Maria Concepción Magallon Monjarez
Expediente 3/2013 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/05/2015
Partes del expediente
- Maria Concepción Magallon Monjarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de quince de abril de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase
- Principal
notifico por lista a la parte tercero interesada el auto que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 8253 y 8252 (fojas 438 a 458), la autoridad responsable, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Primero de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos de Ensenada, Baja California, de quienes reclamó el auto de formal prisión dictado el once de diciembre de dos mil doce, dentro de la causa penal 318/2012, y la orden de identificación administrativa (ficha signalética), como consecuencia del auto de formal prisión dictado en su contra. Ahora bien, mediante sentencia definitiva firmada el treinta de julio de dos mil catorce, este órgano jurisdiccional negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; sin embargo, mediante ejecutoria pronunciada el veintiséis de febrero de dos mil quince, dentro del amparo en revisión penal 14/2014, el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, determinó revocar la resolución emitida por este órgano judicial, y en su lugar, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la referida ejecutoria, por lo que la autoridad responsable quedó constreñida a cumplir con lo siguiente: "[.] para el efecto que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, con sede en Ensenada, Baja California, proceda de la siguiente manera: 1. Deje sin efectos el auto de formal prisión dictado el once de diciembre de dos mil doce, en la causa penal 318/2012, instaurada en contra de MARÍA CONCEPCIÓN MAGALLÓN MONJARAZ. 2. Dicte en su lugar un nuevo auto de plazo constitucional, en el que, con plenitud de jurisdicción, examine el requisito de procedibilidad (querella) que exige el artículo 231 del Código Penal para el Estado de Baja California, para proceder penalmente por el delito de daño en propiedad ajena previsto en el diverso numeral 227 del código punitivo en cita. 3. De igual manera, de estimar que se satisface el requisito de procedibilidad, con esa misma libertad de jurisdicción, precise de manera individual el valor demostrativo específico que le asiste a cada una de las pruebas que invoque como sustento, tanto para tener por acreditado el cuerpo del delito, como la probable responsabilidad de la indiciada en su comisión, exponiendo las razones por las cuales decidió asignarles tal valor convictivo. 4. Asimismo, con plenitud de jurisdicción, indique con qué pruebas se demuestran de manera individual cada uno de los elementos del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena, previsto y sancionado por el artículo 227 del Código Penal para el Estado de Baja California. 5. Una vez subsanado los anteriores vicios formales, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica de MARÍA CONCEPCIÓN MAGALLÓN MONJARAZ, en relación con el delito materia de la causa penal 318/2012. 6. Por otra parte, en el propio auto cabeza de proceso, en cuanto a la víctima u ofendido realizará lo siguiente: I. Reconocer el carácter de la víctima u ofendido; II. Llamarlo a juicio, a fin de que se le hagan saber los derechos que en su favor confieren tanto la carta magna, como el Código de Procedimientos Penales del Estado y la Ley General de Víctimas, en el domicilio que tenga señalado en autos, a efecto de que este se encuentre en aptitud de hacerlos valer; III. Hacer de su conocimiento que tiene derecho a nombrar un asesor jurídico particular que lo asista y represente, en el entendido que de no querer o no poder contratar un abogado le será proporcionado por el Estado; IV. Acorde a los normativos 96, 97, 102 y 168 de la Ley General de Víctimas, informar su determinación a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la delegación en Baja California de la Comisión Nacional de Víctimas, con domicilio sito en Boulevard Sánchez Taboada esquina O' Gorman, local 101, planta baja, edificio Anda, zona Río, código postal 22320, en Tijuana, Baja California, teléfonos 664-191-5070 y 664-191-5071, extensiones 58000 y 58001; correo electrónico: cav.bajacalifornia@cav.gob.mx, a fin de que se le inscriba en el Sistema Nacional de Víctimas, mediante el Formato Único de Declaración (Solicitud de Incorporación de Víctimas al Registro Federal) que deberá llenar el propio juzgador y remitir vía ordinaria y electrónica a la dirección indicada, el cual puede obtener de la página de internet de la Comisión Nacional de Víctimas http://www.ceav.gob.mx. [.]" Por oficios que constan a fojas (fojas 438 a 458), la autoridad responsable