María Concepción Malacara Villegas
Expediente 758/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Concepción Malacara Villegas
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieran inconformado con el contenido del proveído de diez de enero de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; con fundamento en el precepto legal invocado, se tiene por consentida la mencionada resolución. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes de acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, misma que causó ejecutoria el once de diciembre del mismo año; en consecuencia, este expediente es susceptible de depuración. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, glósese el original del cuaderno incidental a los presentes autos, en el cual, se concedió la medida cautelar solicitada; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en los citados expedientes algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese el duplicado respectivo por separado; con la indicación de que es susceptible de destrucción, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Se ordena glosar copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Juan Gabriel Mireles Molina, autorizado de la parte quejosa; y como lo solicita el promovente con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos a que se refiere en su ocurso de mérito, previo desglose, cotejo y certificación de los mismos, así como razón de recibido que se asiente en autos. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Primero Mercantil de esta Ciudad: ".1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 988/2013, de su índice a partir del proveído de veinte de septiembre de dos mil trece, en que ordenó el emplazamiento por edictos.- - - 2. Reponga el procedimiento a fin de que ordene el emplazamiento de la impetrante, en el cual se deberán observar y verificar las formalidades legales que garanticen la seguridad jurídica de la actuación, a fin de restituir a la agraviada en el goce de las garantías individuales violadas. - - - En la inteligencia de que éste podrá practicarse en el domicilio que al efecto señaló la peticionaria en su demanda de amparo, [.] Finalmente, es importante precisar que en el sumario de origen existe litisconsorcio pasivo entre la quejoso María Concepción Malacara Villegas y el diverso codemandado José Guadalupe Martínez Sanjuanero en cuanto a obligados directos al pago de la suma reclamada; en consecuencia, los efectos de la sentencia de amparo deberán extenderse también al referido codemandado, dejando insubsistente todo lo actuado incluido el emplazamiento que se le practicó, pues este también resulta ilegal por los mismos vicios procesales detectados en el emplazamiento de su codemandada María Concepción Malacara Villegas, que motivaron a otorgar la protección constitucional a ésta última." Por proveído once de diciembre del año próximo pasado, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma (fojas 222 y 223). En cumplimiento a lo anterior, el Juez Primero Mercantil de esta ciudad, mediante oficio 3350/2017, transcribió el auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, del que se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 988/2013, a partir del proveído de veinte de septiembre de dos mil trece, en donde se ordenó el emplazamiento por edictos de la parte quejosa, reponiéndose el procedimiento a fin de ordenar su llamamiento a juicio observando y verificando las formalidades legales, garantizando la seguridad jurídica de tal diligencia, la cual podría practicarse en el domicilio que señaló la impetrante en su libelo constitucional, haciendo extensiva la protección constitucional al diverso codemandado José Guadalupe Martínez Sanjuanero, dejándose insubsistente todo lo actuado, incluido el emplazamiento practicado a éste. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción III del párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Primero Mercantil de esta Ciudad: ".1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 988/2013, de su índice a partir del proveído de veinte de septiembre de dos mil trece, en que ordenó el emplazamiento por edictos.- - - 2. Reponga el procedimiento a fin de que ordene el emplazamiento de la impetrante, en el cual se deberán observar y verificar las formalidades legales que garanticen la seguridad jurídica de la actuación, a fin de restituir a la agraviada en el goce de las garantías individuales violadas. - - - En la inteligencia de que éste podrá practicarse en el domicilio que al efecto señaló la peticionaria en su demanda de amparo, [.] Finalmente, es importante precisar que en el sumario de origen existe litisconsorcio pasivo entre la quejoso María Concepción Malacara Villegas y el diverso codemandado José Guadalupe Martínez Sanjuanero en cuanto a obligados directos al pago de la suma reclamada; en consecuencia, los efectos de la sentencia de amparo deberán extenderse también al referido codemandado, dejando insubsistente todo lo actuado incluido el emplazamiento que se le practicó, pues este también resulta ilegal por los mismos vicios procesales detectados en el emplazamiento de su codemandada María Concepción Malacara Villegas, que motivaron a otorgar la protección constitucional a ésta última." Por proveído once de diciembre del año próximo pasado, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma (fojas 222 y 223). En cumplimiento a lo anterior, el Juez Primero Mercantil de esta ciudad, mediante oficio 3350/2017, transcribió el auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, del que se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 988/2013, a partir del proveído de veinte de septiembre de dos mil trece, en donde se ordenó el emplazamiento por edictos de la parte quejosa, reponiéndose el procedimiento a fin de ordenar su llamamiento a juicio observando y verificando las formalidades legales, garantizando la seguridad jurídica de tal diligencia, la cual podría practicarse en el domicilio que señaló la impetrante en su libelo constitucional, haciendo extensiva la protección constitucional al diverso codemandado José Guadalupe Martínez Sanjuanero, dejándose insubsistente todo lo actuado, incluido el emplazamiento practicado a éste. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción III del párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente."
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