emana de un tribunal previamente establecido y facultado constitucionalmente para emitir el acto, además que se cumplieron las formalidades esenciales que rigen el procedimiento, concretamente el relativo a la impugnación hecha valer contra la resolución ministerial de no ejercicio de la acción penal. Sobre este particular, resulta preciso señalar que a raíz del escrito presentado **********, en el que se impugnó la determinación del no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ************, la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, radicó el mencionado medio de defensa bajo el número ******** y previo a fijar la audiencia respectiva, requirió a la Delegada Estatal de la Fiscalía General de la República para que informara si la victima tiene el carácter de parte en la referida indagatoria y del asesor jurídico. La Ministerio Público dio contestación al requerimiento formulado, e informó que efectivamente la impugnante es parte en la mencionada carpeta de investigación y que se le nombró asesor jurídico. Atento a ello, la Jueza de Distrito, señaló día y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual citó a la víctima recurrente y al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, en atención a la petición de la víctima se designó una nueva asesora jurídica. En dicho acto procesal, la cual se verificó el diecisiete de febrero de dos mil veinte, la Juez responsable individualizó a las partes presentes (fiscal federal, víctima, asesora jurídica y defensor). Posteriormente, el órgano jurisdiccional señaló el objeto de la audiencia, asimismo con anuencia de las partes tuvo por saneados ciertos errores en que incurrió la Fiscalía, concedió el uso de la palabra a la asesora de la víctima, quien refirió que el auto que impugna es la determinación de no ejercicio de la acción penal, narró los antecedentes de investigación dentro de la carpeta ********************, mencionó los actos de investigación que se debieron desahogar y solicitó que se declarada fundada la impugnación. Posteriormente, se concedió el uso de la palabra al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien expuso las consideraciones en las que se sustentó la resolución de no ejercicio de la acción penal; de nueva cuenta se concedió la palabra asesora de víctima y luego a la fiscal, finalmente la víctima del delito realizó diversas manifestaciones. Aunado a lo anterior, es de destacarse que del audio y video que remitió la autoridad responsable, se advierte que la víctima fue escuchada por la Jueza en diversas etapas de la audiencia en comento (16:40 a 23:32; 54:28 a 01:02:25 segunda parte). Hecho lo anterior, la Juez de origen cerró el debate y dictó la resolución que en esta vía se reclama, para lo cual atendió a cada uno de los argumentos planteados en la audiencia. En ese orden, no se advierte que se haya dejado de observar alguna de las formalidades esenciales del procedimiento, pues la responsable dio a la quejosa y al Ministerio Público la intervención en esa audiencia mediante el debate celebrado y emitió su determinación al respecto, de ahí que no existe vulneración al derecho contenido en el artículo 14 Constitucional. Por otro lado, también es infundado el concepto de violación que esgrime la quejosa en el sentido de que la autoridad responsable incumplió con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución; es así, ya que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que no precisa que haya presentado un escrito a la Jueza responsable y que ésta no se lo haya contestado; de ahí que no se transgrede el derecho de petición contemplado en dicho artículo De igual manera, es infundado lo argumentado por la quejosa, en el sentido de que con la determinación de no ejercicio de la acción penal hace nugatorio el acceso a la justicia. Se explica. En principio debe decirse que dicho argumento defensivo se relaciona con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1080/2014, estableció, en lo conducente, que el Máximo Tribunal de Justicia del País ha determinado que la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza al particular el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta contemplada en el sistema jurídico, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos jurisdiccionales permanentemente estatuidos con antelación al conflicto, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución. Por consiguiente, la ley aplicable no deberá imponer límites a esa prerrogativa, aunque sí la previsión de requisitos y formalidades esenciales para el desarrollo del proceso, por lo que las potestades encargadas de la tarea en comento deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción. Es dable establecer que el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, relacionado al principio pro actione, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial; por lo que, al dilucidar los requisitos y formalidades procesales legalmente previstos, se debe tener presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Lo anterior, no implica la eliminación de tales condiciones, ni constituye un presupuesto para pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por el contrario, ajustarse a estas y ponderar los derechos en juego, para que las partes en conflicto tengan la misma oportunidad de defensa, pues la protección de mérito debe entenderse como el mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. En otras palabras, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los asuntos, sometidos al conocimiento de los tribunales no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las condicionantes que corresponde observar para garantizar el acceso a aquéllas. De las anteriores premisas surgió la tesis aislada 1a. CCXCI/2014 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." En ese sentido, como se indicó, contrario a lo aducido por la parte quejosa, sí se dio acceso efectivo a la justicia al estar en condiciones de plantear el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se le dio trámite a su recurso interpuesto contra la determinación de no ejercicio de la acción penal decretada por el Ministerio Público, asimismo, una vez escuchada a la directa quejosa, así como a su asesora jurídica y agente del ministerio público, la Jueza señalada como responsable de manera fundada y motivada decidió confirmar la decisión de la autoridad investigadora, ello atento a los datos de prueba recabados por la fiscalía. En ese sentido, debe decirse que la interposición del medio de defensa en comento no implica necesariamente una resolución favorable, sino que ello depende de la valoración que se haga al material probatorio que obra en la carpeta de investigación. Orienta lo anterior en lo conducente la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en el Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, página 1753, del Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, con número de registro digital 2001299, de rubro y texto: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos". Así, en virtud de que resultaron infundados los conceptos de violación y de que no se advierte deficiencia alguna que deba suplirse de oficio en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que en la especie no observa violación manifiesta de la ley que haya dejado a la parte quejosa en estado de indefensión, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA ni protege a ***********, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la misma. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; catorce de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio que remite vía electrónica con evidencia criptográfica que certifica la firma del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en autos, proporciona el nombre del defensor público, designado para representar los intereses de la persona que le resulta el carácter de imputado en la audiencia a que hace alusión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5°fracción III, inciso d) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Defensor Público Federal ***********, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en razón de haber sido designado para representar los intereses de la persona a quien le llegare a resultar el carácter de imputado; por tanto, emplácesele por conducto del actuario de la adscripción, entregándole copia de la demanda de amparo, auto admisorio, así como del presente proveído, haciéndole saber que se encuentran señaladas las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para la celebración de la audiencia constitucional y, requiriéndole para que, al momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes señale domicilio en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado; en el entendido de que una vez que obre constancia de que el mencionado tercero interesado se encuentra legalmente emplazado, se le tendrá por impuesto de los autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cinco de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, de los que se advierte que de las constancias que remitió la autoridad responsable y de la reproducción del disco dvd que anexó a su informe justificado, se aprecia que si bien es cierto estableció que no se le ha dado el carácter de imputado a alguna persona de manera formal, también lo es que la autoridad responsable determinó citar a la Defensa Pública para que en todo caso represente los intereses de la persona a quien le resultará el carácter de imputada en la investigación inicial y que ya se había visto beneficiada con un no ejercicio de la acción penal, además para que no hubiera alguna violación procedimental. En consecuencia, solicítese a la autoridad responsable que de no existir inconveniente legal alguno, informe a este juzgado federal dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación el nombre del defensor público que fue designado para representar los intereses de la persona a quien le llegare a resultar el carácter de imputado, en la audiencia de diecisiete de febrero del año en curso, dentro del expediente ******* de su índice. Lo anterior, en razón de que adquiere el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5°, fracción III, inciso d) de la Ley de Amparo. A fin de dar margen a lo anterior, y no vulnerar derecho alguno, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan nuevamente para su celebración las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle mediante lista. Notifíquese y cúmplase.
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