Maria Concepcion Gaitan Palacios
Expediente 872/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Concepcion Gaitan Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano constitucional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el mencionado término legal de cinco días concedido a la parte promovente, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar debidamente notificada; en tal virtud, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por María Concepción Gaitán Palacios. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE ESTA FECHA, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano constitucional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el mencionado término legal de cinco días concedido a la parte promovente, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar debidamente notificada; en tal virtud, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por María Concepción Gaitán Palacios. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de julio de dos mil veintidós. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve María Concepción Gaitán Palacios, anexos y copias que acompaña, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 872/2022- III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con seis copias del propio ocurso aclaratorio, por corresponder dos para las autoridades designadas como responsables, una para la parte tercero interesada que se señala, dos para el incidente de suspensión que se peticiona y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; cumpla con lo siguiente: ÚNICO: Amplíe los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación. En este sentido, y dado que reclama el emplazamiento llevado a cabo, deberá puntualizar si dentro del expediente de origen se emitió ya sentencia definitiva; la fecha de la emisión, el sentido y la fecha de su respectiva notificación a la ahora parte quejosa. Asimismo, deberá manifestar si en contra de la referida resolución que haya adoptado el juez de origen, se interpuso el medio ordinario de defensa legalmente procedente; y, de ser el caso, la fecha de su interposición, de su resolución y el sentido adoptado en el mismo. En ese sentido, se cita como criterio orientador la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350 del libro 1, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 2013, Décima Época, con registro digital 2005039, que dice lo siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría actualizar la conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] En ese sentido se cita la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del libro 45, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2017, Décima Época, con registro digital 2014917, que dice: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional; la procedencia de la acción de amparo; y, en su caso, los términos en que habrá de dictarse la suspensión del acto reclamado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.1º.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716 del tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Así como la tesis P. VII/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 325 del tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, intitulada: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizada en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a la Licenciada Isabel Georgina Palomo Ortega, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a la persona que señala, por así solicitarlo.
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