informó que mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil quince, dictado en la causa penal 318/2012 de su índice, dejó insubsistente el auto de formal prisión de once de diciembre de dos mil doce, y en veinticuatro de marzo siguiente, pronunció la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de la cual remitió copia certificada, cuyos puntos resolutivos, son del tenor siguiente: "[.] PRIMERO:- Siendo las 10:25 horas del día de hoy, se decreta AUTO de FORMAL PRISIÓN a la inculpada MARIA CONCEPCION MAGALLON MONJARAZ, como probable responsable del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DOLOSO, del cual la acusa el C. Agente del Ministerio Público, cuyas circunstancias ya quedaron precisadas. SEGUNDO:- Remítase copia certificada de ésta resolución, al C. Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, para los efectos legales conducentes, inclusive para que proceda a identificar a la indiciada por el sistema Administrativo en vigor, según lo estipula el Artículo 279 del Código de Procedimientos Penales. TERCERO:- Hágase saber a las partes que disponen de un término de TRES DÍAS para apelar de esta resolución, conforme a los Artículos 19 y 320 Fracción IV de la Ley Adjetiva Penal; asimismo que SE DECLARA ABIERTA LA INSTRUCCION y de que pueden ofrecer todos los medios de prueba que estimen pertinentes, lo anterior con apoyo en los Artículos 283 Y284 del Código Procesal Penal. CUARTO.- Hágase saber a la ofendida Rosa Catalina Sánchez Atondo el contenido del considerando cuarto de la presente resolución para su conocimiento. QUINTO.- Remítase copia certificada de esta resolución al C. Juez Octavo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, así como al Director del Centro de Reinserción Social, para su conocimiento lo anterior. [.]" En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Lo anterior se evidencia por el hecho de que la juez responsable, en principio, dejó sin efecto el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado el once de diciembre de dos mil doce, dentro de la causa penal 318/2012; luego, con plenitud de jurisdicción emitió la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil quince, de la que se advierte que cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria, pues fundó y motivó su determinación. Así, con apegó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, la autoridad responsable argumentó sólidamente el por qué se acredita el requisito de procedibilidad en relación con el delito de daño en propiedad ajena previsto en el artículo 227 del Código Penal para el Estado de Baja California, hecho lo anterior, analizó y dio valor demostrativo a los medios de convicción, los cuales invocó como sustento para tener por acreditado el cuerpo del delito con la reunión de sus elementos objetivos y normativos, dando seguridad jurídica a la inculpada, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una fundamentación y motivación concreta, circunstancia que aseveró a través de los indicios que obran en la causa penal de origen. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas que constan en la causa penal de origen- a tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito que se le atribuye, y su probable responsabilidad en la comisión del ilícito que se le imputa; máxime que suplió los vicios formales que fueron analizados en la ejecutoria de amparo, al otorgar valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto, lo que dio lugar a pronunciarse con libertad de jurisdicción y resolvió en el sentido de decretar auto de formal prisión en contra de la inculpada María Concepción Magallón Monjaraz, como probable responsable del delito de daño en propiedad ajena doloso. Además en el considerando cuarto de la resolución de veinticuatro de marzo de la presente anualidad, emitida en la causa penal 318/2012 de su índice, reconoció el carácter de ofendida a Rosa Catalina Sánchez Atondo, y ordenó su llamamiento en el domicilio señalado en autos, con el objeto de que haga valer su derechos, haciéndole saber que tiene derecho a nombrar un asesor jurídico particular que la asista y represente, en el entendido que de no querer o no poder contratar un abogado le será proporcionado por el Estado, y finalmente, adujo que una vez que se tenga por cumplida la resolución emitida en acatamiento a la ejecutoria de amparo, lo informaría a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la delegación en Baja California de la Comisión Nacional de Víctimas, al domicilio y teléfonos citados en la referida resolución, a fin de que se le inscriba en el Sistema Nacional de Víctimas, mediante el Formato Único de Declaración. