María Concepción Monter Pérez
Expediente 443/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/05/2014
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Concepción Monter Pérez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN TAL VIRTUD DEVUELVASE EL TOCA PENAL 250/2013 A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio 1141, de la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 2369/2014; mediante el cual remite escrito de original en cincuenta fojas, de la demanda de amparo promovida por ***; tres copias de la misma; diverso oficio 1142, con el que la autoridad responsable rinde su informe justificado; y toca penal 250/2013; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo se desprende que señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene tal carácter:__ LOS C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, con domicilio en Carretera México-Pachuca Kilómetro 84.5, Sector Primerio en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.__ IV.- ACTO RECLAMADO:__ De los C.C. Magistrados de la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, reclamo la sentencia de Segunda Instancia dictada en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 1154/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con sede en esta Ciudad Capital, y que dejó insubsistente la resolución de 17 de septiembre de 2013, mediante la cual confirmó la Sentencia Definitiva celebrada el 27 de marzo de 2014, dentro del toca penal número 250/2013.". En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintisiete de marzo de dos mil catorce, dictada en el toca penal 250/2013; sin embargo, por resolución de treinta de abril pasado, el Pleno de este tribunal determinó que con esa resolución no se podía tener por cumplida la ejecutoria de veinte de marzo del presente año, dictada en el amparo directo 1154/2013, del índice de este tribunal federal, y requiriendo de nueva cuenta el cumplimiento; en atención a ello la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo emitió nueva sentencia el seis de mayo del presente año. Siendo esto así, es de estimarse que al quedar sustituida procesalmente la resolución ahora reclamada, sus efectos cesaron al emitirse la últimamente indicada, por lo tanto, es incuestionable que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, razón por la que se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ***, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en estricta observancia a lo dispuesto por el ordinal 179 de la ley de la materia citada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja setenta y uno, del Tomo Sexto, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar el presente proveído, téngase como domicilio y autorizados, los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local. Notificación personal a la parte quejosa.
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