Maria Concepcion Martenes Gonzalez
Expediente 265/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Maria Concepcion Martenes Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hubieran recurrido la sentencia dictada en audiencia constitucional de diecinueve de abril de año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo que fue sobreseído; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
EN ESTA FECHA SE CELEBRA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL:...RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por María Concepción Martenes González, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tampico, Tamaulipas, así como de la Actuaria de su adscripción, en los términos establecidos en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
Visto; agréguense a los autos los oficios de cuenta y, en atención a sus contenidos, ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables oficiantes, con los mismos dese vista a las partes para que, en el plazo de ocho días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés legal convenga, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119, de la ley de la materia, se tiene como pruebas de las aludidas autoridades oficiantes, las documentales que acompaña la junta responsable, misma que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, mediante el cual la quejosa, Nubia Nefertari García Díaz, solicita una prórroga del término de tres días que le fue concedido mediante proveído de siete de marzo en curso, para que presentara ante este Juzgado a su perito propuesto para la aceptación y protesta del cargo, al respecto se provee: Dígasele a la parte quejosa que no ha lugar a concederle la prórroga que solicita, toda vez que el término al que se refiere el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, es fatal, por tratarse de un término expresamente establecido, respecto del cual opera el principio procesal de preclusión. Afirmar lo contrario sería opuesto a los principios de equidad y seguridad jurídica que deben privar los procedimientos judiciales, porque bastaría que por alguna razón no se lograra el desahogo de una prueba a satisfacción de una de las partes para que ésta solicitara la concesión de un nuevo término probatorio, lo que indudablemente se traduciría en otorgarle una ventaja procesal en perjuicio de las partes, de ahí que lo procedente sea negar la prórroga en los términos solicitados por la referida quejosa. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con la que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que presentara ante este Juzgado a su perito propuesto para la aceptación y protesta del cargo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de marzo en curso y en consecuencia se le tiene por precluido su derecho para tal efecto, lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes, lo anterior conforme lo dispuesto en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por lo que, este órgano jurisdiccional procederá al desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía únicamente, por cuanto hace a la ofrecida por la autoridad responsable. En ese contexto, con fundamento en el artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO para que Marco Antonio Soto Hemkes y Gustavo Stringel Luna acudan a este Juzgado Federal a estampar sus respectivas firmas. Por lo anterior, cítese al experto Guillermo Espinoza Núñez -perito ofrecido por la autoridad responsable- así como a las personas mencionadas en el párrafo que antecede para que acudan a este órgano jurisdiccional en la hora y fechas indicadas para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía. Bajo ese panorama, apercíbaseles que de no presentarse en la hora y fechas indicadas, únicamente se tendrá por precluido su derecho para hacerlo y se continuara con la etapa procesal correspondiente. Resta precisar con lo indicado en párrafos que anteceden, que no es el caso de nombrar perito tercero en discordia, habida cuenta que, dada la omisión de la parte quejosa de presentar a su perito, en el caso no existirán peritajes discordantes, como también cierto es que no es el caso de nombrar perito en rebeldía de la impetrante dado que en la Ley de Amparo no existe disposición legal que faculte al juzgador a proceder de esa forma y, sin que con ello se desconozca la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo del contenido de los numerales 119 y 122 de la Ley de Amparo que contemplan el trámite del incidente de objeción de firmas, no se advierten tales figura -perito tercero en discordia/ rebeldía-. Se suma a lo anterior que, al tratarse de un incidente de objeción de firmas es decir de tramitación accesoria al fondo del juicio, el ofrecimiento de pruebas es un derecho de las partes, y no una obligación -carga procesal- cuyo incumplimiento justifique al órgano de allegarse de diverso experto para la resolución del incidente, máxime que de hacerlo se desconocería la naturaleza de la prueba pericial en amparo, al convertirla en colegiada, siendo incongruente con los principios y bases que rigen este medio de control constitucional, de ahí que, en el caso en concreto no se considere oportuno nombrar de oficio a un diverso perito.
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