María Concepción Espinosa García

Expediente 303/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
303/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • María Concepción Espinosa García
  • Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    En Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Billete de depósito. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en la caja de valores de este juzgado se encuentra el billete de depósito N 639355 expedido a nombre de María Concepción Espinosa García por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), registrado con el número de orden 53/2019, que exhibió la parte quejosa para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada, y continuara surtiendo efectos la suspensión provisional concedida en el presente. En consecuencia, toda vez que en el caso no nos encontramos en el supuesto que señala el artículo 156 de la Ley de Amparo, pues no existe responsabilidad proveniente de dicha garantía, hágase devolución de dicho documento a la quejosa, debidamente endosado a su nombre, previa identificación, razón de recibo y firma que para debida constancia quede en autos. En el entendido que trascurridos dos años contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, sin que se apersone ante este órgano a recibir el billete de depósito cuya devolución se ordena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29, fracción I, y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se decretará prescrita a favor del Erario Federal, la cantidad que ampara dicho certificado.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido al proveído de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 103 a 113), en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo y destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Se ordena devolución de documentos. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérase para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibida que de no hacerlo así, dicho documento serán destruidos junto con el expediente. Devuelve exhorto diligenciado Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, por el que devuelve diligenciado el exhorto 47/2019-VIII, con número de orden 57/2019-VIII, de los del índice de este juzgado por el que se solicitó que en auxilio de este órgano jurisdiccional, se emplazara a juicio a la tercera interesada, Susana Espinosa García en su carácter de albacea provisional, sin que sea necesario el acuse respectivo en razón de que el propio sistema electrónico lo genera; en virtud que en proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 103 a 113), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, dese de baja el exhorto de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.

  3. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Se decreta que deja de surtir efectos suspensión definitiva. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que la quejosa no dio cumplimiento a lo ordenado en la interlocutoria de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 70 a 75); esto es, exhibir garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada a la quejosa mediante interlocutoria de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 70 a 75); por tanto, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1117, Material Común, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto literalmente dicen: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE DEJAR SIN EFECTOS LA, POR NO HABERSE OTORGADO LA FIANZA. De acuerdo con el artículo 139 de la Ley de Amparo, el auto en que un Juez de Distrito concede la suspensión definitiva de los actos reclamados, surte efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero deja de surtirlos, si el agraviado no llena dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; y no por el hecho de dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, los Jueces de Distrito deben revocar el auto de suspensión, pues únicamente están facultados para comunicar a las autoridades responsables, haber declarado sin efecto la suspensión. Si fuera legal que los Jueces de Distrito tuvieran por revocada la suspensión, no podría la parte quejosa como lo sostiene la jurisprudencia relativa, otorgar su fianza en cualquier momento, siempre que existan actos que suspender, y en tal caso, comenzará a surtir efectos la suspensión, desde la fecha en que se otorga la garantía correspondiente. La tesis sobre que la suspensión debe tenerse por revocada, no puede fundarse en la segunda parte del citado artículo, puesto que prevé un caso distinto, o sea, cuando negada la suspensión por el Juez de Distrito, sea revocada en grado la suspensión por la Suprema Corte; para este caso, expresamente determina que concedida la suspensión por la Corte, los efectos de aquélla se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita. La revocación del auto de suspensión, por virtud de la revisión interpuesta, produce consecuencias distintas según se haya concedido o negado la suspensión. En el primer caso, revocada la suspensión por la Corte, se remueve el obstáculo que la autoridad responsable tenía para ejecutar el acto reclamado; lo cual no significa que queda obligada a esa ejecución, pues la ejecutoria de la Corte no puede producir más efectos que el de dejar expeditas las facultades de aquella autoridad que, por virtud de la suspensión concedida, habían estado restringidas. Si la suspensión ha sido negada y la Corte revoca el auto del Juez de Distrito y la concede, el efecto de la revocación será el de volver las cosas al estado que tenían antes de la fecha del auto revocado; de otro modo la ejecutoria de la Corte retrotraería sus efectos a la fecha en que se pronunció el auto del Juez de Distrito que negó la suspensión. No existe, pues, razón alguna para concluir que dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, equivalga a revocar la propia suspensión, y, por ende, a que las cosas deban retrotraerse al estado que guardaban al momento en que fue concedida la provisional; pues, como se dijo, la retrotracción sólo tiene lugar en el caso del párrafo II del artículo 139 de la Ley de Amparo." En el entendido de que la parte disconforme está en aptitud de exhibir la garantía exigida en el presente incidente de suspensión mientras no se ejecute el acto reclamado y no cause ejecutoria la sentencia dictada en el expediente principal.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Se agrega informe justificado Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, en virtud que en proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 103 a 113), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, en cuanto hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en términos del artículo 28, fracción II, de la citada Ley, éstas se harán en el domicilio de sus oficinas principales, asimismo de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, ténganse a dicha autoridad designando como delegado a la persona que indica.

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