Maria Concepcion Muñoz
Expediente 784/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Concepcion Muñoz
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por medio del cual informa que acepta la competencia declinada por éste Juzgado mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso... Por tanto, tomando en consideración que no existen actuaciones pendientes por realizar, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido... Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de la cual deriva el presente asunto, además de que el presente expediente no se considera de relevancia documental; en esas condiciones, se estima que el presente cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
AGREGUESE EL OFICIO SIGNADO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EL TRIBUNAL DE SU ADSCRIPCIÓN, PREVIO A RESOLVER SOBRE LA DEMANDA REQUIRIÓ AL JUZGADO DE PARTIDO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR DIERA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 178 DE LA LEY DE AMPARO...
- Principal
Se estima que este juzgado carece de legal competencia para conocer del presente asunto conforme con lo siguiente: El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]". Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; b) los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan; o, c) se agote el recurso ordinario correspondiente por medio del cual se modifique, revoque o confirme la sentencia de primera instancia. Será entonces la dictada en alzada la que se considere como sentencia definitiva. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que la parte quejosa narra en su demanda de amparo que fue emplazada a juicio, produjo su contestación, y finalmente se dictó la sentencia definitiva aludida de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete que señala como acto reclamado. De ahí que la emisión y ejecución de la sentencia definitiva deben ser impugnados mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un tribunal colegiado de circuito; por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por tanto, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación de incompetencia; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea pertinente verificar en este momento si procedía algún recurso o no contra la sentencia reclamada pues ese es un aspecto vinculado con la procedencia del amparo, y no con el tema de competencia aquí abordado. Sin que proceda proveer sobre la suspensión del acto controvertido pues no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso numeral 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que no pone en peligro la integridad del peticionario, como lo establece el artículo 48, que obliga a pronunciarse sobre la suspensión en declaratorias de incompetencias.
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