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de al ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de dieciséis de abril de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de quince de abril de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 8253 y 8252 (fojas 438 a 458), la autoridad responsable, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Primero de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos de Ensenada, Baja California, de quienes reclamó el auto de formal prisión dictado el once de diciembre de dos mil doce, dentro de la causa penal 318/2012, y la orden de identificación administrativa (ficha signalética), como consecuencia del auto de formal prisión dictado en su contra. Ahora bien, mediante sentencia definitiva firmada el treinta de julio de dos mil catorce, este órgano jurisdiccional negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; sin embargo, mediante ejecutoria pronunciada el veintiséis de febrero de dos mil quince, dentro del amparo en revisión penal 14/2014, el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, determinó revocar la resolución emitida por este órgano judicial, y en su lugar, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la referida ejecutoria, por lo que la autoridad responsable quedó constreñida a cumplir con lo siguiente: "[.] para el efecto que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, con sede en Ensenada, Baja California, proceda de la siguiente manera: 1. Deje sin efectos el auto de formal prisión dictado el once de diciembre de dos mil doce, en la causa penal 318/2012, instaurada en contra de MARÍA CONCEPCIÓN MAGALLÓN MONJARAZ. 2. Dicte en su lugar un nuevo auto de plazo constitucional, en el que, con plenitud de jurisdicción, examine el requisito de procedibilidad (querella) que exige el artículo 231 del Código Penal para el Estado de Baja California, para proceder penalmente por el delito de daño en propiedad ajena previsto en el diverso numeral 227 del código punitivo en cita. 3. De igual manera, de estimar que se satisface el requisito de procedibilidad, con esa misma libertad de jurisdicción, precise de manera individual el valor demostrativo específico que le asiste a cada una de las pruebas que invoque como sustento, tanto para tener por acreditado el cuerpo del delito, como la probable responsabilidad de la indiciada en su comisión, exponiendo las razones por las cuales decidió asignarles tal valor convictivo. 4. Asimismo, con plenitud de jurisdicción, indique con qué pruebas se demuestran de manera individual cada uno de los elementos del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena, previsto y sancionado por el artículo 227 del Código Penal para el Estado de Baja California. 5. Una vez subsanado los anteriores vicios formales, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica de MARÍA CONCEPCIÓN MAGALLÓN MONJARAZ, en relación con el delito materia de la causa penal 318/2012. 6. Por otra parte, en el propio auto cabeza de proceso, en cuanto a la víctima u ofendido realizará lo siguiente: I. Reconocer el carácter de la víctima u ofendido; II. Llamarlo a juicio, a fin de que se le hagan saber los derechos que en su favor confieren tanto la carta magna, como el Código de Procedimientos Penales del Estado y la Ley General de Víctimas, en el domicilio que tenga señalado en autos, a efecto de que este se encuentre en aptitud de hacerlos valer; III. Hacer de su conocimiento que tiene derecho a nombrar un asesor jurídico particular que lo asista y represente, en el entendido que de no querer o no poder contratar un abogado le será proporcionado por el Estado; IV. Acorde a los normativos 96, 97, 102 y 168 de la Ley General de Víctimas, informar su determinación a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la delegación en Baja California de la Comisión Nacional de Víctimas, con domicilio sito en Boulevard Sánchez Taboada esquina O' Gorman, local 101, planta baja, edificio Anda, zona Río, código postal 22320, en Tijuana, Baja California, teléfonos 664-191-5070 y 664-191-5071, extensiones 58000 y 58001; correo electrónico: cav.bajacalifornia@cav.gob.mx, a fin de que se le inscriba en el Sistema Nacional de Víctimas, mediante el Formato Único de Declaración (Solicitud de Incorporación de Víctimas al Registro Federal) que deberá llenar el propio juzgador y remitir vía ordinaria y electrónica a la dirección indicada, el cual puede obtener de la página de internet de la Comisión Nacional de Víctimas http://www.ceav.gob.mx. [.]" Por oficios que constan a fojas (fojas 438 a 458), la autoridad responsable informó que mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil quince, dictado en la causa penal 318/2012 de su índice, dejó insubsistente el auto de formal prisión de once de diciembre de dos mil doce, y en veinticuatro de marzo siguiente, pronunció la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de la cual remitió copia certificada, cuyos puntos resolutivos, son del tenor siguiente: "[.] PRIMERO:- Siendo las 10:25 horas del día de hoy, se decreta AUTO de FORMAL PRISIÓN a la inculpada MARIA CONCEPCION MAGALLON MONJARAZ, como probable responsable del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DOLOSO, del cual la acusa el C. Agente del Ministerio Público, cuyas circunstancias ya quedaron precisadas. SEGUNDO:- Remítase copia certificada de ésta resolución, al C. Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, para los efectos legales conducentes, inclusive para que proceda a identificar a la indiciada por el sistema Administrativo en vigor, según lo estipula el Artículo 279 del Código de Procedimientos Penales. TERCERO:- Hágase saber a las partes que disponen de un término de TRES DÍAS para apelar de esta resolución, conforme a los Artículos 19 y 320 Fracción IV de la Ley Adjetiva Penal; asimismo que SE DECLARA ABIERTA LA INSTRUCCION y de que pueden ofrecer todos los medios de prueba que estimen pertinentes, lo anterior con apoyo en los Artículos 283 Y284 del Código Procesal Penal. CUARTO.- Hágase saber a la ofendida Rosa Catalina Sánchez Atondo el contenido del considerando cuarto de la presente resolución para su conocimiento. QUINTO.- Remítase copia certificada de esta resolución al C. Juez Octavo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, así como al Director del Centro de Reinserción Social, para su conocimiento lo anterior. [.]" En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Lo anterior se evidencia por el hecho de que la juez responsable, en principio, dejó sin efecto el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado el once de diciembre de dos mil doce, dentro de la causa penal 318/2012; luego, con plenitud de jurisdicción emitió la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil quince, de la que se advierte que cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria, pues fundó y motivó su determinación. Así, con apegó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, la autoridad responsable argumentó sólidamente el por qué se acredita el requisito de procedibilidad en relación con el delito de daño en propiedad ajena previsto en el artículo 227 del Código Penal para el Estado de Baja California, hecho lo anterior, analizó y dio valor demostrativo a los medios de convicción, los cuales invocó como sustento para tener por acreditado el cuerpo del delito con la reunión de sus elementos objetivos y normativos, dando seguridad jurídica a la inculpada, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una fundamentación y motivación concreta, circunstancia que aseveró a través de los indicios que obran en la causa penal de origen. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas que constan en la causa penal de origen- a tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito que se le atribuye, y su probable responsabilidad en la comisión del ilícito que se le imputa; máxime que suplió los vicios formales que fueron analizados en la ejecutoria de amparo, al otorgar valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto, lo que dio lugar a pronunciarse con libertad de jurisdicción y resolvió en el sentido de decretar auto de formal prisión en contra de la inculpada María Concepción Magallón Monjaraz, como probable responsable del delito de daño en propiedad ajena doloso. Además en el considerando cuarto de la resolución de veinticuatro de marzo de la presente anualidad, emitida en la causa penal 318/2012 de su índice, reconoció el carácter de ofendida a Rosa Catalina Sánchez Atondo, y ordenó su llamamiento en el domicilio señalado en autos, con el objeto de que haga valer su derechos, haciéndole saber que tiene derecho a nombrar un asesor jurídico particular que la asista y represente, en el entendido que de no querer o no poder contratar un abogado le será proporcionado por el Estado, y finalmente, adujo que una vez que se tenga por cumplida la resolución emitida en acatamiento a la ejecutoria de amparo, lo informaría a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la delegación en Baja California de la Comisión Nacional de Víctimas, al domicilio y teléfonos citados en la referida resolución, a fin de que se le inscriba en el Sistema Nacional de Víctimas, mediante el Formato Único de Declaración. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Se ordena agregar a los autos los oficios de cuenta, suscritos por la 1. Juez Primero Penal, con residencia en esta ciudad, y anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con los oficios de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese personalmente
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