María Concepción Montes Ayón
Expediente 1119/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/08/2018
Partes del expediente
- María Concepción Montes Ayón
- Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar en Xalisco, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por Edgar Salvador González Hernández, autorizado de la parte quejosa, y en atención a lo que solicita y visto el estado que guardan los presentes autos; remítase a Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad de Tepic, copia certificada de todo lo actuado dentro del juicio de amparo 1029/2013 en que se actúa, así como original y copia del escrito de agravios; para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda, lo relacionado con el recurso de queja en contra de la resolución de dieciséis de abril del año en curso, interpuesto por el referido autorizado. Ahora, toda vez que el Director de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, no ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en autos, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, informe con las constancias debidamente certificadas, ordenadas y legibles, sobre el cumplimiento que dé a la ejecutoria de amparo pronunciada en autos; apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Igualmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, a fin de que en su calidad de superior jerárquico de la mencionada autoridad responsable, dentro del término de tres días contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, tome las acciones o medidas pertinentes, que conduzca a que la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, de cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo. Apercibidos que de no justificar que realizaron lo anterior, se harán acreedores a un medio de apremio, consistente en una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto mencionado en el párrafo que antecede, además, se le hace de su conocimiento que podrá incurrir en la misma responsabilidad de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días para que la parte quejosa MARÍA CONCEPCIÓN MONTES AYÓN, cumpliera con la obligación impuesta al concedérsele la suspensión definitiva mediante resolución de nueve de julio de dos mil dieciocho, en el sentido de que exhibiera la garantía que se le requirió en dicha interlocutoria, para efectos de garantizar los posibles daños y perjuicios a que se refiere el artículo 132 de la Ley de Amparo, si no se obtiene sentencia favorable en este asunto, sin que hasta el momento lo haya hecho; consecuentemente, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes, motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa en la interlocutoria de referencia, ha dejado de surtir sus efectos. En el entendido de que si a la fecha no se ha ejecutado el acto reclamado, la parte quejosa puede exhibir esa garantía hasta antes de que se ejecute el mismo, pues el hecho que no la haya otorgado, no implica que pierda ese derecho, toda vez que si la quejosa está en aptitud de exhibirla, puede hacerlo, se insiste, hasta antes de que se ejecute el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 544, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS." NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Incidental
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días para que la parte quejosa MARÍA CONCEPCIÓN MONTES AYÓN, cumpliera con la obligación impuesta al concedérsele la suspensión definitiva mediante resolución de nueve de julio de dos mil dieciocho, en el sentido de que exhibiera la garantía que se le requirió en dicha interlocutoria, para efectos de garantizar los posibles daños y perjuicios a que se refiere el artículo 132 de la Ley de Amparo, si no se obtiene sentencia favorable en este asunto, sin que hasta el momento lo haya hecho; consecuentemente, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes, motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa en la interlocutoria de referencia, ha dejado de surtir sus efectos. En el entendido de que si a la fecha no se ha ejecutado el acto reclamado, la parte quejosa puede exhibir esa garantía hasta antes de que se ejecute el mismo, pues el hecho que no la haya otorgado, no implica que pierda ese derecho, toda vez que si la quejosa está en aptitud de exhibirla, puede hacerlo, se insiste, hasta antes de que se ejecute el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 544, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS." NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS. NOTIF.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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